Jorge Espinosa
23 Junio 2024 03:06 am

Jorge Espinosa

Los líos con la compra de tierras

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Cecilia López Montaño le advirtió al presidente Gustavo Petro, días antes de que la sacaran del gabinete como ministra de agricultura, que la compra de tierras no andaba bien. Le dijo, en un golpe de realidad que no debió gustarle al presidente, que pensar en entregar 3 millones de hectáreas era imposible, y que, si lograban la mitad de eso, 1 millón y medio, sería casi un milagro. Luego le explicó, con la calma de una profesora sabia y bien entrenada, que una reforma agraria no es comprar tierra, es distribuirla y armar proyectos productivos. Luego, cuando el presidente le reclamó por la lentitud del proceso, la doctora López le dijo: va lento porque Fedegan sí está ofreciendo tierras, pero en los “llanos orientales y en otras zonas del país, cuando la demanda está en la región caribe”. 

En medio de todo esto, la ahora exministra le entregó al presidente Petro unos mapas que demostraban cómo la demanda de tierras de campesinos estaba concentrada en el caribe, así como las mejores tierras por su gran potencial productivo. El acuerdo, con el que el presidente Petro estuvo de acuerdo, era que la reforma agraria debía comenzar allí. Por eso, antes de que la botaran, a la doctora López le extrañó que Gerardo Vega, entonces director de la Agencia de Tierras, estuviera dedicado a comprar tierras fuera de la región Caribe. Esta semana, con el informe de la procuraduría que advierte que están en riesgo 136 mil millones de pesos por compras de tierras improductivas, además de avalúos innecesarios, comienzan a concretarse las advertencias de la exministra López. 

Pero no me detendré en el extenso informe de la procuraduría —tiene más de 100 páginas— sino en otros episodios de los últimos días. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, anunció una movilización nacional el 7 de julio por los incumplimientos en la entrega de tierras. En el Meta, la Agencia de Tierras bajo la administración de Gerardo Vega compró un predio de 13 mil 400 hectáreas, “Los Cachorros”, y en un acto el 19 de enero de este año se lo prometieron a 125 familias campesinas de la ANUC. Seis meses después, los campesinos no han podido ocupar ese predio. Días después de la promesa a la comunidad campesinas y a la compra del predio, Vega se fue de la Agencia de Tierras. Llegó en su reemplazo el ex alcalde de Villavicencio Felipe Harman. El 15 de mayo, en un hecho extraño, la Agencia de Tierras denunció ante la fiscalía un posible prevaricato por omisión en la adquisición de Los Cachorros. Es decir, se denunció a sí misma. 

Lo extraño es que la Agencia de Tierras, cuando estaba Vega, fue la que compró ese predio de 38 mil millones de pesos. Se hizo en un contrato de compraventa a través de escritura pública No 0219 el 30 de enero de 2024. Un primer pago, según dice la denuncia, se hizo ese mismo día por un valor de 11 mil 602 millones de pesos. No solo eso. En el documento judicial, se establece que el denunciado es “Personas Indeterminadas”. Eso es absurdo. En la Agencia de Tierras es claro qué funcionarios fueron los responsables de adquirir este predio, cuya compra está ahora cuestionando la misma entidad. Las compras de predios las hace la Dirección de Acceso a Tierras, que debe identificar y evaluar predios que pueden ser adquiridos para beneficiar a comunidades rurales y campesinas, gestionar la compra de tierras mediante procesos de negociación directa o expropiación. Y las razones, según la nueva administración de la Agencia de Tierras, para interponer esta denuncia contra los “indeterminados”, también son muy preocupantes. 

Dice la Agencia de Tierras que hay un informe técnico preliminar que indica que el predio tenía restricciones legales y ambientales, que se identificaron áreas de humedal en el 34.01% del predio y que las rondas hídricas, consideradas áreas improductivas, no se descontaron en el avalúo. En el proceso de Compra no se consideraron debidamente las restricciones y condiciones del predio, y faltaron los formatos de intención voluntaria de compra. Es decir, ese predio nunca debió comprarse, y la Agencia de Tierras, que lo hizo a pesar de todo, ahora cree que no se puede entregar a las familias campesinas a las que, además, les dieron una llave simbólica de la tierra. 

Teresa Alvarado, representante de ANUC en el Meta, me dijo que se sienten revictimizados por el gobierno, y que no les han explicado cuál es el problema con la tierra. Añadió: “La agencia no puede andar prometiendo tierras que luego no puede entregar”. La pregunta obvia es cuántos otros predios que no sirven compró la Agencia de Tierras con plata pública, y a cuántos otros campesinos les han prometido, con grandes anuncios, tierras que son inservibles para una verdadera reforma agraria con proyectos productivos. 
 

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