Política de bosques y gobernabilidad. Integrales antes que facilistas

La tendencia a minimizar el tema de la deforestación nos lleva a evaluar de manera errada los resultados en la variación de la cifra anual de este fenómeno. Este año, recibimos por primera vez y de manera pública, los resultados del año anterior y del primer trimestre, evidenciando un contraste que expresa alta inestabilidad en la tendencia general del proceso. La deforestación, impulsada por diferentes motores, puede reaccionar frente a alguno de ellos (como lo fue en 2022 y 2023 con el papel que tuvo EMC), pero requiere de estar acompañada por un cambio en otros factores que tienen un alto peso relativo en el comportamiento del fenómeno. La ventana de oportunidad del descenso de 2023, y la alarma de crecimiento en principios de 2024, debe ser utilizada, para fortalecer una política integral y de Estado, para recuperar los bosques y la gobernabilidad de largo plazo para el país.

Como lo he señalado anteriormente, la apropiación de tierras públicas y su consolidación a través de un negocio ganadero, que se nutre de recursos financieros de diversa índole, ya sea desde las economías ilícitas o en las complementadas con recursos públicos derivados estímulos perversos (expansión vial no planificada, fomento ganadero en áreas forestales, sustitución de coca sin criterio de ordenamiento, etcétera). En este sentido, se están madurando diferentes iniciativas que requieren con urgencia su implementación territorial, dándoles prioridad a los territorios periféricos, de frontera agropecuaria en el borde de deforestación, empezando por la estabilización poblacional en esa zona, y para ello, la sincronía y sinergia entre Ministerio de Ambiente y Agricultura, es indispensable. Celebro los pasos dados en este sentido por las ministras, y su convocatoria a una política de Estado integral con otras agencias, y el respaldo presidencial.

El campesinado requiere ser atendido en sus derechos territoriales, con las diferentes opciones hoy disponibles: la titulación individual y reservas campesinas en zonas sustraídas; las reservas campesinas sin sustracción, los derechos individuales en reserva forestal, y las concesiones forestales campesinas. Este abanico de opciones permite atender áreas que con y sin deforestación previa, pueden entrar de manera inmediata en las políticas de manejo y desarrollo forestal sostenible, así como de restauración y de pagos por conservación que sumen los recursos financieros de Gobierno nacional y cooperación internacional. Este proceso, debe además, estar articulado de manera paralela, a la mesa de negociación con EMC que se encuentra en diálogo con el Gobierno, y donde el capítulo de Transformaciones Territoriales, incluye específicamente, este tema. Recuperar la confianza de la población y de los grupos que desean transitar a la paz, debe ser la apuesta del reconocimiento de derechos territoriales.