Los pueblos indígenas están pidiendo que la solidaridad nacional también los incluya a ellos. En algunas zonas, llevar una ayuda hasta una comunidad implica desplazamientos durante varias horas por río o por caminos comunitarios. Conozca cómo ayudar en Quibdó, Pereira, Buenaventura, Cali y varios resguardos indígenas.
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los damnificados y anunció que irá a Pereira. El sismo dejó daños materiales en Manizales, Cali, Pereira y Quibdó. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, pidió apoyo a Bogotá para rescatar personas que estarían atrapadas en 19 edificaciones colapsadas.
María Gaitán Valencia, directora saliente del Centro Nacional de Memoria Histórica, hace un balance en CAMBIO: dice que la obra del Museo de la Memoria nunca fue un elefante blanco y que dejó recursos amarrados para 2027. Además, le pide al presidente Abelardo de la Espriella que escuche a la diferencia. "Este país no aguanta más violencia”, dice.
Dos años completos pasaron desde que la reforma pensional entró en estudio en la Corte Constitucional y, luego de múltiples tensiones políticas y vicios en el Congreso, el veredicto final ya no se dará en el Gobierno de Gustavo Petro, su promotor.
La magistrada de la JEP Julieta Lemaitre explica en CAMBIO la imputación a 27 exintegrantes de las Farc por algunos de los peores crímenes de la antigua guerrilla: las tomas de Mitú y Miraflores, el atentado al club El Nogal y otros ataques emblemáticos. "Es la guerra, guerra", dice, sobre el control que ejercía la guerrilla en regiones donde actuaba como si fuera la ley.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 27 exintegrantes de las Farc por graves crímenes, entre los cuales está el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, que fue admitido por los antiguos máximos comandantes de esa guerrilla en 2020, generando una amplia discusión con la familia del líder conservador. ¿Qué llevó a la JEP a decir que al menos dos sicarios sí eran de las Farc? Le contamos.
En el macrocaso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las Farc en el marco del conflicto, la Jurisdicción Especial para la Paz dictó una ‘mega imputación’ en contra de 27 exguerrilleros que abarca hechos en todo el país, como masacres de concejales, asesinatos de profesores, la masacre de la familia Turbay Cote o el atentado con ‘rockets’ en la posesión de Álvaro Uribe en 2002. También hay hechos de violencia sexual.
Las familias de Pedro Movilla y Jaime Garzón recibieron los primeros archivos de inteligencia que el Gobierno desclasificó: una decisión histórica que le apuesta a la búsqueda de la verdad. ¿Qué dice el primer memo del DAS que se hizo público? CAMBIO se adentró en el proceso de identificación de los archivos desclasificados por Gustavo Petro, una labor titánica sobre 57.000 cajas de información. Francisco Flórez, director del Archivo General, le pide al gobierno de Abelardo de la Espriella fortalecer el proceso y a la entidad: “Hay que pluralizar la memoria, no imponerla”.
El 25 de abril de 1956, durante el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, hubo tres hechos violentos en corregimientos tolimenses. 70 años después, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas encontró los restos óseos de cuatro víctimas.
El mayor (r) del Ejército Daladier Rivera Jácome estaba preso antes de acogerse a la JEP. Decidió contar la verdad detrás de las ejecuciones extrajudiciales y pedirles perdón a las víctimas. Hace un año fue víctima de un atentado en Cúcuta y hoy le pide al presidente electo.. Abelardo de la Espriella. que no les cambie las reglas de juego. “Hay muchos militares que todavía no han contado su verdad”, dice.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, además, ordenó que se incluyeran varias pruebas en el juicio que enfrentan ambos excongresistas relacionadas con la información financiera del prestamista Pedro José Castro. Detalles.
La decisión de la magistrada Cristina Lombana de detener a Martha Peralta en junio pasado es objeto de una ardua discusión en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
En diálogo con CAMBIO, Rodrigo Londoño Echeverri, excomandante de la antigua guerrilla de las Farc, reflexiona sobre el discurso de Abelardo de la Espriella contra la JEP y el acuerdo de paz. Reconoce errores como partido político y le hace una crítica al Gobierno de Gustavo Petro por la Paz Total. “Se dejó en un segundo plano la implementación del acuerdo”, dice.
La exprocuradora delegada Paula Ramírez ocupará la plaza que dejó el magistrado Ariel Torres en la Sala de Primera Instancia que, desde octubre, será integrada solo por mujeres. El caso contra Álvaro Prada será uno de los primeros a su cargo.
La exsenadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico, planteó un debate jurídico a la Corte Constitucional: dice que el Congreso incurrió en múltiples omisiones al aprobar una ley en 2023 que fija reglas para adquirir y recuperar la nacionalidad colombiana y que fija restricciones para cargos públicos a personas naturalizadas, sin hacer pronunciamiento alguno sobre el cargo de la Presidencia.
Tras revisar los reparos de la defensa del excongresista, la Sala de Instrucción ratificó su llamado a juicio. CAMBIO conoció el documento completo que apunta a que Arturo Char fue una de las cabezas de un entramado ilegal de compra de votos. Detalles.
Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, le envía tres mensajes al presidente electo, Abelardo de la Espriella: cumplir el Acuerdo de Paz no es opcional, hay que cesar la estigmatización de los firmantes y continuar con el camino ya trazado para la reincorporación. Entrevista exclusiva.
Aunque en 2013 la UP recuperó su personería por fallo judicial, el Consejo de Estado acaba de determinar que el partido fue objeto de una decisión arbitraria e injusta, por lo que ordenó dar excusas. La UP buscaba una reparación económica que no fue concedida.
El 'memorándum' que creó la zona binacional debe surtir el trámite previsto para los tratados internacionales y, dijo la Corte, hasta que esto no suceda, "no tiene efectos en el ordenamiento interno colombiano".
