Mientras el Congreso y el Gobierno están dedicados al trámite de dos reformas, la laboral y la de salud, que en el mejor de los casos solo contribuyen de manera marginal al cambio social que necesita el país, no ha empezado todavía el debate público de la ley que debe producir la transformación más radical del Estado colombiano desde la Constitución de 1991. Es la Ley de Competencias, que debe desarrollar la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que se aprobó con el Acto Legislativo (A.L.) 03 de 2024.
Este A.L. solo es el punto de partida para profundizar la autonomía territorial. La Ley de Competencias es tan importante, que los recursos del SGP para las regiones solo se empezaran a incrementar un año después de que se haya promulgado. No es una tarea fácil porque, como decía, implica un cambio de fondo de la estructura del Estado, en el que aumentar a 39,5 por ciento de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) los recursos que se van dar a las regiones es solo una pieza de un complejo rompecabezas, del cual solo se enunciaron los títulos en el A.L., y deben ser definidos en la Ley.
Un juego de suma cero
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