El árbitro sí importa

En la política hay una tentación bastante común que, en tiempos electorales, se hace mucho más visible: asumir que las instituciones funcionan bien cuando toman decisiones que coinciden con nuestras expectativas, y que dejan de ser confiables cuando esas decisiones no nos gustan o nos incomodan.

No es un fenómeno exclusivamente colombiano. Ocurre en muchas democracias, sobre todo en épocas de polarización intensa, cuando la política ya no se vive ni se practica como una competencia regulada, sino que se asume como una confrontación emocional en la que cada actor interpreta las reglas según su conveniencia. El problema es que una democracia que entra en esa lógica empieza a debilitar uno de sus soportes más importantes: la confianza en sus árbitros.

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Las elecciones no funcionan simplemente porque millones de ciudadanos salgan a votar. Funcionan porque existe un conjunto de reglas aceptadas, procedimientos verificables e instituciones con autoridad suficiente para hacerlas cumplir. Eso es, en esencia, lo que hace una autoridad electoral.

La metáfora deportiva —a pocos días del Mundial de fútbol— tal vez ayuda a entenderlo mejor. Un partido puede tener jugadores geniales, tribunas repletas de hinchas apasionados y una enorme carga emocional en el ambiente. Pero todo eso, sin árbitro, dejaría de ser la competencia que todos queremos. Sería algo muy distinto. En la política ocurre algo parecido, con la diferencia de que aquí lo que está en juego no es el marcador de un partido, sino la legitimidad del sistema democrático.

Por eso es tan importante recordar cómo está construida la arquitectura electoral colombiana. A diferencia de lo que muchos suponen, el árbitro electoral no depende del gobierno de turno. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría hacen parte de una organización electoral con plena autonomía a todas las ramas del poder público, por mandato constitucional, precisamente porque una democracia necesita que quienes vigilan el proceso no estén subordinados a quienes compiten por el poder, especialmente cuando quienes gobiernan no exhiben una vocación de imparcialidad muy evidente.

Ese diseño institucional no convierte a las autoridades electorales en organismos perfectos ni inmunes a la crítica. Ninguna institución seria debería aspirar a eso. La confianza no se logra con decretos; se construye con acciones, y el escrutinio ciudadano forma parte natural de esa construcción. Lo que resulta peligroso es otra cosa: convertir el desgaste deliberado de esas instituciones en una estrategia política, como si la legitimidad del árbitro dependiera exclusivamente de si sus decisiones favorecen o no a determinado sector.

La experiencia internacional ofrece ejemplos bastante claros de lo que ocurre cuando esa erosión se vuelve estructural. Estados Unidos, que durante décadas proyectó una imagen de solidez institucional difícil de cuestionar, terminó viviendo una crisis política severa tras las elecciones de 2020. No porque se hubiera probado la existencia de un fraude estructural, sino porque una narrativa de trampa y engaño logró instalarse con la fuerza suficiente para deteriorar la confianza de millones de ciudadanos en el propio sistema. Brasil atravesó tensiones similares cuando, desde el poder, se sembraron dudas anticipadas sobre la confiabilidad electoral. Perú también ha vivido episodios en los que el cuestionamiento a los resultados terminó amplificando fracturas políticas ya existentes y una profunda inestabilidad de gobierno.

Los contextos son distintos y no conviene forzar equivalencias fáciles, pero la lección general es clara: cuando el árbitro pierde autoridad, el conflicto deja de tramitarse dentro de las reglas y se convierte en una disputa contra el propio código de acuerdos de la sociedad.

En Colombia nos concentramos mucho más en la superficie de las campañas que en la infraestructura institucional que sostiene la competencia democrática. Hablamos de candidatos, encuestas, alianzas, errores de campaña o escándalos coyunturales, pero poco de los mecanismos concretos que permiten que el proceso tenga credibilidad, incluso cuando los resultados son estrechos o políticamente sensibles. Y esos mecanismos son fundamentales para el país.

Es necesario que existan procedimientos de escrutinio verificables y testigos electorales capacitados para cumplir su papel. Importa que las controversias puedan tramitarse dentro de canales institucionales conocidos, y no a punta de sospechas, ruido político o denuncias en redes sociales. Por eso resulta clave que haya esfuerzos deliberados para fortalecer esa confianza ciudadana antes de que llegue el día de la votación.

Esa comunicación rara vez genera entusiasmo en la conversación digital, pero es precisamente la que sostiene la legitimidad cuando el ambiente lo exige, ya sea por la polarización o por la inminencia de resultados ajustados.

Vale la pena, además, poner el caso colombiano en perspectiva regional. En América Latina —donde no faltan ejemplos de deterioro institucional, según el Índice de Observación Electoral de Transparencia Electoral— Colombia aparece junto a democracias como Costa Rica y Ecuador entre los sistemas que mantienen estándares robustos de observación electoral. Ese dato no invita a la autocomplacencia ni proclama la perfección. Lo que muestra es algo más sencillo: que la fortaleza de las instituciones electorales no es un asunto decorativo, sino una condición concreta para preservar la confianza democrática. El CNE, a propósito, ha propuesto acciones que avanzan en esa dirección:

• Conformar la lista de los delegados del Consejo Nacional Electoral para los escrutinios generales de las elecciones al Congreso de la República, presidente y vicepresidente de la República.
• Socializar el mecanismo de postulación y acreditación de testigos electorales y capacitarlos en su función.
• Asegurar la verificabilidad de los resultados e implementar soluciones tecnológicas para el control de cada agrupación política.
• Hacer seguimiento a las solicitudes radicadas en los distintos canales de atención al ciudadano.
• Realizar seguimiento a la implementación de la ley de violencia contra la mujer en política, con enfoque diferencial.

Acciones como estas tienen mucho valor, porque las democracias rara vez se deterioran de la noche a la mañana. Lo habitual es que ese desgaste ocurra de manera gradual, a medida que sus instituciones pierden independencia, capacidad o credibilidad, hasta que llega un punto en el que recuperarlas resulta mucho más difícil que haberlas defendido a tiempo.

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Por eso la pregunta trascendental no es si una autoridad electoral debe ser querida, popular o aplaudida. Casi nunca lo será de forma sostenida. Es, más bien, si una democracia puede funcionar sin instituciones capaces de hacer respetar las reglas, incluso cuando sus decisiones resultan incómodas para algunos. La experiencia comparada ofrece una respuesta bastante clara: no.

Cuando desaparece la confianza en el árbitro, lo que se desdibuja no es la legitimidad de una elección. Es algo mucho más grave para un país: la democracia misma.