Impuesto saludable: qué está en juego si se elimina un gravamen que ha recaudado 4,8 billones de pesos en tres años
El impuesto saludable, creado en 2022 para frenar el consumo de ultraprocesados, volvió al centro del debate: los representantes Daniel Briceño y Carol Borda radicaron un proyecto de ley para eliminarlo. CAMBIO consultó a economistas, nutricionistas y médicos para conocer sobre sus efectos reales y qué sucede si se elimina.
Por: Nataly Ríos
Cada vez que un colombiano compra una gaseosa, un paquete de galletas o una salchicha, paga un poco más por un impuesto que nació hace tres años para desincentivar el consumo de ultraprocesados. Hoy ese gravamen volvió a quedar en el centro del debate. Los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, radicaron un proyecto de ley para eliminarlo.
Según datos presentados por los representantes, este impuesto ya recaudó cerca de 4,8 billones. Pero, ¿qué tan necesario es eliminar este gravamen? CAMBIO habló con la representante Carol Borda y consultó a nutricionistas, médicos y economistas para conocer cómo funciona, qué pasa si se elimina y la importancia de su implementación en la salud pública.
¿Qué es el impuesto saludable?
El impuesto saludable fue creado mediante el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022 y comenzó a aplicarse en noviembre de 2023, con tarifas sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados que aumentan gradualmente. En 2024 recaudó 2,88 billones —2,39 billones por ultraprocesados y 489.000 millones por bebidas— y en lo corrido de 2026 acumulaba 1,9 billones. Entre los productos gravados están cereales, galletas, salchichas, jamón, chorizo y leche en polvo. Este impuesto busca desestimular el consumo de productos asociados a enfermedades como la obesidad, la diabetes y las afecciones cardiovasculares.
Según los congresistas, el gravamen encareció productos de consumo diario, no modificó los hábitos de consumo como se prometía y afectó a los tenderos y pequeños comerciantes. CAMBIO contactó al representante Daniel Briceño, pero no obtuvo ninguna respuesta.
Por otro lado, la representante Carol Borda le explicó a este medio que el debate de fondo es de libertad individual frente a un Estado que, según ella, usó un instrumento fiscal ineficiente para intentar cambiar la conducta de los ciudadanos. Insistió en que el origen del tributo no fue sanitario, sino recaudatorio, y citó un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana para hablar de regresividad.
"Los hogares más pobres destinan alrededor del 3 por ciento de su ingreso mensual a pagar este impuesto, mientras que los más ricos pagan alrededor del 0,07 por ciento. Un hogar humilde termina pagando proporcionalmente más de 40 veces lo que paga uno de altos ingresos. Esto no es un impuesto en beneficio del ciudadano, sino de meterle la mano al bolsillo", afirmó Borda.
Sobre los tenderos, la representante aseguró que, según cifras de Fenalco, del 96 por ciento de las tiendas de barrio que están en estratos 1, 2 y 3, el 67 por ciento reportó afectaciones directas por el impuesto y el 82 por ciento dijo tener ventas estancadas o en caída. Frente al argumento de que eliminarlo dejaría un hueco fiscal, respondió invirtiendo la carga moral del debate: “La salud pública no puede ser un disfraz para tapar los huecos fiscales a costa del hambre de la gente”.
Además, recordó que el tributo representa apenas el 1,1 por ciento del recaudo nacional. No obstante, aclaró que mantendría los sellos de advertencia, y citó los casos de Dinamarca y Finlandia, donde el impuesto se retiró, según ella, al comprobarse que no logró los efectos prometidos en salud.
En ese contexto, CAMBIO revisó la encuesta realizada por Fenalco en marzo de 2026 a 220 establecimientos de 23 departamentos sobre el comportamiento económico en las tiendas y el sondeo señaló que la respuesta de los consumidores ante los nuevos impuestos a ultraprocesados y bebidas ha sido el cambio de hábitos, con un 45,45 por ciento de clientes buscando activamente sustitutos de menor precio.
Red Papaz: “Colombia no puede dar marcha atrás”
Con una lectura opuesta sobre el origen del impuesto, respondió Red Papaz, organización que ha impulsado en el país tanto el etiquetado frontal como el gravamen. Para ellos, la medida no nació como un disfraz fiscal, sino como una de cuatro políticas costoefectivas recomendadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) para frenar la obesidad, ya adoptadas en más de 100 países.
La organización pidió paciencia frente a los resultados y afirmó que evaluar el impacto en salud de un impuesto tarda mínimo diez años y el gravamen colombiano lleva plenamente implementado apenas hace un año y medio.
"La generación de afectaciones a los consumidores de menores ingresos, a los pequeños empresarios y a los tenderos siempre ha sido uno de los argumentos que se han utilizado en contra de la medida, pero no hay evidencia al respecto. Al contrario, lo que ha mostrado la evidencia a nivel mundial es que los impuestos no generan afectaciones representativas para estos sectores, y una investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario en Colombia demostró que entre 2022 y 2024, tanto la política de etiquetado como la política de impuestos no generaron variaciones estadísticamente significativas en las tasas de empleo, niveles de ingreso ni en la informalidad laboral en el corto plazo", afirmó la red.
Además, señalaron que "entre el 2023 y el 2024 se produjo una reducción de 2,6 puntos porcentuales en el consumo de bebidas azucaradas en el país y de 4,3 puntos porcentuales en el de comestibles ultraprocesados. Al revisar las cuentas de alto costo del Ministerio de Salud, se registra una disminución de la incidencia de hipertensión arterial y de diabetes mellitus tipo II. Y una investigación en BMC Medicine demostró una reducción significativa en los contenidos de sodio, azúcar y calorías de los ultraprocesados".
Por otro lado, citaron la experiencia en países como Dinamarca que, al retirar después de cierto tiempo el impuesto saludable, se volvió a aumentar significativamente el consumo de bebidas azucaradas. "Colombia no puede regresar atrás. Eliminar los impuestos saludables es un ataque a la salud de los colombianos, en especial de niñas, niños y adolescentes”, sostuvo la organización.
¿Quién paga realmente el impuesto y a dónde se va el dinero?
Dos economistas consultados por CAMBIO coincidieron en que el impuesto sí ha tenido efecto sobre el consumo y explicaron a quién termina golpeando en realidad. Edgar Jiménez, profesor de Finanzas de la UTadeo, lo describió como un efecto real pero modesto: "Hay un reporte donde hablaban de que efectivamente sí ha bajado el consumo de esta serie de productos, más o menos un 2 por ciento menos. Tal vez no es un impacto muy importante, pero hay algo de sensibilidad ahí. El tema no es dejar de consumir esos productos, sino moderar el consumo, y ese es el objetivo".
Jiménez advirtió que eliminar el impuesto se sentiría más en el bolsillo del Estado que en el del consumidor, pues el recaudo asociado podría acercarse a los 4 billones de pesos anuales: “Si eso se frena o se deroga, tengo que ir a buscar cuatro billones de pesos por otro lado, subiendo el IVA o la tarifa de renta. Para consumidores sería un alivio que casi no se notaría, pero el Estado sí lo sentiría”.
Omar Eduardo Galindo González, economista de la Universidad Santo Tomás, explicó primero de dónde viene, técnicamente, este tipo de impuesto: "Los impuestos saludables buscan que el precio refleje el costo real de un producto. El de una gaseosa cubre materiales y logística, pero no los costos ocultos en salud, los que se van a ver dentro de veinte años y que termina pagando el sistema de salud, o sea, todos nosotros. En economía, eso se llama una externalidad, y el impuesto que la corrige se llama pigouviano. Legalmente, el responsable es el productor, no el tendero; pero eso no dice quién lo paga de verdad: al final lo asume quien no puede escapar ni transferirlo, y ese es el consumidor".
De igual forma, aportó cifras de Anif, afirmando que el consumo diario de bebidas azucaradas cayó, entre 2022 y 2024, de 24,6 por ciento a 22,6 por ciento en jóvenes y de casi 25 por ciento a 19 por ciento en adultos. Sobre el argumento de que el impuesto golpea más a los estratos bajos, respondió con un giro: "Responder más al precio significa recibir más beneficio en salud, porque la carga de enfermedad crónica también está concentrada ahí. El impuesto no les afectó más a los estratos bajos, les cambió más el consumo".
Sobre el recaudo, coincidió con Jiménez en que no tiene destinación específica: “Si es un impuesto saludable, debería financiar el sistema de salud; si cobra por el daño y no financia el remedio, la gente lo percibe como un impuesto más, y tiene razón". El experto calculó un hueco fiscal de entre 2,5 y 3 billones al año si se elimina, y advirtió sobre un riesgo mayor a largo plazo: sin el incentivo de quedar por debajo del umbral, la industria podría volver a fórmulas con más azúcar.
"El costo del impuesto es hoy, es visible y tiene cara: es el tendero de la esquina y el recibo de la compra. El beneficio es dentro de veinte años, es un infarto que no ocurrió y que por eso nadie va a agradecer", concluyó el experto.
La nutricionista Dahiana Castillo, directora científica de Nutrarte, respaldó con cifras del DANE que el consumo de productos de paquete y bebidas azucaradas bajó entre 2023 y 2024. Citó también evidencia internacional —en México, un estudio de The British Medical Journal encontró menos consumidores altos de refrescos tres años después del impuesto; en el Reino Unido, otro estudio documentó una reducción diaria de azúcares de 4,8 gramos en niños—, pero fue cuidadosa al aclarar que el impacto sobre enfermedades como la obesidad o la diabetes todavía se debe medir por proyección, ya que no ha pasado el tiempo necesario para poder conocer si hay resultados exactos en Colombia.
Asimismo, advirtió sobre el costo de desmontar la medida antes de tiempo: según cifras que citó, las enfermedades asociadas a los ultraprocesados le costaron al país cerca de 8 billones en 2024, frente a un recaudo de 2,8 billones ese mismo año.
"El impuesto ni siquiera cubre todos los gastos de lo que implica el costo de las enfermedades y solamente estamos hablando de una porción de enfermedades asociadas, no todas las implicaciones y costos por complicaciones, cronicidad o enfermedades de alto costo puede llegar a ser una consecuencia del impacto de una mala alimentación basada en este tipo de alimentos", dijo.
¿Y qué pasa con los sellos de advertencia?
Aunque los representantes no buscan su eliminación, el debate reabrió también la discusión sobre los sellos octagonales, porque ambas políticas suelen implementarse juntas. El endocrinólogo Óscar Rosero citó el caso chileno, donde tras la implementación del etiquetado se observaron reducciones de hasta 37 por ciento en compras de azúcar y una caída significativa del exceso de peso en niños pequeños, y respondió de frente al argumento de que el impuesto castiga a los estratos bajos.
"No podemos analizar solamente el precio de la bebida o del producto. También tenemos que considerar el costo de las enfermedades asociadas a su consumo y quién termina pagando ese costo. La pregunta correcta no es cuánto cuesta el impuesto hoy, sino cuánto le cuesta a Colombia no desincentivar el consumo de productos que contribuyen a la carga de enfermedades crónicas", afirmó.
Por otro lado, aseveró que la evidencia disponible muestra que los sellos octagonales de advertencia son más efectivos que otros sistemas, como el semáforo nutricional o las GDA, para hacer que las personas identifiquen rápidamente productos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas o calorías y modifiquen algunas decisiones de compra.
Según el experto, en Colombia hay un ejemplo que muestra cómo las medidas regulatorias no solo pueden influir en la información que recibe el consumidor, sino también en la composición de los productos. Tras la implementación de los sellos de advertencia y los llamados impuestos saludables, 32 de los 38 productos analizados disminuyeron su contenido de azúcar hasta ubicarse por debajo del umbral que activa el impuesto. Además, la mediana de azúcar en las bebidas pasó de 8,9 a 4,8 gramos por cada 100 mililitros.
Estos resultados sugieren que, cuando existen incentivos regulatorios, la industria puede modificar la formulación de sus productos. Esto resulta relevante frente al argumento de que este tipo de medidas tienen poca capacidad para generar cambios o que las empresas no pueden reformular sus productos. Los datos apuntan a que, al cambiar las reglas, también pueden modificarse las fórmulas. Hay que tener en cuenta que los sellos, el impuesto y los límites de sodio se implementaron de manera conjunta, por lo que no es posible atribuir el cambio a una sola medida.
Nathalia Torres Alarcón, coordinadora de Nutrición del Hospital Internacional de Colombia, citó un ensayo con 8.004 adultos colombianos en el que quienes veían los sellos mostraron menor intención de comprar bebidas altas en azúcar. Señaló que una intención de compra no necesariamente equivale a una compra real. "En condiciones reales intervienen otros factores, como el precio, la disponibilidad, las preferencias individuales y familiares, los hábitos de consumo, la publicidad, las promociones y la conveniencia", afirmó.
Asimismo, dijo: "La evidencia no debería interpretarse diciendo que “los sellos hacen que las personas dejen de comprar estos productos”. Una conclusión más responsable es que los sellos aumentan la probabilidad de que el consumidor identifique un producto como menos saludable y considere una alternativa diferente, al contar con información más clara y comprensible en el momento de la elección".
El debate sobre el impuesto saludable en Colombia sigue abierto. Hay indicios de que el consumo de algunos productos gravados bajó, pero medir su efecto real en la salud tomará varios años. El proyecto de ley avanza en el Congreso, entre quienes defienden la autonomía del consumidor y el pequeño comercio, y quienes insisten en que es una herramienta de salud pública que apenas empieza a mostrar resultados.
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