Esta es la patrullera investigada por el fusil de dotación que terminó en manos de Yeferson Cossio
Un video que se viralizó en redes sociales muestra al 'influencer' Yeferson Cossio sosteniendo un fusil de dotación de la Policía Nacional en medio de la emergencia por el terremoto en Chocó. CAMBIO revela la identidad de la uniformada que es investigada por, presuntamente, haberle entregado el arma de servicio y los detalles de la actuación disciplinaria que abrió la institución.
Por: Sylvia Charry
Las imágenes en las que aparece el influencer Yeferson Cossio sosteniendo un fusil de dotación de la Policía Nacional, en medio de la emergencia que enfrenta el Chocó tras el terremoto que sacudió al país, desataron una fuerte controversia sobre los protocolos de seguridad de la institución. El video, que comenzó a circular de manera masiva por redes sociales y estados de WhatsApp, generó cuestionamientos sobre cómo un civil terminó manipulando un arma oficial asignada al servicio policial.
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Mientras públicamente se discutía la autenticidad de las imágenes y la responsabilidad de quienes aparecían en ellas, en elinterior de la Policía Nacional comenzó una investigación silenciosa. La institución abrió una actuación disciplinaria, identificó a la uniformada que, presuntamente, entregó el fusil de dotación al creador de contenido y estableció quién era el otro policía que lo acompañaba durante el episodio. Esta es la historia.
Todo comenzó el 17 de agosto de 2026, hacia las 12:30 de la tarde. A esa hora, según un documento interno conocido por CAMBIO, la Inspección Delegada de Juzgamiento No. 6 recibió un reporte en el que se advertía que un video "se estaría difundiendo en varios estados de la red social WhatsApp" y que su contenido podría generar una "posible afectación a la imagen institucional". Lo que buscaban establecer los investigadores era cómo un particular había terminado portando un fusil institucional de la Policía Nacional.
Los nombres de los uniformados investigados
La primera verificación permitió identificar a la uniformada que tenía asignada el arma. De acuerdo con el informe, se trata de la auxiliar de Policía Luisa Fernanda Guerrero, quien para ese momento se encontraba prestando servicio en el punto de facción denominado Londres 20, adscrito al Comando del Departamento de Policía Chocó. Según las primeras conclusiones recopiladas por la inspección, habría sido ella quien cedió temporalmente su fusil de dotación para que el influencer apareciera sosteniéndolo en el video.
El documento también individualiza al otro uniformado que aparece en la grabación. Se trata del patrullero Juan Manuel Taborda Gallego, adscrito al Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR 12 Nacional), quien igualmente quedó vinculado a las verificaciones preliminares adelantadas por la institución para establecer cuál fue su participación durante los hechos.
Con esos primeros elementos, el inspector delegado de juzgamiento número 6, teniente coronel Juan Felipe Fernández, ordenó la apertura de la investigación previa EE-DECHO-2026-102. El propósito de esa actuación es reconstruir, paso a paso, las circunstancias en las que ocurrió el episodio, determinar quién autorizó –si es que existió alguna autorización– que un civil manipulara un arma de dotación oficial y establecer si los funcionarios involucrados incurrieron en una falta disciplinaria.
En la Policía Nacional, las armas de dotación no son elementos de uso personal ni objetos que puedan ser manipulados libremente por terceros. Hacen parte de los bienes asignados para el cumplimiento exclusivo del servicio y su custodia constituye uno de los deberes funcionales de cada uniformado.
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Por esa razón, la investigación disciplinaria deberá establecer si existió un incumplimiento de los deberes previstos en el régimen disciplinario policial. La Ley 2196 de 2022, que regula el régimen disciplinario para el personal de la Policía Nacional, impone a los uniformados el deber de custodiar adecuadamente los bienes y elementos entregados para el servicio y de actuar conforme a los protocolos institucionales. Dependiendo de lo que logre acreditar la investigación, la Inspección General determinará si la conducta constituye una falta disciplinaria y cuál es la eventual responsabilidad de los funcionarios involucrados.
El hecho de que la propia institución haya considerado necesario abrir una investigación demuestra que, para la entidad, no se trata de un simple video viral, sino de un episodio que podría comprometer la disciplina, la custodia de un arma oficial y la imagen institucional en medio de una de las emergencias más complejas que ha enfrentado el país en los últimos meses.
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