Involucrados en falsos positivos que sembraron árboles en Sumapaz desatan duro choque en la JEP

El envío de 22 militares activos involucrados en el tercer macrocaso de la JEP sobre los mal llamados falsos positivos a un proyecto de siembra de árboles en el páramo de Sumapaz, que en un principio fue diseñado para el macrocaso 01 sobre los secuestros de las extintas Farc, desató un revolcón en la JEP. Una sección cuestionó duramente las actuaciones de una sala, advirtiendo que obró sin justificación alguna y vulneró la participación de las víctimas.

En una dura sentencia de 133 páginas conocida como la Senit 8, la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, presidida por Patricia Linares, invalidó varias reglas que fijó en 2023 la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, presidida por Pedro Díaz, en las que fijaron las pautas para enviar a los comparecientes que no son considerados como máximos responsables de los horrores del conflicto a participar de los TOAR, o ‘Trabajos, Obras o Actividades con contenido restaurador-reparador’, como parte de los compromisos que suscriben para mantener sus beneficios jurídicos.

La Sección tumbó las disposiciones de la resolución 3479 del 2023 que dictó la sala del magistrado Díaz que advirtieron que los sometidos a la JEP que no fueron seleccionados como ‘máximos responsables’ deben participar en los TOAR como parte del cumplimiento de su régimen de condicionalidad, es decir, de las obligaciones que les permitirán definir su situación jurídica con mecanismos que no implican sanciones.