El ministro Armando Benedetti es versado en todos los vicios de nuestra cultura política. Ello puede ser virtuoso o desafortunado, según la vara con que se mida. Uno de esos talentos es la predisposición al acoso. El acoso judicial o litigioso que emprende contra cualquiera que se atreva a criticarlo o a decirle un par de verdades en público. Esta no es una práctica nueva, porque Benedetti está acostumbrado a emplear a los jueces como vehículos de censura y para silenciar los diversos asuntos de interés público en los que termina involucrado.

Recientemente el ministro ha amenazado con denunciar a la representante de Cambio Radical Lina Garrido, por cuenta de lo que consideró injurias y calumnias del discurso de la oposición el 20 de julio. Hace unas semanas, también denunció a la representante Jennifer Pedraza por estimar que ella no podía llamarlo agresor de mujeres ni corrupto. Tras su regreso al Palacio de Nariño también denunció a su colega de gabinete Augusto Rodríguez, por decir que tenía vínculos con el zar del contrabando.

Por supuesto que es legítimo iniciar causas judiciales para defender la honra cuando realmente se trata de corregir mentiras y asuntos que buscan confundir y oscurecer la discusión pública a costa de una persona. Lo que está prohibido por el sistema interamericano (aunque ocurra con peligrosa frecuencia) es el inicio de procesos inocuos, sin pruebas, con la única finalidad de silenciar la verdad e intimidar a las personas que actúan de buena fe.

El acoso litigioso en cabeza del funcionario más poderoso del ejecutivo es además el incumplimiento de todos los deberes que le imponen la Constitución y la ley de soportar la crítica. Es legítimo resaltar las múltiples acusaciones que ha enfrentado Armando Benedetti por actos de corrupción, varias de ellas han llevado a procesos judiciales en su contra. A eso hay que sumarle sus múltiples actuaciones en contribución al sistema clientelar que impera en nuestra política.

También es legítimo señalar que el primerísimo ministro es un agresor de mujeres. Así lo señaló la Comisaría de Policía del Distrito de Madrid-Centro en España al registrar en un documento público lo que constataron las autoridades de ese país: Benedetti agredió verbalmente y rompió las pertenencias de Adelina Guerrero, su esposa, y amenazó a su suegra, Adelina Covo, con un cuchillo. Esa constancia pública se suma a los audios en los que agrede verbalmente a Laura Sarabia. Todos estos son hechos públicos y aunque ahora la opinión publica los haya olvidado y nadie los menciona cuando se cita al ministro a entrevistas como operador político mamagallista.

Uno de los elementos que mejor permiten revelar que una causa judicial se trata de acoso litigioso es que en la misma los acusados logran demostrar la veracidad de sus afirmaciones; frente a esos asuntos que el acosador busca silenciar, los demandados o denunciados demuestran que lo que dicen es cierto y por tanto tienen derecho a decirlo. En las múltiples causas que ha iniciado Benedetti corre el riesgo de que le demuestren lo que ahora busca negar. Esa es una de las pocas virtudes de esta forma de abuso del sistema judicial: permite la revelación de verdades.

Es cierto que el presidente Gustavo Petro ha sido exitoso en su tarea de lavar la cara de su poderoso ministro y verdugo. Las defensas del presidente de la “segunda oportunidad” y de la “locura” prodigiosa de Benedetti, así como el enorme poder que le ha permitido ejercer, autorizan a Armando para caminar tranquilo y sacar pecho en los círculos de poder. Pero nada de eso borra la verdad de lo que es el ministro del interior ni la cantidad de pruebas que existen para poder afirmarlo.

A nuestra justicia apaleada, desfinanciada y desacreditada ante la opinión pública ahora le toca sacar tiempo para atender todas las causas vacías que inicia el vanidoso ministro para silenciar a sus críticos. Es muy difícil cambiar a un acosador.

La fuerza de la toga

No sorprende la estrategia que se gesta desde el uribismo para presionar a la jueza Sandra Heredia para que absuelva al expresidente Álvaro Uribe. He sido testigo de que a nuestra rama judicial la operan hombres y mujeres valientes y trabajadores que entienden que su más preciado valor es la independencia. Lo dijo en 1919 Ángel Ossorio y Gallardo en El alma de la toga: “El hombre, cualquiera que sea su oficio, debe fiar principalmente en sí. La fuerza que en sí mismo no halle no la encontrará en parte alguna”. La mujer que ahora tiene en su despacho un asunto de enorme trascendencia social y política también tiene la posibilidad de preservar su independencia y ampararse solo en las pruebas practicadas, y por esa vía proteger también nuestro Estado de derecho. Ojalá en este caso persistan también el alma y fuerza de la toga.

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