Hace once años la ahora fiscal general, Luz Adriana Camargo, inició un proceso para que se le pagara el reajuste de una bonificación a la que tienen derecho algunos funcionarios judiciales. Lo ganó en primera instancia en 2017 y aunque la Fiscalía reconoció en su momento que debía hacer el pago, optó por apelar y ahora el caso está para fallo en el Consejo de Estado. ¿Qué puede pasar?