No importa cómo se ejerza la política ni los motivos que la impulsen, ella siempre implica la ponderación y enfrentamiento de intereses. Por eso quienes son curtidos en ese arte son capaces de negociar, transar y mediar en el choque de agendas. Esta capacidad suele distorsionarse en el debate público. A veces se trata de una simple repartija de poder en detrimento de la gente, pero en ocasiones es importante negociar (mientras sea transparente, claro).
El trámite del impuesto a las Iglesias en la reforma tributaria es un ejemplo de ambas cosas: del trueque que los políticos pretenden hacer pasar por democracia y de la sana ponderación del interés general.
Desde hace meses la representante a la Cámara Katherine Miranda viene empujando la inclusión de un artículo que obligue a las Iglesias a pagar el impuesto sobre la renta. Ello devendría en enormes beneficios, además de la consolidación y respeto por los principios del Estado laico y la justicia tributaria. Pero ese es tema de otra columna. En esta ocasión vale la pena comentar cómo se gestó la negativa final a la iniciativa en el Congreso.
El impuesto pasó en Cámara y se cayó en Senado. Por tanto era necesario que se saldara el asunto en la conciliación. Cuando iniciaron a contrastar los textos el impuesto iba. Hasta que el Partido Liberal se cruzó en el camino. Según dos altas fuentes, fue expreso el pedido de esa colectividad de acabar el gravamen a los religiosos. Amenazaban con retirar apoyo electoral y político a las fuerzas del Gobierno.
Además, las congregaciones de fe pronto empezaron a arreciar su cabildeo. Miranda anunció en Twitter: “estoy viendo un desfile de pastores haciendo lobby en el Congreso”. Como la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento, que tuvo el detallazo de regalar biblias a los Congresistas.
Lo registros del Congreso confirman que varios líderes religiosos y sus equipos de incidencia legislativa fueron ingresados por la senadora Lorena Ríos de Justas Libres. Y es que con alfiles en todas las esquinas del tablero entran ganando el partido de la intimidación. Dicen que no deben pagar impuestos porque ellos solo se dedican a cultivar el espíritu, pero para asegurarse de que no los graven cuentan con agentes que hacen política a su favor. Claro que las congregaciones religiosas tienen derecho a ser representadas políticamente. El problema es la oscuridad frente a los intereses que en ocasiones realmente representan.
Así que funcionó el chantaje de los liberales de tumbar la reforma tributaria si pasaba el impuesto. ¿A cambio de qué? Raro que la colectividad que no se da la pela por nada esta vez lo hiciera por la Iglesia que en el pasado sostenía que ser liberal era pecado. No dudo de la capacidad de las congregaciones, en especial la católica y cristianas, de poner en riesgo una reforma legislativa. Cuentan con un sustancial botín electoral, además del abuso de poder que significa hacer política desde sus púlpitos. Ellos lo saben y lo han demostrado en el pasado, como cuando convencieron a miles de personas de que el acuerdo de paz con las FARC volvería homosexuales a sus hijos.
Tampoco cuestiono la ponderación que hizo el Gobierno, pues las arcas vacías demandan una reforma de manera urgente y la posibilidad de grabar a las Iglesias no las llenará. Y también es comprensible que los parlamentarios usen el juego político para avanzar sus causas propias. Como el palo en la rueda que puso la senadora Andrea Padilla a la iniciativa. Después se anunciaría que se incluía el impuesto sobre las ventas para la compra de mascotas. Un triunfo de la causa animalista. Si ese fue el trato de Padilla, por lo menos priorizó el compromiso con su electorado sobre el impuesto a las Iglesias. Tal vez desde esa óptica primó otra versión del interés general.
Nada de esto sorprende ni debería alarmar, pero es grotesco el chantaje que ejercen las empresas de la fe sobre los procesos democráticos. La manera sinuosa con la que juegan a la política. Ese disfraz que pretenden ponerse de simples pastores desinteresados, cuando activamente buscan proteger imperios económicos, riquezas escondidas y negocios turbios. Lo bueno es que el antifaz ya poco sirve de máscara y pronto, con o sin chantajes, el Estado laico conquistará también el Estatuto Tributario.