La sentencia que ordenó proteger a los niños de La Guajira y terminó como sombrilla para contratar 1,78 billones en el Gobierno Petro

El 5 de febrero de 2016, Elson Rafael Rodríguez Beltrán presentó una acción de tutela para exigir la protección de la niñez wayúu. El 8 de mayo de 2017, la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-302, mediante la cual declaró un estado de cosas inconstitucional en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia por la vulneración de los derechos fundamentales al agua potable, a la alimentación, a la salud y a la participación. El fallo estableció ocho objetivos, entre ellos mejorar los programas alimentarios y garantizar la transparencia en la selección de contratistas.

Durante los últimos 18 meses del Gobierno de Iván Duque, la información registrada en SECOP I y II evidencia solo cuatro contratos que mencionan de manera expresa la Sentencia T-302 y cuyo valor conjunto llega a 160 millones de pesos.
Pero el panorama cambia después del 7 de agosto de 2022. En los últimos cinco meses de ese año se firmaron seis contratos por 463 millones y, en 2023, la cifra subió a 42 contratos por 95.200 millones.

El crecimiento se aceleró en 2024, cuando se suscribieron 431 contratos por 598.788 millones. En 2025 fueron 274 por 530.553 millones y, con corte al 9 de julio de 2026, ya se contabilizaban 332 por 556.999 millones de pesos. En total, durante el Gobierno de Gustavo Petro se registraron 1.085 contratos por 1,78 billones.

Para hacernos una idea, en los aproximadamente 18 meses observados del Gobierno de Iván Duque, entre el 25 de enero de 2021 y el 6 de agosto de 2022, se firmaron cuatro contratos que mencionaron expresamente la Sentencia T-302, por un total de 160 millones, lo que representa un promedio cercano a 8,7 millones mensuales. Durante los primeros 18 meses del Gobierno de Gustavo Petro, la base registra 52 contratos por 96.880 millones, con un promedio mensual de 5.371 millones. En periodos de duración semejante, el valor contratado cada mes se multiplicó 616 veces.

La mayoría de esta contratación se hizo a través del ICBF Regional Guajira: 949 contratos por 1,68 billones, equivalentes al 94,3 por ciento del total.

Entre los operadores contratados por el ICBF Regional Guajira, el de mayor valor acumulado es la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuunaiki Waya’a A’asshaja’aka, con ocho contratos por 35.861 millones. Sin embargo, esa suma representa solo el 2,1 por ciento de los recursos. Le siguen la Asociación Indígena Achijirrawa, la Corporación Internacional para el Desarrollo Social y Empresarial, Suman Apunalujin y Kottushiwayaa. Los diez mayores operadores concentran cerca del 16,7 por ciento; el resto se distribuye entre centenares de asociaciones, organizaciones indígenas, fundaciones y uniones temporales.

Sin embargo, el espectacular aumento en la contratación no se ha traducido en mejoras reales para los niños wayúu. En junio de 2024, cuando el ICBF se encaminaba a contratar más de 583.000 millones de pesos durante ese año, la Procuraduría advirtió demoras en la firma y ejecución de los contratos, zonas declaradas desiertas y retrasos que afectaban la atención de al menos 80.000 familias. También pidió revisar la falta de un censo claro, los requisitos exigidos, los criterios de selección y el uso de invitaciones cerradas para escoger operadores.

La alerta se repitió en febrero de 2025. La atención de por lo menos 102.000 niños dependía de esos contratos, pero solo 90 de las 144 invitaciones habían concluido con acuerdos suscritos: un avance del 63 por ciento. El ICBF respondió que debía verificar la capacidad de los operadores y contar con la autorización de las comunidades. Los recursos crecían, pero la Procuraduría seguía señalando demoras, vacíos de información y dificultades para garantizar la continuidad del servicio.

El 5 de enero de 2025, El Colombiano publicó una investigación según la cual la senadora Martha Peralta tendría influencia burocrática en el ICBF Regional Guajira, Corpoguajira, el Invías y el SENA.

El Colombiano señaló que le envió un cuestionario para conocer su versión, pero que la senadora dejó de responder después de recibir las preguntas.

Una primera revisión de los 1.085 contratos suscritos durante el gobierno Petro, por 1,78 billones y distribuidos entre 384 operadores, revela varios procesos que merecen un examen detallado. Entre ellos aparecen 20 contratos otorgados mediante régimen especial por el ICBF Regional Guajira, cuyo valor conjunto asciende a 21.879 millones: la UT Talapuin 2024 recibió seis por 10.725 millones; la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Anas Akuaipa, nueve por 7.934 millones; y la Organización Indígena de La Guajira Yanama, cinco por 3.220 millones.

Fuentes consultadas en La Guajira afirmaron que estos operadores tendrían vínculos con personas cercanas a concejales de la ASI en Riohacha, al exalcalde de Uribia Bonifacio Henríquez y a la alcaldesa de Albania, Nera Robles. Las mismas fuentes ubican a Robles en el entorno político de la senadora Martha Peralta. Sin embargo, no hay pruebas contundentes que permitan afirmar que esos posibles vínculos hubieran influido en la adjudicación o ejecución de los contratos.

Algunas de las personas mencionadas en este caso también actúan como veedores del cumplimiento de la Sentencia T-302, el fallo que ordenó restablecer los derechos de la niñez wayúu y que terminó convertido en una contratación billonaria. Todo esto forma parte de un entramado que deberá esclarecer la justicia, una tarea que, hasta ahora avanza, pero a pasitos.