En materia económica, el principal reto que enfrentará el nuevo Gobierno es el de las muy maltrechas finanzas públicas. El déficit fiscal se acerca al 7 por ciento del PIB y la deuda pública ya supera el 60 por ciento del PIB, lo cual con razón ha encendido las alarmas de los expertos por su creciente impacto negativo en la estabilidad macroeconómica de Colombia.
El Gobierno entrante ha anunciado un sustancioso recorte en el gasto público mediante la reducción de la burocracia, la fusión de entidades públicas y la desaparición de otras —sin perjudicar a los ciudadanos de menores ingresos. Todo esto, sumado a una lucha sin cuartel contra corrupción y el despilfarro, es positivo.
Sin embargo, pienso que hay dos frentes que se deben encarar de manera decidida: la reducción (idealmente eliminación) de la evasión —que según Fedesarollo equivale al 5 por ciento del PIB, y la eliminación de las exenciones, deducciones, descuentos y tratamientos preferenciales—- que de acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la DIAN y el Ministerio de Hacienda asciende al 8 por ciento del PIB. Es decir, entre estos dos gigantescos huecos fiscales suman el doble del actual déficit fiscal.
La lucha contra la evasión es cada día más fácil si se usa apropiadamente la tecnología, que permite el cruce de datos y dificulta las maniobras para eludir (es la forma ‘sofisticada’ para evitar el pago de impuestos). La cooperación internacional —adoptando las mejores prácticas de los países donde se registra menor evasión— es la mejor herramienta que se puede usar. Quien asuma la dirección de la DIAN no solo debe ser una persona íntegra —sin la más mínima sombra de duda—, sino además un profesional muy competente que logre que la entidad aumente tanto su eficiencia (hacer las cosas bien) como su eficacia (hacer las cosas que se deben hacer).
En cuanto al frente de las exenciones y demás agujeros fiscales, el Gobierno debe quitar muchos privilegios producto del lobby (cabildeo) de gremios y empresas. Está por verse la voluntad del nuevo Gobierno de acabar con esos beneficios tan regresivos (porque se dejan de cobrar impuestos con los que se podría tapar el hueco fiscal y/o hacer inversión social en favor de los más necesitados). En el caso de los alimentos exentos de IVA, acojo la propuesta de los expertos: cobrar a todos los productos ese impuesto (es absurdo que las personas más pudientes se beneficien de esa exención) y devolver a las personas de menores ingresos ese impuesto por medio de transferencias monetarias (ya existen bases de datos confiables para hacer bien esta operación).
Comenzar desde el 7 de agosto el saneamiento profundo de las finanzas públicas no es una opción: es absolutamente indispensable para que Colombia pueda progresar no solo en cuestiones económicas (menor costo del dinero, mayor inversión, tranquilidad en materia cambiaria), sino en asuntos sociales (mayor empleo, menor informalidad, más recursos para erradicar la pobreza extrema).
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