Después de 60 años de espera y frustraciones parece que al fin la reforma agraria está en marcha. Como lo ha explicado la ministra de Agricultura, Cecilia López, ya se inició la legalización de predios con la titulación de 618.000 hectáreas que se están repartiendo; de otra parte se tienen identificadas otras 125.000 hectáreas expropiadas a los narcos y se firmó el acuerdo con Fedegan para la compra de tres millones de hectáreas.
El gobierno tiene claro que la sola entrega de tierras no basta, sino que es necesario estructurar todo un programa para que los campesinos que la reciben puedan desarrollar proyectos productivos. Esto incluye muchos otros elementos tales como crédito, paquetes tecnológicos, infraestructura vial, distritos de riego y canales de comercialización. Es un programa costoso, pero ya se están identificando recursos, tanto del presupuesto nacional como de la cooperación internacional, para realizarlo.
Con esta política habrá tierra para los campesinos colombianos; lo que no se sabe es si en el futuro habrá campesinos para cultivar esa tierra, por la tendencia al despoblamiento del campo colombiano. No hay duda que los desplazados y víctimas recibirán con gran alegría las tierras que les adjudiquen, pero no es seguro que sus hijos quieran quedarse en el campo o más bien prefieran migrar a las ciudades como lo han venido haciendo desde hace décadas.
Del campo a la ciudad
La masiva migración de campesinos a la ciudad es un proceso que se viene dando desde la primera mitad del siglo pasado. Inicialmente fue inducida por la violencia conservadora; luego en los años 70 fue impulsada por la política económica de las 4 estrategias y de nuevo a finales de los 90 y los primeros años de este siglo, acelerada por la violencia paramilitar y guerrillera. Así, mientras que hacia 1950 en el campo vivían cerca del 60% de los colombianos, medio siglo más tarde este porcentaje había bajado al 30%.
En lo corrido de este siglo continuó la tendencia a la migración a las ciudades, a pesar de algunos avances en la disminución de la violencia, de manera que la población del sector rural solo se incrementó en 7% (750.000 personas) mientras que la de las cabeceras aumentó un 32% (9.5 millones de personas). En consecuencia, el año pasado los habitantes urbanos llegaron al 78% de la población total, y solo el 22% permanecía en el sector rural.
Esta tendencia general de la población se refleja también en la dinámica del empleo. Entre 2001 y 2021 se crearon en el país 5.4 millones de empleos, pero de estos solo 316.000 (menos del 6%) fueron en la zona rural. La tasa anual de crecimiento del número de ocupados en las ciudades fue del 42%, mientras que en el campo fue de solo 7.1%
Tan bajo crecimiento de la población total y de los trabajadores no se debe a que el sector agrícola se haya estancado, pues en estas dos décadas el PIB agrícola creció 65%. En solo los últimos 10 años el área sembrada se expandió de 2.9 a 4.6 millones de hectáreas; así mismo, área destinada a ganadería pasó de 29 a 39 millones de hectáreas. Se está produciendo mucho más en el campo con menos trabajadores, lo cual equivale a un importante aumento de la productividad laboral que no se ha visto reflejado en los salarios.
Por la calidad de vida de los campesinos
La realidad que se experimenta en casi todo el sector rural es una escasez de mano de obra. Los cultivadores de café, de palma o de cacao, lo mismo que los ganaderos manifiestan las dificultades que están teniendo para conseguir trabajadores para las labores de cosecha, a pesar de la presencia de migrantes venezolanos que han aumentado un poco la oferta de mano de obra.
No es difícil entender por qué los jóvenes campesinos prefieren buscar en las ciudades otras oportunidades de trabajo en lugar de las labores a sol y agua que realizaron sus padres y abuelos. No solo es la posibilidad de obtener un mejor salario, que no siempre se da pues muchas veces solo logran empleos informales, sino sobre todo la calidad de vida por los servicios que encuentran en la ciudad.
Cuando han conformado una familia y tienen hijos, saben que en la ciudad tienen posibilidad de obtener vivienda propia con los subsidios públicos, así como acceso a mejores escuelas donde los niños no tienen que caminar kilómetros diarios, y servicios de salud mucho más completos que los precarios puestos de salud de sus veredas.
Ante esta realidad es indispensable incluir como uno de los elementos de la reforma agraria la provisión de bienes públicos que mejoren la calidad de vida de los campesinos. No es suficiente que tengan un pedazo de tierra propia o que logren mayores ingresos en sus proyectos productivos; tampoco que tengan oportunidades de trabajo decente como mejores salarios y prestaciones sociales.
Vivienda digna, educación de calidad para sus hijos y acceso a servicios de salud son elementos esenciales para que los campesinos, en particular los jóvenes quieran permanecer en el campo. Es obligación prioritaria del Estado de ofrecer estos bienes públicos en todo el sector rural del país, para no terminar en una reforma agraria que sea exitosa en resolver la injusticia de campesinos sin tierra, pero que lleve a una situación de tierra sin campesinos.
