
El gobierno de Iván Duque permitió que hubiera corrupción con los bienes de la mafia en Colombia. Y no solo con aquellos inmuebles incautados en procesos de extinción de dominio, que son los que administra la Sociedad de Activos Especiales, (SAE), sino también con los que tiene a cargo el Fondo para la Reparación a las Víctimas.
Lo que se ha encontrado hasta ahora es solo la punta del iceberg de una conducta con la que se enriquecieron unos pocos, que contaron con la ayuda y complicidad de funcionarios públicos, políticos y gente de mucho poder. Los mafiosos se volvieron a apoderar de bienes que ya les habían quitado y el gobierno anterior no hizo nada para evitarlo, por el contrario, los ayudó.
Hace un par de semanas, el presidente Gustavo Petro advirtió que después de mirar por debajo del tapete de la SAE se evidenció que estamos ante uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de nuestro país. A eso hay que sumarle, ahora, lo que se descubrió en el interior del fondo que administra los bienes incautados a narcotraficantes y paramilitares, entre otros, con el fin de reparar a las víctimas del conflicto colombiano.
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