El gobierno de Iván Duque permitió que hubiera corrupción con los bienes de la mafia en Colombia. Y no solo con aquellos inmuebles incautados en procesos de extinción de dominio, que son los que administra la Sociedad de Activos Especiales, (SAE), sino también con los que tiene a cargo el Fondo para la Reparación a las Víctimas.
Lo que se ha encontrado hasta ahora es solo la punta del iceberg de una conducta con la que se enriquecieron unos pocos, que contaron con la ayuda y complicidad de funcionarios públicos, políticos y gente de mucho poder. Los mafiosos se volvieron a apoderar de bienes que ya les habían quitado y el gobierno anterior no hizo nada para evitarlo, por el contrario, los ayudó.
Hace un par de semanas, el presidente Gustavo Petro advirtió que después de mirar por debajo del tapete de la SAE se evidenció que estamos ante uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de nuestro país. A eso hay que sumarle, ahora, lo que se descubrió en el interior del fondo que administra los bienes incautados a narcotraficantes y paramilitares, entre otros, con el fin de reparar a las víctimas del conflicto colombiano.
Investigaciones preliminares revelaron que al menos 43 bienes a cargo de ese fondo, que depende de la Unidad para las Víctimas, fueron puestos en arriendo con unos cánones que se ubican entre los 4.000 y 100.000 pesos colombianos. Sí, 43 lotes, fincas y casas decomisadas a la mafia se entregaron en alquiler por valores que jamás se conseguirían en el mercado nacional.
Es increíble que funcionarios de la Unidad de Víctimas del gobierno anterior no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Aunque era una sola persona la que manejaba en un Excel la información de los bienes que administra el fondo para la reparación, nunca se advirtió que había predios arrendándose a menos de un dólar.
Hasta ahora, la nueva administración ha encontrado que de los 2.400 bienes muebles e inmuebles que tiene el fondo, 900 presentan irregularidades por el precio, por la forma en que se adjudicaron, por estar –en algunos casos– en manos de una misma persona o por tener deudas con la entidad.
Mejor dicho, en ninguno de los casos, los predios están generando riqueza y el rezago es tan grande que, por eso, la nueva directora de la unidad asegura que casi 60 años más tardaría la reparación de las víctimas, a quienes les pertenece la plata por usufructuar esas propiedades.
Pero eso no es todo. En el marco de las averiguaciones que adelanta este nuevo Gobierno también se descubrió que hay miembros de 13 familias trabajando en ese fondo. Son 31 personas que hacen parte de esos núcleos, en su mayoría hermanos, que hoy manejan la entidad al mejor estilo de una dinastía.
Las irregularidades no solo pasan por el valor de los bienes o el nepotismo y las afortunadas familias que trabajan allí. También se encontró que había un contratista que se embolsillaba los recursos de los arriendos de algunos bienes administrados, convirtiendo a las víctimas del conflicto en víctimas de la descarada corrupción de en su supuesta reparación.
La dirección de la unidad ya ha identificado nombres de las personas que estarían involucradas y que incluso ocupaban cargos directivos en esa entidad. Esa información ya está en manos de las autoridades y se espera que hagan las investigaciones correspondientes.
Así como también se espera que se actúe en el caso de las denuncias dentro de la SAE, en donde se han encontrado irregularidades en más de 16.000 inmuebles registrados, de los 28.343 que están en el inventario de esa sociedad.
La Contraloría ya le puso la lupa a ese escándalo y evidenció que más de la mitad de los bienes que administra la SAE, (57,7 por ciento) no cuentan con información completa para conocer su valor real, generando riesgos fiscales y de corrupción.
Pero, además, hay un incumplimiento en las normas internas de los depositarios, que son esas personas encargadas de cuidar los predios. Esto ha permitido que se concentren muchos bienes en manos de un mismo administrador, lo que es prohibido por la ley.
Esta columna conoció que uno de los casos que investiga la SAE es una operación de extinción de dominio que se llevó a cabo este año en los departamentos de Córdoba y Atlántico. Allí, se incautaron por parte de la Fiscalía más de 1.600 millones de pesos que estaban en poder de la mafia.
No obstante, en tiempo récord, es decir, solo dos horas después del operativo, la SAE designó a los depositarios encargados de administrar plata decomisada y esas personas, sin ni siquiera verificar el inventario que dejó registrado el órgano judicial, tomaron posesión de los recursos con resolución en mano y de manera inmediata.
Posteriormente, en los informes que aparecieron en la SAE sobre los dineros incautados, se encontró que esos depositarios solo reportaron un poco más de 300 millones de pesos. ¿Qué pasó con los otros 1.300 millones?, ¿la SAE nunca verificó cuánto incautó la Fiscalía?
Ese es apenas uno de los modus operandi que se están destapando en el interior de esa entidad. Como el caso mencionado hay muchos otros en los que se desaparecieron dineros o, peor aún, bienes y predios que se iban dejando en manos de la Sociedad de Activos Especiales.
Es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y encuentren ya mismo a los responsables de estos hechos en la SAE y la Unidad para las Víctimas. Huele muy feo todo lo que hizo el gobierno anterior con esas dos entidades y ya es hora de ponerles freno a las mafias, que gracias a funcionarios corruptos, siguen haciendo de las suyas en Colombia.
