Esta es la historia de otra dolorosa razón por la cual Concepción ‘Concha’ Baracaldo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), debería renunciar. Debate que se nos refundió con la agitación de las fiestas de fin de año pero que, por la seguridad de los niños y menores, debemos retomar.
No solo por ser una corbata de la primera dama, Verónica Alcocer, o por su falta de experiencia en el sector. No. Ni tampoco por la preocupante situación de desnutrición infantil que se documentó en La Guajira a finales del año pasado. Crisis que hasta ahora ha dejado más de 20 niños wayuus muertos en lo que va de este gobierno.
La señora Baracaldo también debería renunciar por lo que está sucediendo en el Guaviare. Vamos a eso. Según los datos oficiales, la seccional del ICBF en ese departamento recibe cuatro denuncias a la semana de abusos sexuales contra menores. Cuatro a la semana. Son 16 al mes. Son 192 niñas al año a quienes les roban su infancia, la inocencia y la posibilidad de una vida sana mentalmente o una salud sexual sosegada. Y esos son únicamente los casos que se denuncian o se documentan.
Otra estadística oficial que quiebra el alma es la edad de las niñas que son obligadas a una vida de servicios sexuales por la crisis alimentaria de la zona. Chiquillas entre los 7 y 15 años, principalmente provenientes de las etnias indígenas nukak y jiw, son forzadas a canjear sus pueriles cuerpos por dinero. O en algunos casos por algo para comer.
Todo esto pasa en una calle conocida como la 40 en la ciudad de San José del Guaviare, a orillas del río principal, y a tan solo cinco cuadras de la seccional local del ICBF. Ante los ojos de todos los habitantes y las autoridades, estas niñas son obligadas a prostituirse a cambio de 10.000 pesos, o comida y guarapo, o una dosis de Bóxer, el pegante químico que inhalan para confundir el hambre.
Acá va lo peor. La mayoría de los clientes son militares desplegados en los batallones cercanos a los asentamientos nativos. El resultado inmediato: el 20 por ciento de los embarazos del hospital principal de la ciudad son de indígenas menores de edad. Y el resultado a largo plazo: miles de vidas destruidas, de pequeñas que son víctimas hace muchos años de la negligencia del Estado.
Todos estos datos hacen parte de una impresionante investigación del periodista Gerardo Reyes, para Univisión, titulada “La ley de la selva”. La escalofriante historia muestra que el asedio a las menores parece tan común en la ciudad, que un aviso oficial en uno de los bares de la 40 recuerda a los clientes que es delito violar a un menor. Como si fuera necesario el recorderis.
Reyes cuenta que la mayoría de las niñas indígenas en las calles de San José del Guaviare no saben hablar español. Lo único que logran pedir en un idioma cortado es pan y gaseosa. Los hombres que las abordan se refieren a los encuentros sexuales con ellas como “makusear” que viene de nukak-makú, el nombre completo de la tribu nómada a la que pertenecen algunas de las víctimas. Se trata de la última tribu de cazadores recolectores del continente americano y fueron los últimos pueblos nómadas no contactados de la selva del Amazonas para los cuales existe evidencia científica, documentada por el Smithsonian Institution en 1981. Así tratamos nuestro patrimonio ancestral y cultural.
La investigación profundiza en varios horribles casos. Uno de ellos es de una indígena de 15 años que fue raptada de un baño público de San José por varios soldados en agosto de 2019. De acuerdo con la revista Raya, que tuvo acceso al testimonio de la menor, los uniformados la encerraron en un lugar donde dormían y allí la violaron durante cuatro días sin recibir alimentos. La adolescente logró escapar de sus raptores para vivir una vida en la que, tristemente, sigue secuestrada de manera emocional.
Al año siguiente del episodio, el entonces jefe del Ejército, general Eduardo Zapateiro, reconoció que esa institución estaba investigando a 118 de sus miembros involucrados en abusos y violaciones sexuales en varias regiones del país, incluido el Guaviare. Las investigaciones, evidentemente, no han llegado a nada y hoy, a enero de 2023, no hay condena alguna por estos hechos. ¡Ajúa!
La investigación de Reyes continuó a un lugar más oscuro, en el que pudo determinar que la Fiscalía mantiene bajo completo hermetismo otra investigación sobre el caso de la violación por parte de un soldado estadounidense a una niña nukak de 10 años. Como lo leyeron, ¡10 años!
La historia cuenta que, en 2019, la menor dio a luz a un bebé en el hospital de San José del Guaviare. La pequeña niña fue llevada a la clínica por un familiar, que la encontró a la orilla de la vertiente del río cercana al resguardo indígena. Ella intentaba abortar el resultado de la violación en su contra.
Reyes documentó que la niña dio a luz por cesárea a un bebé, a quien no tuvo la fortaleza, ni siquiera, de darle pecho, porque estaba en shock y porque, al ser otra niña, no tenía la capacidad de entender lo que estaba ocurriendo.
Una característica del bebé llamó mucho la atención de los locales. Era un niño de rasgos indígenas con ojos verdes color esmeralda. Una rareza en la zona. Eso llevó a que la menor tuviera que contar que había quedado embarazada de un militar “gringo” que estaba en las instalaciones de un batallón cercano al asentamiento.
Este caso fue expuesto ante la opinión pública en octubre de 2021 por la periodista Natalia Pedraza del diario El Espectador, quien realizó una denuncia sobre los hechos, en la que pudo documentar, con fuentes de la zona, que el militar estadounidense había embaucado a la menor ofreciéndole una ración de comida para, posteriormente, violarla varias veces hasta dejarla mal herida.
Recordemos, que la niña tenía 10 años cuando dio a luz. Por eso, ella y su hijo quedaron bajo custodia del ICBF como lo prevé la ley. Y como también lo prevé la ley, no solo aquí sino en Estados Unidos, el militar estadounidense, como los otros soldados involucrados en violaciones de menores indígenas en la zona, deberían recibir, por lo menos, de 12 a 20 años de cárcel. Pero nada ha pasado hasta ahora.
El trabajo periodístico pudo llegar hasta la directora seccional de la Fiscalía en Guaviare, Isabel León, quien estableció que, en la investigación en contra del militar gringo, aún se encuentra activa, pero no se han formulado cargos. “Es un caso en el que la señora vicefiscal ha estado al tanto de la situación, han estado haciendo todas las indagaciones pertinentes”. Eso no dice nada.
En especial porque no es la primera vez que personal militar de Estados Unidos se ve involucrado en señalamientos de abusos sexual a menores en Colombia. En 2015 Univisión evidenció el caso de una menor de 12 años que fue violada por parte de un sargento y un contratista del Ejército estadounidense en una base militar de la ciudad de Melgar en el año 2007.
A raíz de ese caso, se creó una comisión conjunta en el marco de las conversaciones de paz en La Habana con líderes de las Farc. La comisión preparó un reporte en el que se reveló que por lo menos 53 menores han sido presuntamente víctimas de abusos sexuales por parte de personal militar de Estados Unidos y contratistas privados. Esto, viniendo de un país cuyo expresidente y ahora nuevamente candidato presidencial, Donald Trump, lanzó con bombos y platillos su campaña en 2016 acusando a los inmigrantes latinoamericanos de ser violadores.
No existen condenas por estos casos. Y pese a que es un problema histórico, la actual dirección del ICBF debería liderar los esfuerzos para prevenir estas situaciones y acompañar los procesos para llevar a la justicia a los culpables. Alguien debe pagar por estos delitos. Por ahora las únicas que lo han hecho son menores indígenas, que terminan soportando esta crisis con sus cuerpos, su traumático pasado, su cruel y doloroso presente y su incierto futuro.
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