Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.
Crédito: Colprensa.
¿Por qué los expertos dicen que el aumento de la UPC es insuficiente?
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El Ministerio de Salud fijó el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en una cifra menor a la que pedían los gremios. El Gobierno sostiene que fue una decisión para “proteger los recursos del sector”, pero los expertos señalan que un aumento tan ajustado “afectará a los pacientes”. ¿Por qué?
Por: Claudia M. Quintero
La Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 quedó en 5,36 por ciento, pese a que los gremios de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) pedían un aumento de cerca del 16 por ciento. Es decir, el Ministerio de Salud no aumentó ni la mitad de lo que reclamaban en el sector.
¿Por qué es clave la UPC en el sistema de Salud? Porque este es el valor anual que reciben las EPS por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud. Esos recursos se deben destinar a cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio en Salud (POS) en los regímenes contributivo y subsidiado. En palabras más sencillas, son los recursos que se giran para que las EPS cubran los servicios de atención a cada persona que está afiliada.
Ese valor, que suele tener modificaciones cada año, se calcula con base en la información que envían las mismas EPS y se tienen en cuenta los usos, costos de los servicios y de los medicamentos, según el mismo Ministerio de Salud.
¿Qué pasa con el aumento de 5,36 por ciento para 2025?
Para este año que recién comienza, el Ministerio de Salud no tuvo en cuenta la información que enviaron las EPS, porque señalaron que era de “baja calidad, tenía poca confiabilidad y tenía inconsistencias”. En ese sentido, el valor de la UPC subió teniendo en cuenta la inflación a noviembre de 2024, la actualización en servicios y tecnologías en salud.
Uno de los reclamos de las EPS, clínicas, hospitales y expertos es que históricamente el valor de la UPC no ha alcanzado para cubrir los servicios y que, en medio de un contexto de crisis financiera como el que atraviesa el sector, ese monto es “demasiado bajo” y acentúa el problema.
El reclamo de los gremios y la defensa del Gobierno
De acuerdo con Ana María Vesga, presidenta de Acemi –gremio de las EPS del régimen contributivo–, esa decisión “pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes”, porque no se tuvieron en cuenta los informes técnicos que envían las promotoras.
Además, Vesga mencionó que no alcanzará el dinero para cubrir la atención de los colombianos y el déficit que hay para 2025 es ya de 9 billones de pesos.
Según cifras de la vicepresidencia de salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), para cubrir el déficit de 2025 era necesario que el valor de la UPC aumentara cerca del 16 por ciento. No obstante, la cifra que fijó el Ministerio de Salud es mucho menor. De acuerdo con la asociación, esa decisión pondrá a los pacientes a enfrentar situaciones complejas.
Ante las críticas, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, defendió el anuncio de la cartera y explicó que en los reportes de las EPS hubo una serie de inconsistencias. “Hubo un crecimiento abrupto de los valores y frecuencias de uso, que no guarda consistencias con los datos históricos de uso ni con el perfil epidemiológico del país. Además, EPS que certificaron el gasto aún no tienen cerrado financieramente el año 2023. Otra cosa que se evidencia es que se pagaron precios a medicamentos por encima del que está establecido”, dijo.
De acuerdo con Martínez, por eso la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento del Ministerio recomendó establecer una UPC cercana al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Los pacientes, los más afectados: los argumentos de los expertos para decir que fue una mala decisión
Para los expertos en el sector, es claro que el Ministerio de Salud se equivocó. Aunque destacan que es válido intentar proteger los recursos para el sector, dicen que en 2025 se afectará la prestación de los servicios.
Fernando Ruiz, exministro de Salud aseguró que el mismo Gobierno es culpable de que las EPS no hayan entregado la información correspondiente. Esto porque el Gobierno tiene al menos siete EPS intervenidas y no puede entenderse que las promotoras que ellos mismos administran no entreguen la información correctamente.
El exministro dijo que también hubo una muy mala gestión de datos por parte de la cartera. “Como ejemplo, los pacientes de costo anual de más de 100 millones de pesos no fueron incluidos en toda la estimación del cálculo, la malla de validación que utilizó el ministerio quitó el alto costo. Sura, por ejemplo, no pasó esos usuarios. Además, los pacientes que cambiaron de EPS no fueron adecuadamente evaluados”, explicó.
En esa medida, sin una gestión de datos y con una UPC muy por debajo de lo que se requiere, lo que va a ocurrir es que se va a tener “un mayor desabastecimiento de medicamentos, menor acceso a las tecnologías, problemas de pago a las IPS y, seguramente, lo que se va a experimentar son listas de espera para acceder a los servicios”, dice Ruiz.
Johnattan García Ruiz, colaborador asociado del Departamento de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de Harvard y profesor de la Universidad de los Andes, le explicó a este medio que, en el contexto actual, el bajo aumento de la UPC también es un tiro al pie a las finanzas del Estado. ¿Por qué?
Según García Ruiz, el Estado es responsable de las EPS intervenidas –que tienen más del 50 por ciento de la población del país– En esa medida, ese recorte que hace el Estado es también un tiro en el pie, porque está sacrificando su propia posibilidad de prestar los servicios adecuados.
Además, otro efecto negativo de esa decisión es que se genera una contracción del sistema. Esto en la medida en que los prestadores, que son las clínicas y hospitales, podrían dejar de confiar en las EPS y reducir los riesgos al máximo. “Si antes hacía 20 cirugías, ahora voy a hacer 10. Si antes daba tantas citas, voy a ir reduciéndolas de a poco (…) Si no me puedo arriesgar, me toca dejar de contratar personas, dejar de prestar servicios, etcétera”, explicó García.
Además, Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional y directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la institución, coincidió en que ese aumento genera enormes riesgos. Primero, dijo, porque el déficit que tiene el sistema es mucho más grande que el ajuste que se le hizo a la UPC. Entonces, es poco probable que las EPS puedan encontrar un equilibrio y eso puede poner en riesgo la atención, como se ha evidenciado en los últimos meses.
Ella, por ejemplo, destacó que el Gobierno cuestione el manejo que las EPS hacen de los recursos, pero también dice que es cierto que la demanda de los servicios genera un aumento de atenciones que desde el ministerio no se está considerando.
Además de esos efectos, Andrés Vecino, profesor, investigador en la Universidad John Hopkins y experto en salud, mencionó otro factor negativo de esa decisión. “Las entidades privadas que prestan servicios de salud tienen la potestad de subirles el salario a los trabajadores en cualquier momento o, incluso, no hacerlo. Los hospitales públicos, en cambio, sí deben aumentar el salario. Entonces, el gasto aumenta y los recursos siguen sin ser suficientes”.
Hay voces que afirman que el Gobierno es completamente consciente de la “mala” decisión que tomó y de los efectos de la misma sobre los pacientes. Sin embargo, lo hacen “para acelerar la actual crisis del sistema e imponer su modelo de estatización de la salud vía la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, como señaló Luis Jorge Hernández, coordinador del Observatorio de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes.
En todo caso, el mismo presidente Gustavo Petro insiste en que los recursos que se les gira a las EPS son suficientes y que si la inflación crecerá solo el 3 por ciento, es completamente válido que la UPC suba el 5,36 por ciento.
