El escándalo de la UNGRD salpica a la Casa de Nariño: ¿cuál será el costo político para el petrismo?

El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha llegado a la Casa de Nariño y afecta de manera inquietante al despacho del presidente de la república, Gustavo Petro Urrego. Hasta ahora, el mandatario había asegurado que lo conocido solo eran “versiones malintencionadas” de la prensa.

Sin embargo, desde el jueves, cuando se produjo la imputación de cargos al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y al exsubdirector para el Manejo de Desastres de la entidad, Sneyder Pinilla, los acontecimientos se han desarrollado a un ritmo frenético. Ese día, la Fiscalía no solo le dio credibilidad a las confesiones de ambos, sino que afirmó que se montó una “organización criminal” y señaló con nombre propio a funcionarios de altísima confianza del presidente Petro.

Uno de ellos es Carlos Ramón González, quien, menos de 24 horas después, en la mañana del viernes, tuvo que renunciar a su cargo como jefe de la poderosísima Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Para la época de los hechos, era la mano derecha de Petro, con oficina adyacente a la del despacho presidencial, en su condición de director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), cargo que hoy ostenta Laura Sarabia.

Según la matriz de colaboración de López y Pinilla, fue González, como director del Dapre, quien citó a una reunión en Palacio a la que asistieron varios ministros. De esta cita salió la orden de que debían entregar contratos a congresistas. Él mismo habría ordenado cómo, cuánto y a quién debían realizarse los millonarios giros de los recursos públicos.

El otro es Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, responsable de las finanzas del país, quien por estos días prepara un proyecto de reforma tributaria. ¿Con qué autoridad les va a exigir a los colombianos que de nuevo se echen la mano al bolsillo cuando sobre sus hombros gravita la acusación de haber desviado miles de millones? ¿Con qué argumento va a sentarse en los organismos internacionales a pedir préstamos para cuadrar las cuentas en Colombia? De este nivel son las consecuencias de este caso en el aspecto económico.

Los efectos se sentirán tanto en la Presidencia como en el Congreso

Pero hay más. Tendrá efectos jurídicos y políticos tanto en la Presidencia como en el Congreso. En cuanto a la Presidencia, Petro ya se había adelantado a pedir perdón al asumir que fue él quien nombró a López y al invitar a hacer una reflexión de cómo la “cultura de la corrupción” había penetrado incluso a la izquierda.

“Los efectos son devastadores”, dice desde Barranquilla Ángel Tuirán Sarmiento, analista de la Universidad del Norte. “En un primer momento, estarán relacionados con la pérdida de credibilidad del presidente y su gobierno, principalmente en temas de lucha contra la corrupción. En un segundo, podrían esperarse efectos políticos, relacionados con la renuncia del ministro de Hacienda, y un tercer posible impacto en el largo plazo, se daría en el campo penal, con condenas a funcionarios del actual gobierno”.

Como dice desde Cali el analista Diego Arias: “Lamentablemente este gobierno ha causado desilusión en muchos aspectos, pero lo que nadie siquiera imaginó sería que en algún momento sus funcionarios más destacados terminarían siendo llevados a la cárcel”.

Las afirmaciones de la Fiscalía evidencian que no se trató de un solo individuo corrupto, sino de una organización a gran escala que requiere la participación de muchas personas. No es posible que se limite a dos o tres funcionarios, dado el nivel necesario para manejar tal cantidad de contratos.

Aunque todo comenzó en febrero, cuando se reveló cómo, pasando por encima de la ley, se usaron 46.800 millones de pesos en la compra por parte de la UNGRD de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, hoy esas cifras son irrisorias comparadas con la plata que se manejó luego para ser distribuida por distintos municipios del país con el fin de satisfacer el apetito de los congresistas que patrocinarían los proyectos del gobierno. En total, hay una lista de 30 involucrados: seis altos funcionarios del Gobierno, de estos cuatro ministros, otros cinco de rango medio y nueve congresistas. Entre estos, nada más y nada menos que Iván Name y Andrés Calle, los salientes presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. ¿Para tramitar sus reformas, el Gobierno recurrió a tan censurables prácticas? El latigazo a la credibilidad del Legislativo cuando recién inicia sesiones tendrá eco cada día.

Así mismo, la jornada del jueves marca un antes y un después, porque las críticas que hasta ahora se habían hecho en contra de la recientemente electa fiscal Luz Adriana Camargo, de que era una funcionaria de bolsillo, quedaron disipadas. “Fue una audiencia de imputación a los dos principales sindicados del escándalo de corrupción, López y Pinilla. Sin embargo, en la diligencia se señaló con muchos más detalles lo que ya se conocía: el supuesto entramado de corrupción que no solo estaba destinado a enriquecer a dichos funcionarios, sino que, por lo que se menciona en la audiencia, se habrían destinado recursos a congresistas para trámites de reformas, con la participación de funcionarios del primer círculo del presidente”, dice el analista Gabriel Cifuentes.

La UNGRD siempre al filo de la navaja por el billete

Todo a través de la UNGRD, una entidad que, históricamente, ha sido muy susceptible a la corrupción, porque tiene manejo de fondos de emergencia, lo que supone manejar dinero en efectivo. Esto hace que sea muy fácil mover grandes cantidades de dinero, como sucedió en este caso con los carrotanques, que, a propósito, hoy se están pudriendo entre la arena y la brisa marina, mientras los niños se siguen muriendo de sed. ¿Se imaginó alguno de los votantes que genuinamente fueron a las urnas esperando un cambio en los vicios políticos tradicionales ver esta escena?

Carlos Ramón González es amigo personal de Petro desde que compartieron militancia en el M-19, cuando se hacía llamar “Mario Santander” y era el escolta de Jaime Bateman Cayón, máximo comandante de esa organización cuando irrumpió como movimiento alzado en armas. Tras su desmovilización, González ha sido mencionado en múltiples escándalos mientras en simultánea se dedicaba a la actividad partidista. “Mi posición en este cargo se hace políticamente insostenible e incompatible con cualquier investigación", reconoció en su carta de renuncia.

Hasta ahora, él siempre había manejado el poder tras las bambalinas. Con este escándalo, quedó expuesto de manera significativa frente al país. Conocido como el hombre que manejaba los hilos burocráticos del partido Alianza Verde, es quien firma los avales. Por eso, muchos de los congresistas están en deuda con él.

En este caso también debe responder Sandra Ortiz, designada por Petro en mayo de 2023 como consejera presidencial para las regiones. Ella, junto con Name y González, son del Partido Verde, como lo es el nuevo presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. El daño para la colectividad es natural. “Desde el mes de mayo, cuando estalló el escándalo de la UNGRD, fuimos enfáticos en que el partido debía apartar a la señora Sandra Ortiz e Iván Name de la militancia del Partido Verde. Debían ser expulsados”, dijo el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila.

González es, además, el protagonista reciente de varios ruidos alrededor de las chuzadas, otro escándalo que ha surgido en este gobierno. Su salida equivale a la marcha intempestiva del funcionario de mayor nivel de esta administración en medio de la tormenta de un caso de corrupción pensado y puesto en marcha por alfiles del primer mandatario. No se trata de una caída urdida por la oposición ni nada similar. Es un incendio provocado desde adentro.

“La caída de Carlos Ramón González, mano derecha de Petro, dueño del Partido Verde, ratifica que el sistema político está gangrenado por la corrupción, que es el sistema. Los presidentes se hacen elegir y terminan sobornando a las bandas criminales de extorsionistas del Congreso”, dice el analista Juan Carlos Flórez.

El complejo futuro del ministro Bonilla

Por eso, las implicaciones en el orden político van a ir en aumento. Aunque la salida de González es sonora, también es cierto que ha sido un hombre poco mediático cuyo nombre no le dice mucho a la mayoría de los colombianos. Es más grave, posiblemente, por lo que representa Bonilla. Según la Fiscalía, el ministro de Hacienda desvió contratos para favorecer justamente a los congresistas que pertenecen a la Comisión de Crédito Público.

Sería al menos una coincidencia muy desafortunada si no fuera cierto que el ministro tenía plena conciencia de que esto se estaba haciendo. “Yo no he hecho nada ilegal”, ha dicho Bonilla, quien califica el caso como “un espectáculo” y en consecuencia “yo no me presto para espectáculos”.

Es difícil encontrar en la historia reciente un señalamiento de estas dimensiones contra un ministro de Hacienda. Ni siquiera con los bonos de agua de Alberto Carrasquilla, un escándalo que ocurrió posterior a su paso por el Ministerio de Hacienda, en la primera vez que fue ministro. Por eso, la tacha sobre Bonilla es mayúscula, pese a que muchas personas hayan salido en su defensa al considerarlo transparente. Le valoran, también, que ha hecho bien su trabajo. “Es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, dijo el nuevo presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador y uno de sus opositores.

“Con mi equipo jurídico, sigo con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía General de la Nación para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos. Espero con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia porque mis actos se defienden solos”, reitera Bonilla.

Por si esto no fuera suficiente, también apareció el nombre de Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, que se perfilaba como uno de quienes aspiraban a liderar el Pacto Histórico en un futuro cercano. Romero hasta ahora había dicho que no hizo recomendaciones, pero los chats revelados muestran que en efecto sí envió esas hojas de vida y que muy poco tiempo después de que lo hiciera Olmedo vinculó a varias de las personas de su círculo de confianza en la UNGRD. “Tienen huevo”, respondió el diplomático en su defensa.

“Las informaciones son muy comprometedoras y le hacen mucho daño al gobierno. Se ve mancillada su legitimidad, se afecta su gobernabilidad, traslada el debate público a un lugar muy incómodo para el gobierno, que se ve obligado a defenderse”, asegura el analista Cifuentes. “Los nuevos elementos aportados por la Fiscalía generan un panorama mucho más complejo en cuanto a la gobernabilidad de una administración que se eligió con una promesa de cambio”, dice María Jimena Escandón, especialista en Derecho Constitucional Comparado y Ciencia Política del Centro de Estudios y Constitucionales en España.

“La identificación del entonces director del Dapre, así como del ministro de Hacienda, como determinadores de los pagos en el marco de una empresa criminal, genera desconcierto e incertidumbre, a la vez que desdibuja el mensaje enviado por el presidente en la instalación de la tercera legislatura en el congreso, al momento de pedir perdón y hacer un llamado de unidad”, agrega Escandón.

Un escándalo que supera al de Nicolás Petro

Por todo lo anterior, este escándalo es mayor que el de Nicolás Petro, porque en ese no ha habido una demostración de que el presidente de la república captara dineros con personas del bajo mundo para su campaña, sino que fue su hijo quien utilizó su nombre y la campaña para quedarse con millonarios recursos.

¿Es posible, como sostiene el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, otro de los involucrados, que todo esto obedezca a un montaje hecho exclusivamente por Olmedo y Sneyder? Será la justicia la que lo determine, pero ¿qué sacan ellos con involucrar a tantas personas cuando son conscientes de que sus versiones deben ser apegadas a la verdad o pierden cualquier posibilidad de negociar con la Fiscalía y, por el contrario, para hablar en términos populares "se les puede ir más hondo"?

Hacia el futuro, el escenario electoral pinta un horizonte oscuro para el Pacto Histórico. Es difícil, en estos momentos, que el electorado vuelva a darle su respaldo a esta colectividad. “La afectación es enorme a la legitimidad del proyecto político. No hay que olvidar que una de las banderas centrales de Petro y el Pacto Histórico es acabar con la corrupción. Parece ser que el discurso contra la corrupción visto así se quedó solo en eso: en palabras. La repercusión se sentirá con fuerza en los dos años de gobierno que le quedan a Petro”, dice desde Medellín Adrián Restrepo Parra, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Antioquia.

“Si le salen más escándalos de ese tipo, se va a volver difícil terminar su gobierno de manera tranquila, y en especial en el último año, un periodo electoral. Será una bandera de campañas decir que el gobierno del cambio no cambió nada de la corrupción y que hasta la profundizó”, dice este docente. “Este escándalo afecta el proyecto político de la izquierda y, sin duda, será capitalizado por la oposición en la carrera a la presidencia, que ya inició, para el 2026”, opina Escandón.

“El escándalo le da munición a la oposición y se anticipa que se vendrán muchos debates de control político, moción de censura, y en general actividad parlamentaria donde este tema ocupará un espacio importante, en contraste con el que necesita el gobierno para tramitar sus reformas”, añade Cifuentes. De hecho, el viernes el exfiscal Francisco Barbosa adelantó en Caracol Radio su pronóstico: “Los costos son enormes para el Gobierno. Esto le cuesta la elección de 2026 sin ninguna duda a todo su movimiento político. Estamos hablando de que en la audiencia la representante de la Fiscalía habló sobre un aparato criminal pendiente de enviar dineros del Estado involucrando funcionarios de muy alto nivel”.

Aunque el caso tocó ya las puertas del despacho del presidente Petro, hay que ser categóricos en afirmar que, si bien se han relacionado altos funcionarios, no hay una mención directa a que en algún momento el mandatario hubiera dado una orden de violar la ley. Eso no quiere decir que no afecte su imagen, aunque también depende de lo que él haga a partir de ahora. Petro ha labrado buena parte de su capital político en la lucha contra la corrupción. De hecho, cuando Samuel Moreno fue alcalde de Bogotá y maniobró para montar el Carrusel de la Contratación, Petro no solo se desligó del Polo sino que fue uno de los principales denunciantes.

¿Cómo va a actuar ahora, con todos estos elementos sobre la mesa? Un buen paso fue el dado ante la renuncia de González: “Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país”, dijo el presidente Petro desde París. “Para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es la separación de su cargo”.

Ahora, en medio de tan agitada situación, es preciso que la justicia opere sin presiones, sin dilaciones, respetando el debido proceso y que sea esta la que dicte una sentencia definitiva.