¿Es inconstitucional la decisión del Consejo Nacional Electoral?

La fuerte discusión política en Colombia tiene hoy múltiples preguntas precisas que, a su vez, generan contradictorias respuestas: ¿La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el presidente Gustavo Petro por, presuntamente, haber violado los topes de financiación durante su campaña electoral en las elecciones presidenciales de 2022, es inconstitucional? ¿Este organismo debió remitir el asunto a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes? ¿Cuál es el alcance del llamado al pueblo para que se movilice, hecho por el presidente y en simultánea ordenar a la fuerza pública que no ataque a la población civil?

A pesar de que estos interrogantes caldean el debate, en el CNE predomina un ambiente de tranquilidad. “Nosotros actuamos en derecho y no al ritmo de las redes sociales”, le dijo a CAMBIO su presidente, César Lorduy.

Para él, la discusión está saldada por las sentencias de la Corte Constitucional y los cuatro pronunciamientos hechos este año por parte del Consejo de Estado, en los que se reafirma la competencia del CNE para investigar posibles violaciones a los topes de financiación en la campaña presidencial del actual mandatario.

Sin embargo, aclara que el CNE no tiene la facultad para sancionar con la pérdida del cargo al presidente. La última sentencia del Consejo de Estado en este sentido se produjo el 6 de agosto de este año.

Petro habla de la "trampa" de Lorduy

Según el presidente Petro, esta conclusión es “una trampa” por parte de Lorduy. “Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional”, dijo el mandatario en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter).

“Es un prevaricato que busca provocar un golpe parlamentario. No se me acusará de ningún delito que no he cometido; se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña. La estrategia la planteó explícitamente Néstor Humberto Martínez, copartidario del señor Lorduy y de Germán Vargas Lleras”, aseguró Petro. “Se trata de un golpe de Estado con pruebas falsas”, agregó el presidente.

En el CNE insisten que la discusión debe darse sobre los hechos de posibles delitos: ¿Se violaron o no los topes de la campaña? ¿En cuánto? ¿Qué dicen las facturas? Sin embargo, en una nación de juristas donde nada es blanco o negro, esta frontera ya se perdió.

La abogada y columnista Ana Bejarano Ricaurte considera que la “decisión es inconstitucional” y que “si el CNE consideró que debía investigarse al candidato, debió remitir el asunto a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la única habilitada para investigar al presidente”.

Mientras tanto, la también abogada María Jimena Escandón opinó lo contrario: “No creo que la decisión del CNE sea inconstitucional”.

Según ella, la apertura de la investigación es la etapa inicial y, solo en caso de que se determine una extralimitación en los topes, se compulsarán copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y posteriormente –si es el caso– a las plenarias de Cámara y Senado, como jueces naturales del mandatario.

¿Quién es el juez natural del presidente?

Por su parte, el abogado Gabriel Cifuentes cree que el CNE sí tiene competencia para investigar la campaña, a los responsables y al candidato. “Sin embargo, constitucionalmente el artículo 178 establece que el juez natural del presidente (ya no candidato porque no es presidente electo, sino presidente en ejercicio), le corresponde en todos los niveles a la Comisión de Acusaciones”, dijo.

Cifuentes no cree que el concepto del Consejo de Estado suplante la norma constitucional ni lo que la Corte Constitucional ha denominado fuero integral. Eso bajo ningún supuesto equivale a decir que no se deba investigar. Claro que sí, pero al presidente lo investiga la Comisión de Acusaciones, que bien puede recibir la información del CNE y proceder sobre la base de las mismas evidencias que encuentre la instancia electoral.

Para Cifuentes, imputar cargos directamente al presidente encarna problemas de naturaleza constitucional, eso sin mencionar además la “torpeza política” de una decisión que bien pudo poner en evidencia las irregularidades de la campaña, pero que hoy, por cuenta de la vinculación del presidente al caso, pierde absoluta relevancia.

“La discusión ya no es –como debería ser– que la campaña presidencial se voló los topes e incurrió en conductas que, tanto administrativamente como penalmente, tienen consecuencias, sino que el debate es si al presidente le están desconociendo su fuero y por esa vía tratando de tumbarlo –tesis por lo demás completamente alejada de la realidad–, porque la sanción administrativa que se le impondría no afecta el cargo”, concluyó.

Todo este “bochinche”, como lo definió el senador independiente Humberto de la Calle, se originó por la redacción de la resolución, dijo el docente de la Universidad Javeriana Carlos Arias, en la que se informó al país y que dio pie al presidente Petro para sentenciar: 

“Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la república de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos”.

De la tormenta a la 'Comisión de Absoluciones'

El analista Arias dijo que ese equívoco ha creado esta tormenta. Para él es claro que el presidente tiene fuero constitucional y solo puede ser investigado por lo que él llamó “la comisión de absoluciones”. Esto porque, al final, como ha pasado con todos los presidentes en la historia, no va a pasar nada en esta célula legislativa.

Para el experto en comunicación política Pedro Viveros, lo que debe ocurrir es que las cosas transiten de manera normal en el ámbito institucional.

Dijo que desde que se emitieron sendas sentencias tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, donde se le dio legitimidad a la función del CNE para investigar la parte administrativa de la campaña de 2022, cobra vigencia constitucional dicha misión de esa institución.

En la misma providencia, ambas altas cortes ratifican que, de encontrarse hallazgos de la superación de topes, estos deben ser remitidos al juez natural de las cabezas de dicha campaña: Gustavo Petro, hoy presidente, antes candidato, por su fuero debe ir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y antes gerente de la campaña, a la Fiscalía General de la Nación. Ese debería ser el trámite corriente.

Por tratarse de un asunto en el que el protagonista es el presidente Petro, quien tiene una fuerza indiscutible para movilizar a sus seguidores, este caso naturalmente se ha salido del cauce institucional para llevarlo a las calles.

¿Qué es eso de la asamblea permanente?

“Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Les solicito a todas las organizaciones populares reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la república elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública no levantar una sola arma contra el pueblo”, dijo en su alocución de la noche de este martes.

“Petro es, por encima de todo, con sus aciertos y desaciertos, un gran polemista y un gran tribuno, y le regalan la plaza pública”, dijo Gonzalo Sánchez, profesor emérito de la Universidad Nacional y primer director del Centro Nacional de Memoria Histórica.

En efecto, para varios analistas otro hubiera sido el destino político de Petro si cuando desempeñó la Alcaldía Mayor de Bogotá, el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, no se hubiera empeñado en sacarlo de la vida política.

Enredado en enormes problemas como el manejo de las basuras, la inseguridad y la falta de ejecución, Petro se subió al balcón del Palacio Liévano y todos los días se dirigía a sus seguidores, que armaron campamentos en su defensa. Además, se fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), en Washington, y se erigió en una figura continental. 

El relato que se impuso era que un gris funcionario de la extrema derecha, que quemaba libros, quería ponerle con leguleyadas punto final a la carrera política de un valiente exguerrillero que se había jugado la vida por la democracia y que ahora había dejado las armas para tomar el poder político a través de las urnas.

Petro busca los culpables

La situación en este momento tiene características similares. Se sabe que el presidente Petro se estaba mostrando cada vez más exigente con sus ministros y colaboradores ante la falta de concreción de políticas públicas que beneficien a los ciudadanos, como él lo prometió en campaña. Una presión que ahora va contra el reloj, porque solo le quedan 22 meses.

Hasta ahora, Petro ha sostenido que no ha podido llevar a cabo todo su programa por culpa de una “oligarquía”, “fascista”, de “riquitos”, “blanquitos” que no lo dejan gobernar y que más bien quieren darle un golpe de Estado, como le pasó a Salvador Allende en Chile cuando el general Augusto Pinochet bombardeó La Moneda hasta llevar a la muerte al presidente socialista.

“El presidente irresponsablemente incendia las bases sociales. Él se siente un caudillo y cree que tiene la fuerza y el poder de generar una revuelta social, situación que no va a ocurrir. La orden a la fuerza pública hace parte de su narrativa populista, pero la Constitución Política está por encima del rango presidencial”, dijo la analista Escandón sobre los interrogantes: ¿Qué significa en la alocución del presidente hacer un llamado a la movilización del pueblo y en simultánea ordenar a la fuerza pública no atacar a la población civil?

Para Cifuentes, lo primero es que está en la memoria el estallido social de 2021 con las consecuencias y afectaciones que dejó.

Ese mismo estallido es la base política de Petro, y no podría el presidente hoy, que criticó el abuso de la fuerza pública para controlar las manifestaciones, decir algo distinto, dijo el experto.

¿Saldrá la gente en masa a las calles?

Por otro lado, cree que es un mensaje amenazante entre líneas, ya sea porque se puede anticipar que las movilizaciones sociales puedan llegar a tener dimensiones como las de 2021 (cosa que duda por el desgaste de la calle y el contexto particular que se vive hoy) o porque se tienen en cuenta las consecuencias que pueda dejar la calle y un eventual descontrol de las manifestaciones.

“Creo que el presidente no acierta con la posición que asume. Más que convocar a las masas, debería defenderse –porque argumentos tiene– en el marco de la institucionalidad”, dijo Cifuentes.

Arias se muestra tajante: “Esto es la cúspide de la manipulación política en el escenario mediático. La narrativa de un golpe de Estado inexistente es replicada por políticos, activistas y contratistas que, en diferentes entidades, medios, redes sociales y otras instancias saldrán a tratar de continuar el proyecto político más allá de 2026”. En este caso, advirtió, “el eco de esto va más allá y puede llegar a legitimarse en escenarios como el de la CIDH”.

“Es la desgastada costumbre del presidente de recurrir a victimizarse frente a la legítima y constitucional función de cualquier institución que tenga una posición o una decisión contraria a las radicales posturas ideológicas del mandatario”, dijo Viveros.

De escándalo en escándalo

“Colombia ha sido muy alcahueta con este presidente. Ningún mandatario ha tenido más obsecuencia por parte de los colombianos frente a hechos tan delicados que van desde el orden familiar, de su círculo cercano, de entidades, de embajadores; en fin, un presidente que ha tenido mucha holgura para que ahora agite con su verbo la entereza característica de las Fuerzas Armadas”, afirmó Viveros.

“Cuando el presidente pide “movilización generalizada” y hace un llamado a las “organizaciones populares” para entrar en asamblea permanente, ¿está sugiriendo que las decisiones de las instituciones del Estado pueden o deben ser revertidas por la presión de las calles?”, preguntó el analista Víctor Solano Franco.

“Esa es una pendiente muy peligrosa en cualquier democracia. En todo caso, Petro está armando una tormenta en un vaso de agua. El fallo no pasaría de ser una multa monetaria, pero parece que a él le conviene reiterar que le están haciendo ‘golpe de Estado’”, respondió.

Para los analistas, lo que se viene será un aumento de la confrontación verbal. “La oposición política o judicial no ha entendido que a Petro lo agrandan los retos. Cuanto más se esfuerzan, en campaña presidencial anticipada, por debilitar la continuidad de su proyecto político, más lo fortalecen”, concluyó el profesor Gonzalo Sánchez.