En defensa de las víctimas: tutela busca que la reparación de graves crímenes deje de ser un suplicio

El 24 de diciembre de 2005 fue el último día en que María América García vio a su esposo Euclides Maldonado, a su hijo Carlos Julio y a su nuera María Ruth. Salieron a pescar al río Pisbano, de Pisba, Boyacá, y nunca volvieron. Fueron asesinados a sangre fría por integrantes del Ejército Nacional, que los trasladaron a Yopal y los presentaron falsamente como integrantes de las Farc. Euclides tenía 63 años y Carlos Julio era del Comité de Deportes de la Junta de Acción Comunal. Un ‘falso positivo’ más, otra infame ejecución extrajudicial más.

Los cuerpos fueron reconocidos al día siguiente, pero solo en 2011 se entregaron los restos de Carlos Julio. Aunque la lucha de María América empezó desde el día del crimen, está lejos de terminar porque la justicia colombiana está llena de tecnicismos, de papeleos y de trámites que, en vez de apoyar a las víctimas de un capítulo de horror, demuestra una completa falta de humanidad. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que una persona tiene dos años para demandar a la Nación y pedir una indemnización por los daños sufridos cuando el hecho involucre a un agente estatal, como es en este caso el Ejército Nacional.

Esa regla dice que son dos años estrictos, incluso para casos de lesa humanidad como los ‘falsos positivos’, a menos de que se demuestre que existió una razón que le impedía a la persona demandar a la Nación. Esa regla la fijó en enero de 2020 el Consejo de Estado e implicó que acudir a la justicia fuera aún más difícil para personas que no estaban en las ciudades y tuvieron que vivir múltiples dificultades. Basta recordar que, en 2005 o 2007, el fenómeno de los ‘falsos positivos’ no era conocido como lo es hoy. Basta indicar que las familias muchas eran campesinas, de escasos recursos, o que tuvieron que desplazarse o callarse por amenazas.