
Gobierno le pide a la Corte que revise el pleito entre Petro y el exgerente de Coosalud
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado le solicitó a la Corte Constitucional que revise un fallo de tutela adverso al presidente, que lo obliga a ofrecer excusas públicas al exdirectivo de la EPS Jaime González.
Por: Ana María Cuesta
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) presentó un recurso de insistencia ante la Corte Constitucional solicitándole al alto tribunal que asuma el estudio de una tutela que un tribunal falló en contra del presidente de la República Gustavo Petro, relacionada con unas afirmaciones que dio sobre Jaime González, exgerente de la EPS Coosalud.
El 11 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó los derechos de González y le ordenó al presidente Petro que se retracte y le ofrezca disculpas públicas a él por las afirmaciones que hizo en una alocución presidencial, y en la red social X, en las que señaló al directivo de la EPS de actos de corrupción por el presunto desvío de recursos del sistema de salud.
Ahora, la ANDJE, dirigida por el exmagistrado César Palomino, le pide la Corte que revise ese fallo adverso al jefe de Estado para que el máximo tribunal de lo constitucional se pronuncie sobre el alcance de la libertad de expresión que proviene de los altos funcionarios públicos.
“La jurisprudencia constitucional no se ha ocupado de analizar los alcances y límites del derecho a la libertad de expresión del presidente de la República cuando, en asuntos de interés público, realiza críticas a personas que administran recursos públicos, con fundamento en actuaciones de autoridades administrativas”, señaló un oficio firmado por María del Rosario Oyola, experta de la ANDJE.
La Agencia considera necesario que la Corte analice la jurisprudencia que precisa que los discursos sobre asuntos de interés público gozan de especial protección. La petición resulta relevante si se tiene en cuenta que, hace poco más de un mes, un juez administrativo sancionó al presidente con multa de 15 salarios mínimos por no haber rectificado lo que dijo de González, a quien señaló de "bandido".
“La Corte debe determinar si resulta razonable limitar el derecho a la libertad de expresión del presidente de la República cuando cuestiona a personas que ejercen cargos en los que desarrollan funciones de interés público por actuaciones inherentes a su labor y sus críticas parten de informes o actuaciones de entidades públicas en desarrollo de funciones de vigilancia, inspección y control”, añadió la Agencia dirigida por Palomino.

Lo que dijo Petro sobre Jaime González
En su cuenta de X y el pasado 16 de abril, el presidente aseguró que González debería “enfrentar una investigación penal por el delito de usar recursos públicos de la salud para su pecunio. Acción que realizó, presumiblemente, en complicidad con miembros de la junta directiva de la empresa”.
El año pasado ya había dicho en una alocución del 15 de julio de 2025 que “se robaron la plata de Coosalud, que nació en Cartagena como una cooperativa de verdad, propiedad de sus dueños. Tenemos que hacer algo, pero desplazaron a los dueños por ser cooperativistas, tras cometer el error de nombrar como gerente a un señor que es un bandido".
"Además, la junta directiva de Coosalud está integrada por el hermano del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y recuerden que también hay familiares del expresidente Santos”, añadió en la misma alocución.
Un día después, el 16 de julio, Petro reiteró que "Coosalud fue la peor EPS del año pasado” y que “tuvo que intervenirse por ello, pero la culpa no fue de los dueños de la cooperativa, que son los dueños de la EPS, sino que la culpa fue del gerente y la junta directiva, que son hermanos de expresidentes de la República".
El presidente se ha defendido advirtiendo que todo lo que en su momento dijo sobre Coosalud se basó en una auditoría que elaboró la Superintendencia de Salud. En dicha auditoría —dice la ANDJE—, se identificaron deudas por 229.750 millones de pesos entre Coosalud y su filial Coosalud Inversa, y que se detectaron “operaciones cuestionables”, como un préstamo de 10.000 millones de pesos con el fin de comprar un inmueble para un coworking, que luego le fue arrendado a la EPS, señaló la ANDJE.
"Los mensajes del presidente de la República se referían a un asunto de interés general, esto es, el manejo de los recursos del sistema de salud, y los cuestionamientos se dirigían al entonces gerente de la EPS Coosalud, quien no hace parte de un grupo históricamente discriminado ni sujeto de especial protección constitucional", agrega el recurso de la Agencia..
La mención a Álvaro Uribe
En su solicitud ante la Corte Constitucional, con la que espera que se seleccione la tutela del presidente y, eventualmente, se revoque la decisión que amparó los derechos de Jaime González, la Agencia de Defensa Jurídica expone algunos precedentes en los que se amparó la libertad de expresión de personajes públicos como Álvaro Uribe Vélez.
La Agencia citó como precedente la sentencia T-1191 de 2004, en la que la Corte Constitucional declaró improcedente una tutela que interpusieron defensores de derechos humanos contra Uribe, por haberlos vinculado con el terrorismo. “Aparecieron colectivos y abogados, aparecieron bajo uno y otro nombre, voceros del terrorismo”, señaló el expresidente en 2003.
En ese expediente que cita la ANDJE, el alto tribunal se abstuvo de fallar contra Uribe al no encontrar los elementos necesarios para verificar la “existencia de una amenaza cierta” sobre las organizaciones que tutelaron al exmandatario.

El recurso con el que la Agencia espera que la Corte asuma el pleito Gustavo Petro Vs. Jaime González remata indicando que el fallo del Tribunal de Cundinamarca “podría generar un efecto inhibidor en el debate público sobre asuntos de interés general”.
ana.cuesta@cambiocolombia.com
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