Catalina Giraldo y el suicidio asistido médicamente: ¿por qué piden a magistrada de la Corte separarse del caso?

Un grupo de organizaciones sociales y abogados le pidieron formalmente a la magistrada de la Corte Constitucional Paola Meneses que se declare impedida para estudiar el caso de Catalina Giraldo, una psicóloga de 30 años que está solicitando el suicidio médicamente asistido, una modalidad de muerte digna que está despenalizada en Colombia desde 2022.

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Giraldo fue diagnosticada con un trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad, ha recibido múltiples intervenciones médicas, terapia electroconvulsiva y hospitalizaciones psiquiátricas sin mejora alguna. La paciente, representada por la organización DescLAB, busca acceder a una muerte digna y la tutela respectiva la revisa la Corte.

Para sus representantes, la magistrada Paola Meneses no puede sustanciar el caso porque ya ha manifestado su posición contraria a esta práctica. ¿De qué se trata? En la sentencia C-164 de 2022, la Corte despenalizó el suicidio médicamente asistido (SMA) en ciertas condiciones y Meneses fue una de las magistradas que votó en contra.

Esa sentencia dice que quien opta por esta vía, en lugar de la eutanasia que está también despenalizada, “está ni más ni menos que reclamando agencia para dar fin a su sufrimiento, pues prefiere no delegar tan importante acaecimiento a un tercero”. En su salvamento de voto, Meneses dijo que el SMA no debía ser despenalizado porque ya estaba la posibilidad de la eutanasia. Además, negó la posibilidad que las personas que piden el SMA puedan dar su consentimiento, lo que desconoce la agencia del paciente.

“(…) En el segundo, no existe consentimiento libre al estar afecto a la distorsión que causa sobre la voluntad de las víctimas las maniobras inductivas de ayuda efectiva”, dijo Meneses.  Para los abogados, esta posición de Meneses implicaría un prejuzgamiento de casos como el de Catalina en donde las personas que experimentan enfermedades mentales sí pueden manifestar el consentimiento.

“La magistrada Paola Meneses ha manifestado expresamente su opinión de que la determinación del contenido del derecho fundamental a una muerte digna es una tarea que corresponde únicamente al Congreso, muy a pesar de que es la Corte Constitucional la llamada a interpretar la Constitución y que, en el caso de muerte digna, lo ha hecho de manera prolífica a lo largo de más de 30 años”, dice el memorial. 

Los representantes insisten en que en el caso de Giraldo se cumplen todos los requisitos para acceder el servicio, teniendo en cuenta el historial médico de la paciente, quien hizo la solicitud oficial en octubre de 2025.

“Catalina ha explicado que eligió esta modalidad porque refleja mejor su autonomía y su forma de entender una muerte segura, acompañada y protegida. No quiere causar su muerte de forma traumática y dolorosa para ella y su familia”, indicó la organización que explicó que a pesar de que la asistencia médica al suicidio está despenalizada desde 2022, el mecanismo aún no cuenta con reglas administrativas claras para su implementación dentro del Sistema de Salud, como si existen para la eutanasia, para la adecuación del esfuerzo terapéutico y para los cuidados paliativos. 

“El Ministerio de Salud no ha expedido lineamientos que permitan a las EPS, IPS y profesionales de la salud saber cómo proceder frente a este tipo de solicitudes. En distintas respuestas institucionales, el Ministerio ha señalado que no ha reglamentado porque ni la Corte Constitucional ni un juez le han ordenado hacerlo de manera expresa. Sin embargo, como autoridad rectora del Sistema de Salud, el Ministerio sí cuenta con las competencias para establecer protocolos y procedimientos administrativos que permitan implementar la asistencia médica al suicidio, de manera similar a como lo ha hecho en el pasado con la regulación de la eutanasia”, indicó DescLAB.