Las posibilidades, los vacíos y los riesgos del plan de Abelardo de la Espriella para desmontar el Acuerdo de Paz y la JEP
El presidente electo anunció que desmontará la institucionalidad de la paz, que Timochenko “debe estar preso de por vida” y que no habrá más “falsa paz”. Fuentes consultadas por CAMBIO y varias voces coinciden en que la intención choca con un muro constitucional. Pero advierten que hay vacíos que sí dejan expuestos a los firmantes y riesgos que podrían reabrir heridas del conflicto.
Por: Juan David Cano
En su tercera alocución como presidente electo, Abelardo de la Espriella anunció que eliminará la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que reorganizará la Presidencia suprimiendo consejerías y agencias, que trasladará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz a un nuevo Comisionado Nacional de Seguridad y que, una vez posesionado el 7 de agosto, trabajará para que el último jefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, termine preso de por vida. Todo bajo la consigna de que en su gobierno no habrá más procesos de lo que llamó “falsa paz”.
Antes de asumir oficialmente la Presidencia, ya estamos trabajando sin descanso para recuperar el rumbo de Colombia.
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 14, 2026
Con hechos, no con discursos: fortalecemos las relaciones internacionales, tomamos decisiones para recuperar la confianza en la economía y el sector energético,… pic.twitter.com/o5m8ojj8Pa
El anuncio dejó la duda de si puede un presidente, por voluntad propia, desmontar el andamiaje de la paz y devolver a la cárcel a un firmante que hoy cumple lo pactado. Fuentes consultadas por CAMBIO coinciden en que existe un muro jurídico difícil de derribar. Pero también hablaron de los vacíos existentes.
¿Es viable? El muro constitucional que separa el anuncio de la ejecución
En primer lugar, las fuentes consultadas parten de que el Acuerdo Final de 2016 no es un programa de gobierno, sino un compromiso del Estado incorporado al ordenamiento jurídico.
El anclaje central es el Acto Legislativo 02 de 2017, que añadió un artículo transitorio a la Constitución para dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo. Esa norma obliga a las instituciones y autoridades del Estado a cumplir de buena fe lo pactado y establece que ese mandato rige hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma; es decir, al menos hasta 2030, dentro del propio mandato de De la Espriella.
La Corte Constitucional avaló ese blindaje por unanimidad en la sentencia C-630 de 2017. Allí se precisó que el acuerdo en sí mismo no es una norma constitucional, pero sí es referente obligatorio de interpretación y validez de todo lo que se expida para implementarlo, y que las autoridades conservan un margen de apreciación para escoger los medios, sin que ello habilite desconocer lo ya implementado.
Para el reconocido analista de conflicto Luis Eduardo Celis, ese marco convierte el anuncio del presidente electo en un choque frontal con la Carta.
“Si se posesiona el 7 de agosto y si se implementan las medidas que ha dicho, va a tener que sobrepasar la Constitución Nacional, cosa que no es posible hacer. El Acuerdo de Paz de 2016 es un acuerdo que hace parte del cuerpo de constitucionalidad colombiano, y es un deber y una obligación del Estado comprometerse y desarrollarlo", dijo.
Celis añade que las entidades que el presidente electo quiere suprimir como las instancias de la Consejería para la Paz o la de Reincorporación no cuelgan solo de la voluntad del Ejecutivo, sino de mandatos superiores –empezando por el artículo 22 de la Constitución, que define la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento–, por lo que su eliminación no es un simple trámite administrativo.
“Tanto la Consejería para la Reincorporación como la Consejería de Paz responden a mandatos constitucionales. El artículo 22 dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; hay una ley de paz que por supuesto puede modificarse, pero hasta el momento es una ley vigente. Puede trasladar algunas facultades a otras entidades, pero no suprimir la función. Cada acción que él tome en contra del acuerdo va a tener una respuesta", dijo.
Algo similar ocurre con el el caso puntual de Timochenko. Luz Marina Giraldo, trabajadora social y firmante del acuerdo explica que la JEP funciona bajo un régimen de condicionalidad: quien cumple conserva los beneficios; quien incumple los pierde y puede pasar a la justicia ordinaria.
Londoño ya fue condenado por la JEP y hoy cumple lo pactado, incluido su reporte ante el tribunal tras el viaje a España.
“Él no va a poder meter preso a Timochenko, porque nosotros firmamos un Acuerdo de Paz entre un Gobierno y una guerrilla alzada en armas, elevado a nivel constitucional, con una justicia transicional y unas normas establecidas, y Timo no ha incumplido el acuerdo. Si él quiere meter preso de por vida a Iván Márquez, lo puede hacer, porque Iván Márquez incumplió el acuerdo. Todos los que hayan incumplido perdieron los beneficios de la JEP y pueden ser juzgados por la justicia ordinaria. Pero a quienes estamos cumpliendo, por mucho que quiera, no nos puede meter presos", dijo.
A ese blindaje interno se suma un candado externo. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional mantuvo a Colombia bajo examen preliminar entre 2004 y 2021 y lo cerró tras un acuerdo de cooperación condicionado a que el Estado respalde el marco de justicia transicional, incluida la JEP.
Según recordó en un seminario reciente el exmagistrado José Francisco Reyes, si se llegara a deslegitimar o a asfixiar financieramente a la JEP, la CPI tendría motivos para reactivar su examen; y por la competencia prevalente del tribunal, ni siquiera sería viable “devolver” a los firmantes a la justicia penal ordinaria.
Las implicaciones: los que cumplieron y hoy quedaron en el limbo
Ahora bien, que exista un muro jurídico no significa que los firmantes estén tranquilos. La periodista y excomisionada de la Verdad Martha Ruiz explicó a CAMBIO que aun si las entidades formalmente se conservan o se fusionan, el problema es qué pasa con la vigilancia del cumplimiento.
La excomisionada afirmó que la implementación fue diseñada con instituciones específicas de seguimiento, precisamente para que las dos partes firmantes pudieran verificar los avances.
“El acuerdo fue establecido con una implementación de largo plazo (…). Los 15 años que había planteado el acuerdo se están volviendo 30, en virtud de las lentitudes. Que se destruya la institucionalidad creada para la implementación quiere decir que no va a haber más implementación, porque la única manera de verificar que estamos implementando es a través de las instituciones que tienen ese carácter. No existe otra institución dentro del Estado colombiano que tenga como misión hacerle seguimiento al cumplimiento del acuerdo", dijo.
Y advirtió: “El acuerdo está protegido constitucionalmente, pero ya vimos lo que pasó en el gobierno de Iván Duque. Tú puedes hacerte el loco, decir que no hay plata (…) hacerlo de manera minimalista, que es no hacer nada”.
En otras palabras, si De la Espriella elimina o suprime las entidades a cargo de la implementación del Acuerdo, ¿cómo se puede garantizar el avance del mismo?
Por su parte, Luz Marina advierte de otro riesgo real que está en vacíos administrativos muy concretos que el propio Gobierno de Gustavo Petro no cerró a tiempo. Se trata de decretos de reincorporación, de seguridad y de acompañamiento que están a punto de vencerse sin prórroga.
“Este Gobierno nos dejó vulnerables. La gente necesitaba la prórroga de cinco años para poder funcionar como tal; el sistema de seguridad que depende de la Unidad Nacional de Protección también quedó sin decreto que lo respalde, y los decretos que fortalecen el acompañamiento psicosocial y económico de los firmantes se cumplen el 31 de diciembre y no hay decreto de prórroga. Ahí sí estamos vulnerables", contó.
A ese limbo jurídico se le suma, dice, un limbo sobre la tierra. Los predios entregados durante el actual Gobierno aún requieren trámites administrativos para quedar legalizados a nombre de los firmantes, y sin los decretos que los respalden, teme que se abra la puerta a que se los vuelvan a quitar. Pero la preocupación que atraviesa todo su testimonio es la estigmatización.
“A todo el mundo le dicen guerrilleros; pues nosotros sí lo fuimos. La estigmatización ya está matando, y la que dejaron las elecciones puede traer una racha de asesinatos. Nosotros, los casi 12.000 firmantes que aún continuamos en el proceso, estamos a la expectativa, esperando que este señor nos dé por lo menos la oportunidad de hablar", añadió.
Un llamado desde la religión: la postura de la Iglesia católica sobre las declaraciones de Abelardo de la Espriella
Pero incluso si De la Espriella quiere ignorar el mandato constitucional, en CAMBIO le hicieron un llamado desde la religión.
Buena parte de la identidad política del presidente electo se ha construido sobre la fe: se define como un convertido que pasó del ateísmo al catolicismo, presentó su programa sobre cinco ejes –familia, trabajo, fe, propiedad y seguridad–, describió la contienda como una “guerra espiritual” y llegó a presentarse como el Ciro que necesita Colombia.
Cerró, incluso, frente a la basílica del Señor de los Milagros en Buga. Por eso resulta significativo el mensaje que la Iglesia católica, a través de monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las Relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal y director de Ficonpaz, le envió al mandatario electo.
“La paz no se construye por decreto; se teje en la vida cotidiana y concreta de las comunidades y sus territorios. Más allá de si esas funciones permanecen en una instancia especializada o se integran a otras entidades del Estado, lo verdaderamente importante es que no se debilite la capacidad institucional para atender asuntos como la sustitución de cultivos, la restitución de tierras o la protección de líderes sociales", dijo.
Frente a la disyuntiva que planteó el presidente electo entre seguridad y paz, el delegado de la Conferencia Episcopal no la acepta como tal.
“La seguridad y la paz son dimensiones complementarias y necesarias para el bien común, pero no son equivalentes. Más que hablar de una disyuntiva entre seguridad y paz, creemos que el desafío consiste en integrarlas. Una sociedad más segura crea mejores condiciones para la paz, y una paz construida sobre la justicia y la participación fortalece una seguridad más sólida y sostenible", dijo.
Y sobre las críticas a la JEP y a la justicia transicional, Henao defendió el equilibrio entre sus componentes sin entrar en el debate jurídico. “El país no puede elegir entre verdad, justicia, reparación y reconciliación como si fueran opciones excluyentes; son cuatro caras de una misma exigencia ética, y renunciar a una termina debilitando a las otras tres", dijo.
¿Cuáles son los riesgos? El reciclaje del conflicto y una herida abierta
Un llamado desde la moral religiosa y desde el orden constitucional deberían ser suficientes para el presidente electo, pero si sigue enfrascado en el camino de debilitar el aparato que sostiene la paz, los riesgos son importantes.
Martha Ruiz sitúa el peligro en un patrón que, dice, se ha repetido en la historia colombiana: el incumplimiento de lo pactado como combustible de nuevas violencias.
“Uno de los patrones históricos que explican la reproducción del conflicto, el reciclaje del conflicto, es el incumplimiento de los acuerdos. Eso no es la primera vez. El M-19 firmó la paz y al otro día mataron a Carlos Pizarro, el que la firmó. La trampa y la traición han sido un rasgo constitutivo", dijo.
Para la excomisionada, el mayor riesgo no es siquiera un desmonte formal, que considera difícil, sino el mensaje que se envía. Advierte que un discurso que declare fracasada la paz puede terminar dándoles una bandera a las estructuras armadas que hoy operan al margen.
"Lo que hoy llamamos crimen organizado va a tener una razón política para existir: decirles que la paz no se cumple. Abelardo ya le está dando argumentos a todo el crimen organizado para volverse otra vez un movimiento político contra el Estado. Creo que esta paz la perdimos ya, y nos toca volver a empezar", aseveró.
Celis, por su parte, advierte que un intento de imponer la fórmula de la fuerza o del “sometimiento” a los grupos armados que hoy tienen procesos abiertos no solo tropezaría con la Constitución, sino con la propia realidad territorial.
“Una cosa es un esfuerzo de paz, negociar, y otra cosa es un sometimiento. Si la fórmula es sometimiento, creo que no tiene viabilidad, pues estos grupos tienen motivación, tienen intereses. Y la fórmula de fuerza no resuelve nada porque se les puede contener, se les puede reducir, pero ahí seguirán, porque están soportados sobre conflictos de exclusión, economías ilegales y la falta de un Estado en el territorio", afirmó.
A ese diagnóstico se suma, desde el terreno público, la voz de Roy Barreras, que puso el foco en el costo institucional de eliminar las oficinas de paz por decreto.
“La eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz es un error que perjudica al propio nuevo gobierno. No podrán hacerlo por decreto: tiene anclaje en la ley y en la Constitución. Tampoco podrán eliminar la Agencia de Reincorporación sin tramitar una ley. ¿Y quién va a responder por la vida y los procesos de reintegración de los miles de excombatientes que dejaron las armas?”, dijo.
Los riesgos no son hipotéticos. El más reciente informe del secretario general de la ONU sobre la Misión de Verificación en Colombia, que será presentado este 15 de julio en Nueva York, reporta que desde la firma del acuerdo han sido asesinados 493 excombatientes, entre ellos 12 mujeres, 64 indígenas y 59 afrocolombianos.
El informe muestra que, si bien los ataques mortales han disminuido en 2026, persisten amenazas, extorsión y desplazamientos, y que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía ha dictado 1.552 órdenes de captura, con 627 detenciones y 109 condenas por ataques contra firmantes. Es la herida que monseñor Henao describió como “la más abierta del posacuerdo”.
Los llamados al consenso
Frente a ese panorama, varias voces coincidieron en pedirle al gobierno entrante que cualquier ajuste se tramite por la vía del diálogo y del derecho, no del decreto.
El expresidente Juan Manuel Santos, que firmó el acuerdo en 2016, rechazó la tesis de que el pacto haya alimentado a las disidencias.
Atención: el expresidente Juan Manuel Santos @JuanManSantos se pronunció frente a los últimos anuncios del presidente electo sobre el proceso de paz firmado durante su gobierno
— mapiaguilars (@mapias15) July 14, 2026
El expresidente pidió NO ESTIGMTIZAR EL PROCESO: “Eso es absolutamente falso. El acuerdo no creó las… pic.twitter.com/ZWWEH4gYqL
“Eso es absolutamente falso. El acuerdo no creó las disidencias ni fortaleció a las bandas criminales. El fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente de manera integral. Hago un llamado respetuoso pero firme al gobierno entrante para que retome el camino de la implementación, no como el legado de un gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos", dijo.
En la misma línea se pronunció el exministro Juan Fernando Cristo, desde el Partido En Marcha, que enmarcó los anuncios como el inicio de un desmonte con consecuencias que trascienden lo administrativo.
La colectividad recordó que el acuerdo permitió la desmovilización de más de 13.000 personas y que más del 90 por ciento de los firmantes ha cumplido.
“Con esas decisiones expresadas por el nuevo presidente comienza el desmonte de la institucionalidad creada para asegurar la implementación del Acuerdo. Eso, y enviar mensajes que desconozcan la buena fe de quienes se acogieron a él, puede tener consecuencias muy graves para la estabilidad democrática y para la seguridad en los territorio", dijo.
El propio secretario general de la ONU, António Guterres, insistió en la necesidad de una transición ordenada y de bajar el tono de la confrontación. En su informe subrayó que las zonas más violentas coinciden con aquellas donde la implementación ha sido más débil, y que seguridad y paz pueden reforzarse mutuamente.
“Una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz. No hay lugar para la violencia política, y espero que los líderes de todas las partes se esfuercen por desescalar la retórica confrontacional y mantener canales constructivos de diálogo", concluyó.
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