Las dos bodas que esperan en la selva mientras 99 excombatientes aguardan por su futuro

Por ahora, no hay fecha para ninguna de las dos bodas. Los demás excombatientes que están concentrados en este campamento, levantado en la zona rural de La Hormiga, en el Valle del Guamuez, Putumayo, les hacen bromas para que definan el día, comprar el regalo, alistar la pinta y sumarse a la parranda.

Huele a yoco, asaí, anturios, watsimbas y sansevierias. Si se presta atención, se escucha  el eco del rumor del caudaloso río Guamuez, que nace en las aguas altas de la laguna de La Cocha y termina su recorrido en el río Putumayo. A su paso por este paraíso de bosque húmedo tropical, sus aguas bañan Orito, Puerto Asís y Valle del Guamuez.

Natalia Briñez y Tatiana Parra conocen todos sus recodos, meandros y curvas pronunciadas, donde se han escrito páginas de la violencia más cruenta. Pero ahora no quieren hablar de eso, sino de sus matrimonios, que tanto las ilusionan.

Ambas forman parte del grupo de 99 excombatientes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que se concentraron en este punto el pasado 18 de junio con la promesa de jamás volver a empuñar un arma en el marco de la paz total del entonces presidente Gustavo Petro.

Horas después, el país eligió a Abelardo de la Espriella, quien llegó al poder, entre otras cosas, por su promesa de acabar con esta política, como en efecto lo ratificó este miércoles en Bogotá durante el reconocimiento de la nueva cúpula militar: 

“La farsa de la paz total terminó para siempre. Ese capítulo oscuro será relegado al más lejano rincón de la memoria nacional”, dijo.

La afirmación del jefe de Estado sumó otra dosis de incertidumbre al grupo, que, además, esa misma noche recibió la noticia de que había dado el sí a la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, líder de la organización.

—¿Y ahora qué vamos a hacer? —se escuchó decir en el campamento.

Hubo silencio.

Este es un proceso en el que sus participantes han viajado en un auténtico tobogán de emociones. Ha habido días de tanta felicidad como otros de lágrimas y, a estas alturas, nadie sabe con precisión qué va a pasar.

Natalia Briñez y Tatiana Parra les dijeron a sus respectivas parejas que se casarían el día que volvieran a la vida civil, para que hubiera una doble celebración. Pero ese día no está en el calendario.

A pesar de eso, ellas anhelan que este proceso tenga un final feliz y ojalá en este 2026. De la decena de mesas abiertas por el gobierno de Petro para adelantar la paz total, todas languidecieron por distintas circunstancias. En cambio, esta, si concluye bien, puede salvar las vidas de 99 personas.

Del grupo hacen parte 86 hombres y 13 mujeres, con edades entre los 18 y los 64 años, aunque la mayoría tiene entre 19 y 28. Todos pertenecían a los Comandos de la Frontera, la estructura que dirige Araña, a quien le espera una celda en Estados Unidos.

Pertenecen a un frente que, junto con el del departamento de Nariño, liderado por Andrés Allende, alias Allende, son las dos grandes fracciones de la CNEB.

Los Comandos de la Frontera nacieron en 2017 en Putumayo, formados por excombatientes de las FARC que se unieron para mantener el negocio de la coca. Tras varios cambios y una alianza con la Segunda Marquetalia, en 2024 iniciaron conversaciones independientes con el Gobierno dentro de la política de paz total.

La negociación fue adelantada, por parte del Gobierno, por Armando Novoa, Parmenio Cuéllar y Gloria Arias Nieto, y, por la otra orilla de la mesa, por los representantes de la CNEB.

Al acto protocolario asistió Iván Márquez, entonces líder de la Segunda Marquetalia, a quien el equipo negociador no volvió a ver. Cuatro meses después, en noviembre, Márquez envió una carta en la que desconocía a la Coordinadora, le prohibía seguir utilizando su nombre y anunciaba que no respaldaría ningún acuerdo pasado ni futuro.

Fue entonces cuando el grupo decidió continuar las conversaciones por su cuenta y se conformó formalmente como CNEB.

Solo cuatro de los 99 desmovilizados fueron alguna vez miembros de las FARC y son disidentes firmantes del acuerdo de 2016. El resto llegó después: algunos ingresaron antes de la firma de La Habana sin haberlo suscrito.

Era sabido que la negociación iba a ser compleja por esa mezcla de trayectorias, que complicaba jurídicamente el proceso. En el mismo grupo conviven disidentes, firmantes, no firmantes y personas que nunca estuvieron vinculadas a las FARC.

Cada uno de ellos es un mundo distinto, aunque hay historias similares.

Natalia Briñez nació en el departamento del Cauca. Se capacitó como guardia de seguridad. Aprendió a usar armas, a estar vigilante, a detectar movimientos sospechosos, a vivir siempre alerta. Empezó a pasar hojas de vida, pero nadie le dio trabajo.

“Y eso que a lo único que aspiraba era a ser celadora”.

Entonces probó con la enfermería. Lo mismo. Hizo cursos. Aprendió a tomar signos vitales, administrar medicamentos y brindar primeros auxilios, pero nada. Iba de allá para acá conociendo personas que le prometían amor eterno.

Tiene dos hijos: Darwin Briñez, de 10 años, quien vive en el Cauca, y Asly Gómez, de siete, que está en Orito.

—Los tengo separados con familiares que me ayudan porque no podía cuidarlos.

En esa angustia estaba cuando la abordaron unas personas que le prometieron ingresos garantizados. Así, mientras nadie le daba un trabajo formal, para ellos era de una utilidad enorme: joven, necesitada, que sabe manejar armas y, además, curar heridos.

En “La Empresa”, como ella llama a la organización, conoció a Wilson Cruz, quien tiene más conocimientos de medicina. Sabe operar, extraer balas y amputar en caso de necesidad. Se hicieron novios.

Tatiana Parra nació en Puerto Leguízamo. Este 13 de septiembre cumple 20 años. A pesar de su juventud, sus ojos han visto cosas que no le desea a nadie.

A los 17 tocó una puerta aquí y otra allá. Nadie le dio trabajo. Un día, unos muchachos le contaron de una oportunidad con una gente seria y que pagaba cumplidamente.

Así entró a “La Empresa”, como ella también la llama.

Entre los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo, según el informe de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), hay 155.896 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Buena parte de la economía de las zonas rurales de estos departamentos gira en torno a este negocio.

Llorente, por ejemplo, es un centro poblado en el municipio de Tumaco, Nariño. Allí rueda el dinero en efectivo, hay peleas de gallos, la música es estridente y todos recuerdan cuando se hizo un concierto de música popular en el que se agotó la boletería, a pesar de que los palcos costaban cinco millones de pesos.

Fueron tres días de concierto sin parar, en los que los 42 prostíbulos no daban abasto.

Para cuidar los cultivos se necesitan personas como Tatiana, quien conoció en las filas a Jheison Machacurí, de 22 años. Se enamoraron.

Hay otras historias que resumen la complejidad de la guerra en Colombia.

Arbey Lemus Wilchez, de 36 años, ingresó a las FARC como campanero a los ocho años. Después pasó a las filas paramilitares. A los 18 se enlistó en el Ejército Nacional, contra el que había combatido de niño, pero terminó pagando una condena por un caso de falsos positivos.

Al recuperar la libertad, sin muchas puertas abiertas, volvió al campo y entró a los Comandos de la Frontera: el último uniforme camuflado de una larga lista.

A pesar de su juventud, Natalia y Tatiana sintieron que en la guerra estaban agotadas, que eso no era una forma de vida. Sentían que se les había acabado la energía.

Por eso se entusiasmaron cuando les dijeron que iban a negociar la paz.

A diferencia de otros procesos, el Gobierno aquí nunca pactó un cese al fuego bilateral, pese a la insistencia de los líderes de este grupo. La negociación buscaba, en cambio, el desescalamiento del conflicto: que no asesinaran líderes sociales ni firmantes de paz, que respetaran a la fuerza pública, que se vincularan a la sustitución de cultivos y que, finalmente, entregaran las armas.

Esa lógica de “acuerdo pactado, acuerdo implementado” —en lugar de esperar a que todo estuviera cerrado para comenzar a cumplir— fue la clave para llegar a los 99 desmovilizados.

En el camino había obstáculos que surgían de la dinámica política del resto del país.

El grupo, por ejemplo, se mantuvo al margen de las elecciones, tal como se comprometió. Las elecciones atípicas de gobernador de Putumayo también transcurrieron sin incidentes, algo que, desde la perspectiva del equipo del Gobierno, se atribuyó a una orden directa de Rojas. 

La única excepción grave fue el asesinato de dos soldados, un hecho que el grupo reconoció como un error producto de una confusión con otra estructura armada.

Ese episodio retrata una de las contradicciones del proceso: los Comandos de la Frontera fueron respetuosos de la vida de policías y militares, pero no consideraban ilegítimo enfrentarse a otros grupos armados rivales. Fue una lógica que la mesa discutió una y otra vez sin conseguir cambiarla del todo.

“Uno vuelve a donde lo reciben” es una frase que resume la comprensión que el equipo negociador fue construyendo sobre estos hombres y mujeres.

Muchos habían salido antes de otros grupos armados con la promesa de una vida en la sociedad civil, pero no encontraron trabajo, no pudieron acceder a servicios bancarios y ni siquiera tenían cédula.

En este proceso hubo hechos sorprendentes para un lector de otra parte del país. Por ejemplo, la primera vez que viajaron a Bogotá no pudieron registrarse en un hotel por falta de documento de identidad. Fue necesario gestionar con la Registraduría la expedición de sus cédulas, un trámite que ellos vivieron casi como recibir un tesoro.

La negociación atravesó dos momentos especialmente difíciles y otro más que, por ahora, es incierto.

El primero fue la salida de Iván Márquez, a quien todos describen como una figura casi fantasmal. Nunca volvieron a verlo, nunca envió un video y hasta la carta en la que rompía con el grupo llegó dirigida a los países garantes y no al equipo negociador.

Cualquier decisión que dependiera de él podía demorarse semanas, lo que ralentizó buena parte del proceso.

El segundo golpe fue la captura de Araña, ocurrida el 12 de febrero de 2025, cuando agentes del CTI de la Fiscalía lo detuvieron en un hotel de Bogotá en cumplimiento de una circular roja de Interpol solicitada por una corte del sur de California, que lo acusa de narcotráfico.

Aunque la Corte Suprema dio posteriormente concepto favorable a su extradición, Petro, mediante sucesivas resoluciones, frenó el trámite. Y ahora, De la Espriella decidió enviarlo a Estados Unidos. Esa decisión hoy los mantiene en vilo porque el presidente no ha dicho qué irá a hacer con ellos. 

Precisamente cuando se le detuvo, el hecho fracturó durante meses la confianza construida con el grupo, que interpretó el operativo como una encerrona del propio Gobierno. Reconstruir esa confianza tomó cerca de dos meses adicionales, en una negociación que exigió enormes dosis de paciencia y firmeza.

Tras la captura de Araña, los delegados de la Coordinadora dejaron de viajar a Bogotá e incluso a las cabeceras municipales cercanas a sus territorios. Las reuniones debieron trasladarse a la laguna de La Cocha, en Nariño, y a Inda Zabaleta.

El Resguardo Indígena Inda Zabaleta, perteneciente al pueblo Awá y también ubicado en el municipio de Tumaco, es un botón de muestra de lo que ocurre en el país lejano a los núcleos urbanos de las grandes ciudades.

Mientras que, en mediciones de necesidades básicas insatisfechas (NBI), la población de Nariño superaba el 43 %, aquí hay luz, agua, internet, escuelas, centro de salud y una infraestructura cuidadosa, colorida y que los lugareños cuidan con esmero. 

Todo ha sido construido por los propios grupos armados, en territorios donde la vida cotidiana está entrelazada con la economía de la coca.

En una visita del equipo negociador del Gobierno, un cura que los acompañaba no tuvo reparo en reclamar:

—Muy bonito todo, pero no veo una iglesia.

En la siguiente visita ya la habían construido.

A pesar de las dificultades para asentar el proceso, este empezó a dar resultados tangibles. Tanto en Tumaco como en Putumayo, los homicidios cayeron a la mitad desde que comenzó la mesa de negociación, de acuerdo con estadísticas oficiales de la Policía y la Fiscalía citadas por el equipo negociador.

Los hombres dieron la orden: “No nos vamos a matar más”.

Y así fue.

Por eso, aquí creen que calificar la paz total como un fracaso total sería impreciso. Esta mesa, la única que llegó a resultados concretos de desmovilización, funcionó en apenas dos años, un plazo corto frente a procesos de paz que en otros países han tomado casi una década.

La Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez ocupa un terreno de seis hectáreas, con 23 viviendas construidas y capacidad para 200 personas. Hoy está ocupada por la mitad de esa cifra.

Tiene una cancha de fútbol improvisada, un comedor comunitario y murales pintados por los propios excombatientes. Entre ellos hay uno de Alejandro Ruales, quien aprendió a pintar mientras estuvo preso.

Los 99 desmovilizados no pueden salir del predio. Un decreto presidencial los puso bajo responsabilidad del Estado durante diez meses, un plazo que vence en diciembre de este año si el Gobierno actual no decide prorrogarlo.

Hoy, ese futuro depende de una institucionalidad que aún no termina de definirse.

Se esperaba que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización asumiera formalmente el acompañamiento del grupo a comienzos de septiembre, pero la salida de la anterior consejera de paz dejó ese cargo sin reemplazo. La actual encargada del proceso depende de una consejería que el nuevo Gobierno prevé transformar en una consejería de seguridad.

El equipo negociador intentó gestionar un acercamiento directo con el nuevo Gobierno. Solicitó una cita con el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien respondió inicialmente con disposición, pero el encuentro nunca se concretó.

Intentó lo mismo con el canciller Ómar Bula, con idéntico resultado, y se supo de gestiones similares, también sin respuesta, ante el ministro de Justicia, Iván Cancino.

Lo que se necesita, dicen aquí, es que el nuevo Gobierno, antes de hablar de bombardear zonas o de meter a todos presos durante cuarenta años, conozca esto: que son personas de la vida real, que están desarmadas, que entregaron físicamente sus fusiles, que hoy están guardados en una bodega en Sogamoso y que no quieren volver a la guerra.

En efecto, mientras el país elegía un nuevo presidente, aquí le apostaban a un cambio absoluto de vida.

Los 99 combatientes fueron pasando uno a uno y dejaron voluntariamente sobre una mesa 105 armas, 400 proveedores y 25.000 municiones. Luego se quitaron los uniformes, los brazaletes y los incineraron. 

Al convertir en cenizas lo que antes era símbolo de amenaza esperaban que el Estado también cumpliera.

Ellos dicen que esa no es responsabilidad de Petro ni de De la Espriella. Es responsabilidad del Estado y por eso mantienen la fe.

Sin embargo, el mensaje público del actual Gobierno ha sido que tratará a todos los grupos armados como organizaciones terroristas, sin distinciones. La diferencia es que aquí ya nadie armas.

Son 99 personas que hicieron un compromiso que va más allá de cualquier cargo o designación. Es la palabra empeñada. Ese es el único hilo que queda tendido entre la selva del Putumayo y el Palacio de Nariño: el eco de una frase pronunciada por quienes, hace apenas dos meses, dejaron los fusiles sobre una mesa.

A pesar de las circunstancias, Natalia y Tatiana están optimistas y felices porque durante su estancia aquí sus respectivas parejas -Wilson y Jheison- les propusieron matrimonio. Ellas dieron el sí bañadas en lágrimas porque quieren empezar de nuevo.

En estos tiempos, ambas han realizado proyectos agropecuarios y de piscicultura. Creen que en esta región, donde la planta de coca crece sin cesar, también hay espacio para estas actividades.

El río Guamuez, por ejemplo, tiene bagres, bocachicos, doradas, sábalos, picalones, cuchas, sabaletas y sardinas que los habitantes consumen en deliciosos platos que el país debería conocer. 

Y ellas piensan, además, que un cultivo de trucha podría ser muy rentable.

Para estas parejas que esperan una definición pronta del Gobierno nacional, esa sería también la posibilidad de poner fecha a sus respectivas bodas.

“Presidente De la Espriella, nosotras no queremos volver a la guerra, salve nuestras vidas”, coinciden Natalia y Tatiana mientras cae la tarde. En la distancia se escuchan los monos aulladores y los graznidos de loros, guacamayas y pericos, que anuncian su retirada mientras vuelan a sus nidos.