Entre la sequía y la sospecha: el Tolima arde mientras el Gobierno busca manos criminales

En la vereda San Cayetano, municipio de San Luis, Tolima, todo es sequedad. Edna Flórez Vergara siente que hasta las lágrimas se le acabaron. Tiene los ojos rojos, pero ya no llora. Cuando el fuego comenzó a asomarse a lo lejos, le pidió a Dios que no se propagara hacia su finca.

Hace veinte años, cuando se instaló allí para sembrar limón y guanábana bajo este sol calcinante, sabía que debía tener paciencia. Una buena cosecha de limón tarda unos cinco años y, en esta labor, la prisa no es buena consejera. Antes del incendio, estaba radiante. Alrededor de la casa florecían los árboles verdes que ella y su hermano habían cuidado durante años, con riego y cariño.

Las llamas comenzaron a crecer, impulsadas por las ráfagas de viento, y se fueron acercando de manera amenazante. Edna y su familia tomaron baldes, ollas y cuanto utensilio encontraron para tratar de contenerlas, pero el fuego no se detenía.

—Yo sentía que ya no tenía brazos —recuerda.

Empapó su ropa y se cubrió el rostro con trapos mojados, pero la batalla era imposible. Corría mientras sentía que el fuego le quemaba la espalda. Así recuerda aquella escena, casi apocalíptica, en la que terminó rodeada por las llamas.

El fuego dejó reducidos a cenizas sus cultivos, la maquinaria y la casa. Todo. Hoy la tierra está calcinada y huele a leña quemada. El sol sigue inclemente, pero ya no queda nada por quemar.

Todo es seco. Hasta sus lágrimas se acabaron.

La historia de Edna se repite, de una u otra forma, en buena parte del Tolima. El departamento tiene un área total de poco más de 2,4 millones de hectáreas, de las cuales cerca del 60 por ciento —alrededor de 1,46 millones— constituye frontera agrícola potencial: una despensa clave para la alimentación del país. 

La agricultura, la ganadería y la pesca representan cerca de una quinta parte del PIB departamental y constituyen, en conjunto, el principal sector económico de la región.

San Luis, el municipio donde vive Edna, es conocido por sus antiguas fortificaciones de calicanto, sus túneles y sus extensos cercos de piedra. También alberga la reserva Río Viejo, con decenas de especies forestales y de fauna terrestre. Entre los principales productos agrícolas del departamento están el arroz, la caña de azúcar, el plátano, el maíz, el aguacate, el limón y el café, cultivos que hoy están en el centro de la emergencia.

Con los incendios todavía activos, el presidente Abelardo de la Espriella calificó la situación como “gravísima” y afirmó que existen indicios de que algunos de los focos en el Tolima estarían siendo provocados deliberadamente. Por ello, ordenó “actuar con toda la contundencia del Estado”.

Su tesis fue respaldada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien insistió en que el Gobierno tiene elementos que apuntan a que los incendios en el Tolima estarían siendo provocados de manera intencional.

—Podemos hablar de que existen, en efecto, manos criminales —dijo.

Entre las evidencias mencionadas, señaló que la Dirección Nacional de Bomberos le explicó que el tipo de humo —más oscuro—, el color de las llamas —generalmente azul— y la intensidad y altura del fuego permitirían establecer la presencia de acelerantes.

Lara explicó que se trataría de combustibles utilizados deliberadamente para iniciar los incendios.

—Hombres en moto llegan y provocan estos incendios —afirmó.

El ministro aseguró, además, que las autoridades han identificado un patrón que relacionaría los incendios con otras acciones violentas en el sur del Tolima. Mientras la Fuerza Pública y los helicópteros se concentran en combatir el fuego, en esa zona se registran quemas de buses y acciones armadas contra la población civil.

Frente a esta situación, Lara confirmó que el presidente ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en los municipios afectados y calificó a los presuntos responsables como “organizaciones narcoterroristas que llegan a unos niveles de crueldad y de sevicia inéditos”.

La pelea es, entonces, en dos frentes: Contra los incendios y por el control territorial, un tema que le sirvió al presidente De la Espriella para ganar las elecciones.

En el primer caso, se trata de un auténtico desastre de consecuencias imprevisibles. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, advirtió que la emergencia ha dejado más de 22.000 hectáreas afectadas en el departamento, según cifras de Cortolima, la autoridad ambiental regional. 

Para ella, también lo ocurrido no es un capricho solo de la naturaleza. Matiz interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables de provocar los incendios. También anunció que se aplicará todo el rigor del Código Penal a quienes resulten responsables.

La gobernadora insistió en que la prioridad absoluta es proteger la vida por encima de cualquier pérdida material.

—Hoy nuestro desafío es uno solo: apagar el fuego y proteger la vida de nuestra gente; por eso, todos los esfuerzos debemos redoblarlos —señaló.

Subrayó también que, hasta el momento, no se han reportado pérdidas de vidas humanas a causa de la emergencia, lo que consideró el logro más relevante frente a un panorama adverso. 

San Luis limita con Coello, un municipio situado entre el río Magdalena y los municipios de Girardot, Nariño y Guataquí, conocido por buena parte de los turistas que viajan por el centro del país.

El alcalde de Coello, Santiago Herrera, señaló que existen indicios de intervención humana y de presencia de integrantes de la Primera Línea en los incendios que afectan al municipio, en referencia al movimiento que protagonizó el estallido social en 2021.

Según explicó, se trata de jóvenes que llegan con arengas en las que afirman que la institucionalidad “no sirve para nada” y que ellos vienen a ayudar a apagar el fuego, aunque, según el alcalde, actúan de manera independiente y no se ciñen a los protocolos establecidos por los cuerpos oficiales y voluntarios.

Herrera también describió un patrón identificado por la Gobernación: cuando la atención se concentra en un municipio para combatir un incendio, en otros puntos del departamento se registran atentados o amenazas de atentado. Puso como ejemplo la quema de un bus mientras las autoridades atendían la emergencia en Coello.

—Al parecer es un tema coordinado, pareciera sistemático —afirmó.

El alcalde relató, además, que existen indicios de que algunas personas estarían reactivando de manera intencional focos de calor que ya habían sido sofocados por los cuerpos de socorro. Según explicó, la conflagración lleva cinco días activa en distintos sectores del municipio, pese al despliegue del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, bomberos oficiales y voluntarios, la Policía y la comunidad.

A las altas temperaturas —entre 38 y 40 grados—, la ausencia de lluvias durante las últimas semanas por la entrada con fuerza del fenómeno de El Niño y los fuertes vientos se suma, según Herrera, un comportamiento anómalo en la propagación del fuego.

—Hay fuertes indicios de la posibilidad de que haya grupos al margen de la ley o manos inescrupulosas que están reactivando los focos que nosotros apagamos —dijo.

Al detallar los sobrevuelos realizados sobre los puntos críticos, Herrera explicó que en varias ocasiones, sin una explicación natural aparente, se generan de un momento a otro nuevas conflagraciones en zonas donde antes no había ningún punto caliente. Los bomberos, dijo, atribuyen esta situación a la posible presencia de combustible o material de combustión fósil.

Consultado sobre la hipótesis del Gobierno Nacional acerca de una posible responsabilidad de disidencias de las FARC, el alcalde se mostró escéptico.

—En nuestro municipio no hay características ni la topografía para el tema de cultivos ilícitos. Estamos muy cerca de la capital del Tolima; no sería lógico. Yo creo que es un tema de desestabilizar la institucionalidad.

Herrera aclaró, sin embargo, que Coello no ha registrado históricamente presencia de grupos armados ilegales y que la determinación final sobre el origen de los incendios corresponde a la Policía Nacional y a la Fiscalía.

Sobre la Primera Línea, confirmó la presencia de estos jóvenes en la zona, pero fue cauteloso:

—Yo no tengo pruebas de que ellos sean los que están incendiando… simplemente llegan con sus características un poco chocantes, no se ciñen a los protocolos y se meten al monte a apagar el incendio. Si están apagando o no, o si están haciendo lo correcto, es muy difícil de determinar.

Y agregó:

—Ellos llegan siempre diciendo que vienen a apagar el incendio, que la institucionalidad no sirve para nada. Se meten y no sabemos ni si salen, pero es muy complicado controlar eso.

En el corregimiento de Gualanday, la conflagración ha llegado a ubicarse entre 15 y 20 metros de infraestructura energética crítica. Allí opera una planta de Cenit por la que se transportan gasolina y ACPM hacia el centro del país, además de poliductos y tanques de gas domiciliario.

Aunque las autoridades han logrado contener el avance de las llamas mediante acordonamientos, la amenaza persiste.

Más allá de los indicios sobre la posible intervención de manos criminales, la emergencia ha golpeado con fuerza la economía agropecuaria del departamento.

Según cifras oficiales, los incendios han afectado alrededor de 23.000 hectáreas —entre cultivos y zonas de ganadería— en 22 municipios y 234 veredas, con cerca de 1.100 productores agrícolas y 1.300 ganaderos perjudicados.

Las pérdidas económicas superan los 50.000 millones de pesos. Se calcula, además, que fueron destruidas más de 167.000 toneladas de pastos y 14.500 toneladas de alimento para animales.

San Luis y Purificación concentran las mayores pérdidas económicas, mientras que el limón, el maíz y el plátano están entre los cultivos con mayor volumen físico perdido.

En el frente pecuario, cerca de 1.300 ganaderos han resultado afectados y más de 18.000 animales requieren atención prioritaria por falta de alimento, según Fedegán.

Ante este panorama, el Gobierno departamental lanzó la estrategia “Tolima Resiste”, que contempla una ruta de reactivación de doce meses en tres fases —choque, estabilización y consolidación— y un plan de apoyo mediante créditos, asistencia técnica y kits de riego solar para las zonas más golpeadas por la sequía.

Mientras las autoridades libran una extenuante lucha contra las llamas, el Gobierno insiste en que detrás de algunos de los focos hay grupos armados y anuncia un mayor despliegue de la Fuerza Pública para restablecer el orden y evitar que nuevos incendios sean provocados deliberadamente.

Para la gobernadora Matiz, no hay duda de que en el departamento alguien está prendiendo fuego. Mientras bomberos, socorristas, campesinos, brigadistas y comunidades arriesgan la vida en las montañas para combatir las llamas, integrantes de las disidencias de las FARC —según las autoridades, del frente Gerónimo Galeano— habrían incinerado un vehículo de servicio público en el sur del departamento. La gobernadora considera este hecho parte de las acciones que buscan desestabilizar la tranquilidad de la región.

Se trata, según las autoridades, de un patrón de violencia que sigue la lógica de décadas anteriores, solo que ahora extendido también a las montañas, los cultivos y los terrenos que arden.

Y en medio de esa violencia no hay manos con la fuerza suficiente para frenar lo que le ocurrió a Edna Flórez Vergara, que terminó rendida, con sus cultivos incinerados y sin lágrimas para expresar su tristeza.