SIC: así operan los contratistas de la UNP para quedarse siempre con el negocio

Por primera vez, una autoridad empieza a desenredar un aparente concierto de los contratistas de la Unidad Nacional de Protección que les ha permitido, por medio de un sofisticado modelo de colusión, repartirse la contratación e impedir la competencia. 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) parece haber armado el primer rompecabezas de ese modelo de corrupción que tiene en juego 1,7 billones de pesos anuales, más de 10.000 protegidos, 19 sindicatos, 8.000 escoltas y 5.000 carros convencionales y blindados. CAMBIO revela detalles de la investigación que exponen el entramado, además de mostrar pruebas como chats entre los supuestos competidores, que dan cuenta de cómo los proveedores actúan en 'armonía' para seguir controlando el negocio.

El fallo de la SIC señala que la historia empezó el 6 de marzo de 2024, cuando la UNP le informó de presuntas irregularidades en los procesos de selección de la entidad. La denuncia mostraba supuestas prácticas restrictivas de la competencia, encaminadas a la fijación irregular de precios, asignación de mercados, distribución geográfica y colusión. Según la entidad, los mismos oferentes eran quienes se presentaban a los procesos de selección de arrendamiento de vehículos. Así, no todos los agentes del mercado del país participaban. Además, las empresas que obtenían los contratos terminaban subcontratando a quienes fueron sus competidores en dichos procesos. 

La UNP advirtió que, en algunos casos, los contratistas más antiguos presionaron a los nuevos oferentes que lograron que se les adjudicaran contratos. Esto habría afectado la eficiencia de la ejecución contractual y la prestación del servicio de protección, que es esencial para garantizar la vida integridad de las personas.

Tras meses de investigación, la SIC encontró que lo dicho por la UNP era cierto. En consecuencia, de forma preliminar, pueden concluir que hubo una supuesta “continua y sistemática transgresión al régimen de libre competencia” por parte de ocho contratistas de la UNP: Neosecurity, GMW, Blinsecurity, Veblinco, Alliance, M.I., Vector, Nacional Rent y Armanti. 

En otras palabras, eso significa que dichas compañías se habrían cometido colusión, es decir, habrían ejecutado un acuerdo contrario a la libre competencia económica para repartirse los grupos y regiones ofertados en, al menos, 21 procesos de selección para contratar el arrendamiento de vehículos blindados adelantado por la UNP desde 2015 hasta 2024. La colusión la hicieron para ganar los procesos sin someterse a presiones competitivas de los otros agentes de mercado. En el fallo presentan pruebas de cómo se habrían concertado. 

Es preciso recordar que la ley colombiana prohíbe la colusión, por cuanto es una práctica contraria a la libre competencia. Según la SIC, esta se define como la acción o efecto de coludir, es decir, de realizar acuerdos entre los proponentes para no competir, con el fin de distribuirse adjudicaciones de contratos y concursos o fijar los términos de las propuestas.

Caso Alliance: el prófugo zar de la seguridad que la maneja en la sombra

Jorge Arturo Moreno Ojeda es prófugo de la justicia y tiene una condena de siete años. Aun así, sigue manejando sus empresas desde Miami, aunque no aparezca en los papeles. Esa es otra de las grandes conclusiones del fallo de la SIC.

^{Jorge Arturo Moreno Ojeda}

La superintendencia dice tener evidencia para concluir, también de manera preliminar, que Moreno Ojeda, conocido como el zar de las empresas de seguridad, sí está tan involucrado con la compañía Alliance, a pesar de no ser socio, representante legal, empleado o contratista, pues es él quien determina cómo desempeñarse en los procesos de selección. 

Entre las pruebas de los investigadores se cuentan conversaciones de WhatsApp que mostrarían que Moreno Ojeda habría ejercido influencia en el comportamiento competitivo de Alliance entre 2015 y 2024. La entidad corroboró que el 'zar' mantenía comunicación con otros contratistas investigados para definir la forma en que la empresa se comportaría en los procesos de selección de la UNP. 

Una de las conversaciones, del 23 de octubre de 2018, se dio entre Moreno Ojeda y Julio César Salas Triana, gerente y representante legal de la firma Vector. En la charla, Moreno se muestra ansioso de que los prepliegos salgan. Salas le contesta que salieron “complicados” porque “no aprobaron las 2013”. Esa conversación digital ocurrió justo cuando la UNP abrió un proceso de selección en 2018 que confirmaría que Moreno está pendiente de los procesos de la entidad.

En otro chat, también entre Moreno y Salas, el primero menciona a “Garrido”, quien según la superintendencia sería Ricardo Garrido, representante suplente de Nacional Rent, una empresa con la que Vector y Alliance conformaron una Unión Temporal y participaron en uno de los procesos de selección de la entidad. En el diálogo, Moreno le dice a Salas que tienen que hablar con los “amigos Garrido” porque necesitan “2013”. 

Para la superintendencia, esa charla es clave, ya que demuestra que Moreno es quien gestiona y toma decisiones sobre los carros blindados que requerían para ganar el negocio de los arrendamientos de los vehículos.

Años después, las conversaciones siguen y demuestran que las alianzas de las empresas continúan. En una del 11 de abril de 2022, Salas habla con William Enrique Maestre, gerente comercial de Vector. Maestre le dice que pueden presentarse al proceso con “Garrido”. Esa conversación se dio tres días después de que se abriera un proceso de licitación y cobra relevancia porque en ese proceso de licitación se unieron Vector, Alliance y M.I.

Finalmente, en una conversación entre Moreno y Salas, queda claro que quien tiene más interés en ganar la licitación es Moreno, pues les pide concentración para dejar “resuelto todo el tema de las camionetas para la licitación”.

El fallo de la SIC concluye, a partir de esas conversaciones, que Moreno sigue vinculado a Alliance, ya que mantiene comunicación con otros contratistas investigados para definir cómo hacer en los procesos de selección, y cómo tramitar y tomar decisiones respecto a los vehículos blindados que utilizarían para atender el negocio de arrendamiento. Además, estaba pendiente de la publicación de los procesos de selección adelantados por la UNP. Al mismo tiempo, habría coordinado organizado, estructurado y hecho seguimiento a las estrategias implementadas para atacar a otros competidores. Moreno, según el fallo, también dirigía la forma en que su empresa y sus socios participarían en los procesos de selección de la entidad.

Moreno Ojeda, entonces, encontró la manera de tomar decisiones en la sombra valiéndose de terceras personas. Él, sin embargo, seguía siendo quien comandaba la empresa. La estrategia le resultaba ventajosa debido al parentesco que tiene con los socios capitalistas de Alliance: su hermana y sus hijos.

Hay chats que muestran también una relación cercana entre Moreno y otro de los grandes contratistas de la UNP: Alan Perlman, de Neosecurity. En uno del 18 de diciembre de 2021 los dos quedan en hablar telefónicamente y es evidente la disposición de ambos.

Los investigadores encontraron que, por ejemplo, Neosecurity, empresa de Alan Perlman, fue el principal proveedor de Alliance por concepto de alquiler de vehículos en el 2021, y que los ingresos de esa compañía –sólo de ese contrato–, fueron de 8.500 millones de pesos: el 87 por ciento de los costos en los que incurrió Alliance por el concepto de alquiler de transporte.

^{Alan Perlman}

Pero no sólo tiene relaciones comerciales con esa compañía. La superintendencia dice que Neosecurity ha mantenido relaciones comerciales con otros contratistas, en especial con Vector, Nacional Rent, Veblinco, Alliance y Armanti. 

¿Cómo fue la colusión?

En los años investigados, de 2015 al 2024, la SIC encontró que las mencionadas empresas –Neosecurity, GMW, Blinsecurity, Veblinco, Alliance, M.I., Vector, Nacional Rent y Armanti–, se organizaron para presentarse a determinados procesos. Así llegaron como únicos proponentes, como socios en uniones temporales, o acordaron no presentarse para que dichos procesos fuesen restructurados.

La SIC presenta una declaración de Paola Andrea Valderrama, gerente general de Neosecurity, quien cuenta que los supuestos competidores tenían una relación de cercanía comparable “con la de una familia” porque, dice Valderrama, tenían que "hacerse pasito".

Para los investigadores, esa declaración muestra una armonía entre los investigados para respetar “las zonas de cada uno”. Eso, en palabras técnicas, se llamaría “acuerdo colusorio”.

El objetivo era simple: repartirse entre ellos los grupos y regiones ofertadas en los procesos de selección adelantados por la UNP para la contratación de los vehículos brindados desde 2015 hasta 2024. Ese acuerdo se muestra así porque los contratistas se abstuvieron de ofertar en zonas distintas a la repartidas para evitar presiones competitivas, al tiempo que presentaron ofertas económicas iguales o muy cercanas a los precios señalados por la entidad, y se coordinaron para hacer observaciones y no presentar propuestas, con el fin de presionar a la entidad sobre distintos aspectos del proceso.

Sobre el hecho de abstenerse de presentar la oferta, la entidad dice que la colusión se refleja en la forma en la que las presentaron en los distintos procesos de selección.

Según la SIC, los investigados lo hicieron de tal manera que no podían competir entre ellos. Así se habrían asegurado, en la mayoría de los casos, de que cada uno resultará adjudicatario de uno o varios grupos sin someterse a presiones competitivas. 

“Un elemento que refuerza la colusión es la constante ausencia de pluralidad de oferentes en los grupos en los que se dividieron los procesos de selección que adelantó la unidad para la contratación del arrendamiento de vehículos, entre 2015 y 2024. De los 21 procesos de selección que tuvieron el objeto referido, la UNP ofertó un total de 114 grupos, de los cuales, sólo en 12 concurrió más de un oferente y sólo en siete coincidieron los investigados”, dice el fallo de la SIC. 

Con ese supuesto acuerdo de colusión, durante esos años se repartieron siempre las zonas, como lo muestra el siguiente mapa elaborado por CAMBIO.

Las pruebas de la colusión

El fallo de la SIC muestra chats que, para ellos, prueban la colusión entre los contratistas. Uno es del 5 de octubre de 2021, realizado entre Jorge Arturo Moreno Ojeda y Alan Perlman, y en el que Moreno hace referencia a una armonía entre él, Perlman y Wilson. Alan le expresa que su actitud es de “respeto y honor para compartir esa experiencia de vida con ellos”.

La superintendencia dice que esa conversación es llamativa por cuatro razones. La primera, porque Moreno, vinculado a Alliance, mantenía comunicación directa con Perlman. Eso, según la entidad, confirma que Moreno lo hacía con representantes legales de sociedades arrendadoras de vehículos blindados. La segunda, debido a la referencia que hace a la existencia de una armonía entre Perlman, Moreno y Wilson, este último quien, según la SIC, sería Luis Wilson González, gerente de GMW. La tercera, porque Moreno reconoce el respeto que ha tenido con ellos y habla de una “experiencia de vida” lo cual, dice el fallo, sería la participación en los procesos de selección adelantados por la UNP. Y, finalmente, la cuarta razón, es que un tercero, Francisco Lastra, habla del grado de amistad que, según Moreno, lo unía con Perlman.

“Esta conversación, analizada en el contexto de los procesos adelantados por la UNP, confirmaría el presunto acuerdo colusorio y la manera de repartición entre los investigados. Además, lo dicho en la conversación sería coherente con la existencia de los bloques encabeza de Neosecurity y Alliance que habría operado bajo instrucciones de Jorge Arturo Moreno Ojeda y GMW entre los que se habrían repartido los grupos ofertados en los procesos de selección”, dice el documento. 

Para resaltar esa conclusión, la SIC presenta otra conversación del 18 de febrero de 2022 hecha entre Julio César Salas, gerente y representante legal de Vector, y William Enrique Maestre, gerente comercial de la misma empresa. En la charla, se envían documentos de un proceso de la UNP del2022. También dicen que dividieron “el grupo de Alan Perlman y que el pequeño debe ser de Moreno”, haciendo alusión que ellos estaban enterados de los grupos que manejaban determinados contratos en la UNP.

Con esos argumentos y pruebas, la SIC formuló un pliego de cargos contra el agente de mercado que participó en los procesos de contratación de los vehículos blindados de la UNP. También contra las siguientes personas, que habrían participado: Alen Perlman, de Neosecurity; Jorge Arturo Moreno Ojeda, de Alliance; Luis Wilson González, gerente de GMW; Alejandro Salvino, gerente y representante suplete de Blinsecurity; Aldo Salvino, representante suplente de Blinsecurity; Maria Isabel Almeida, gerente y representante de Veblinco; Alexander Díaz, suplente de Alliance; Jorge Alfredo Cabal, gerente administrativo de Armati; Julio César Salas, de Vector; Ricardo Garrido, gerente y representante de Nacional Rent; y Odilia Cecilia Chavarrio, representante de M.I. 

Ahora, los involucrados deberán rendir cuentas ante la SIC y, por supuesto, ante la justicia, que podrá investigarlos por delitos asociados con la corrupción en la contratación.