Petro desiste del Congreso y se aferra al voto popular: cuatro claves para entender el giro en la estrategia política del Gobierno

En el último mes se empezó a reportar el avistamiento de una criatura que se creía extinta: el presidente Petro pragmático, opositor al sectarismo, componedor de diálogos y coaliciones más amplias que la izquierda. Sin embargo, en cuestión de 12 horas, esa cara amable se transformó en la de un mandatario iracundo por el inminente hundimiento de la reforma laboral que optó por eliminar los intermediarios e invocar un mecanismo constitucional poco usado en el país: la consulta popular.

Este viraje abre un nuevo frente de batalla política tanto para el Gobierno como para todos los partidos políticos; Petro confía en sus votantes de 2022 y la oposición quiere buscar refugio en la impopularidad de la actual administración.

1. Un amor de verano

Hace una semana, el presidente Petro presentó a su nuevo gabinete. Un grupo tan variado que incluye a un general retirado, un líder sindical, una indígena y a Armando Benedetti, este último traído como un fichaje polémico, pero efectivo. La llegada del exembajador al Ministerio del Interior fue un mensaje de que las puertas y las ventanas estaban abiertas para la negociación con el culebrero por excelencia.

Además, se mantuvieron las cuotas del Partido Conservador y el Partido de La U en el gabinete, las alianzas desgastadas con sectores liberales y verdes fueron aceitadas y los teléfonos de líderes estratégicos empezaron a sonar. El conjuro iba encaminado a revivir aquella aplanadora de 2022 que le permitió a Petro aprobar en tiempo récord la reforma tributaria.

Pero mientras Benedetti terminaba de armar en la pizarra la táctica para romper el bloque opositor en la Comisión Séptima del Senado (en donde aterrizaron la reforma laboral y la reforma a la salud), los ocho senadores lejanos a la Casa de Nariño se adelantaron en la carrera: radicaron una ponencia de archivo que enterró el proyecto para transformar las condiciones de trabajo en el país. Entre los firmantes hay nombres que, en las cuentas del Gobierno, estaban en el grupo de los indecisos. Es el caso de las senadoras Lorena Ríos, Ana Paola Agudelo y Berenice Bedoya.

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“Pretender concertar con quien tienen inamovibles no es democrático”, dijo la senadora Bedoya de la Alianza Social Independiente.

Los ministros del Interior y de Trabajo intentaron reaccionar tardíamente, pero el daño ya estaba hecho. En las cuentas de ninguno de los dos estaba perder sin ni siquiera haber empezado el debate.

Tal es la desazón del presidente que, según conoció CAMBIO, se evalúa pedir la renuncia de Alexander Jaimes Medina, el director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior cercano a los partidos cristianos de los que hacen parte Agudelo y Ríos.

El llamado a una consulta popular del presidente, sus fuertes declaraciones tanto en público como en X y los eventuales castigos burocráticos le quitarán dos patas a la mesa en la que se estaban sentando los viejos aliados de inicio de Gobierno. 

Aunque es claro que el objetivo es evitar los entuertos del trámite legislativo, no es estratégico para Petro romper relaciones con los partidos tradicionales. No solo hay otros proyectos importantes que quedan bajo el fuego cruzado (como la reglamentación de la jurisdicción agraria y la ley de competencias), sino que en el horizonte ya están las elecciones de 2026, en las que el petrismo es consciente que por sí solo no tiene chance de repetir los resultados de 2022.

2. Como pez en el agua electoral

La movida en la estrategia también revela que el presidente está cada vez más cerca de su escenario natural: la búsqueda de votos. Petro siempre ha sabido ser un rockstar en las tarimas y los debates. Sus virtudes para pronunciar discursos grandilocuentes son indiscutibles y es la figura política que más emociones genera (positivas y negativas) en los potenciales votantes. No en vano, Petro siempre ha apelado a las movilizaciones sociales en los momentos más oscuros de los 31 meses que van de su Gobierno.

Sin embargo, las respuestas a los llamados del presidente han sido menos contundentes de lo deseado. El movimiento social está desarticulado. Cada estamento tiene sus propias dinámicas y las salidas en masa a las calles se han quedado en la imaginación del jefe de Estado. De hecho, la situación actual es prueba de que las convocatorias pasadas han sido escuchadas, pero no por el número suficiente de marchantes para evitar que las reformas sociales se hundan. En otras palabras, las marchas han demostrado ser poco efectivas. 

Eso sí, lo anterior tampoco puede llevar al Congreso a desconocer el potencial de la movilización social como pasó en 2021 durante el gobierno de Iván Duque. 

Hasta ahora, a la idea de las movilizaciones se han subido los aliados tradicionales del Gobierno. La Central Unitaria de Trabajadores convocó a una marcha para el 18 de marzo, lo mismo que Fecode. Pero otros actores fundamentales, como el movimiento estudiantil, siguen distantes de respaldar incondicional y masivamente a las nuevas convocatorias.

3. ¿Un camino poco prometedor?

La consulta popular es un mecanismo constitucional que permite a los ciudadanos ir a las urnas y pronunciarse sobre un tema trascendental para el país o su región. El trámite es relativamente simple: el presidente presenta la solicitud al Senado, este debe aprobar o negar en cuestión de 20 días. Si se aprueba, la convocatoria a las urnas no puede exceder los cuatro meses. Ya en el cubículo, cada ciudadano votará frente a varias pregunta de sí o no. 

Pero el diablo está en los detalles. El primer obstáculo para el Ejecutivo será garantizar las mayorías en una corporación que le ha sido adversa como el Senado. Si la votación en plenaria niega la petición de ir a la consulta, el presidente se habrá quedado con las dos salidas del laberinto bloqueadas. 

Aquí podría haber sorpresas. Algunos congresistas consultados al calor del momento no ven del todo descabellada la idea de la consulta. Al fin de cuentas, podría ser un baño de realidad para el petrismo y un termómetro implacable para las elecciones de 2026. Esta postura es similar a la que en su momento adoptó Germán Vargas Lleras sobre una eventual constituyente.

Pero de llegarse a aprobar la convocatoria a la consulta en el Senado, los resultados para que sea válida son exigentes. Primero, debe tener la participación de una tercera parte del censo electoral, alrededor de doce millones de personas. De ese total, la mayoría debe apoyar las reformas. 

La experiencia de la consulta anticorrupción en 2018 es un antecedente a considerar. A esa iniciativa, impulsada por Claudia López y Angélica Lozano, le faltaron cerca de 800.000 votos para cumplir con el primer requisito.

Por otro lado, será necesario condensar los dos proyectos en unas pocas preguntas de sí o no. De esta manera, el mandato de las urnas podría ser total o parcial hacia la mayoría de elementos de los articulados. En todo caso, de superarse el umbral y alcanzar la mayoría de votos, el mandato tendrá que tramitarse de nuevo en el Congreso. Si se vuelven a hundir los proyectos, el Gobierno podrá maniobrar con decretos.

4. El Pacto Histórico en modo campaña

La instrucción de Petro a la coalición de partidos que lo llevó a la presidencia es clara: salir a las calles y empezar a mover las bases buscando los votos necesarios para evitar el fracaso.

Semejante tarea para tan poco tiempo requerirá del trabajo arduo de las figuras más visibles del Pacto Histórico. El problema es que la mayoría están en el Congreso o en el gabinete. 

En el primer caso, lo más probable es que la agenda del Gobierno se paralice por lo que resta de la legislatura. La bancada petrista estará volcada en el trabajo político y poco se les verá en el Capitolio.

Por otro lado, esta coyuntura podría generar nuevas renuncias de funcionarios que utilicen la consulta como justificación. Por ejemplo, la salida de Gustavo Bolívar es cuestión de tiempo y alzar la bandera de las reformas es una buena antesala para su campaña presidencial.

Incluso, exfuncionarios o próximos a serlo, podrían empezar a mojar prensa y redes sociales aprovechando la campaña de la consulta. Susana Muhamad sigue esquivando regresar al Gobierno, Omar Andrés Camacho ya confirmó que quiere llegar al Senado, Jorge Rojas ha dicho que quiere mantenerse en las labores políticas, Alexander López es otra voz estratégica en tiempos de campaña y Roy Barreras también quiere lanzarse al agua.

La apuesta del presidente Petro con esta nueva estrategia es arriesgada. Si la consulta se cae en el Senado, tendrá muy pocos caminos para llegar a 2026 con resultados para mostrar. Situación que se agrava si la Corte Constitucional hunde la reforma pensional. Y si en la votación no se llega a pasar el umbral, será una bofetada para un mandatario que sigue convencido que los 11 millones de votos que le dieron el triunfo en 2022 fueron un cheque al portador.