El lío judicial alrededor de una prueba clave que se sumó a la carrera por la Registraduría

Un informe técnico de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de la Rama Judicial asegura que el 26 de agosto de 2023, cuando estaba previsto que se realizaran las pruebas de conocimiento y de competencias de los candidatos que están en carrera para llegar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, no hubo ninguna falla en sus computadores.

Ese día la sesión empezó y, luego, los presidentes de las Altas Cortes que son los encargados de diseñar todas las pruebas que tiene este proceso, decidieron anunciar el aplazamiento de la sesión porque se evidenció "una falla del sistema (....) al menos en algunos equipos de cómputo. La sesión se realizó al final dos días después sin inconvenientes”. 

El informe se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, que estudia una tutela que presentó Lennart Mauricio Castro López, quien fue una de las personas que se presentó a este proceso, quien ya se quedó por fuera de esta carrera y quien cuestiona, entre otros, lo que pasó en esa sesión.

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Ese documento pericial dice que ese día se realizó monitoreo constante por parte del equipo de tecnología de la Escuela Judicial, a las URL´s dispuestas y aprobadas por las Corporaciones y que hubo "normalidad en el flujo de paquetes de datos".

"Se puede evidenciar, con sustento en el seguimiento que se le hizo a la red, que los equipos de cómputo no presentaron ningún inconveniente, al momento de la presentación de las pruebas. No obstante, los delegados de las Cortes luego de transcurrida media hora del inicio de las pruebas, la cual tuvo lugar a las 8:30 a.m., decidieron reiniciarlas y dispusieron la salida temporal de los participantes de las aulas. Minutos después, solicitaron a los participantes regresar a los salones, donde les fue informado que se suspendían las pruebas por problemas técnicos en la aplicación web prevista para el proceso y que se reprogramarían posteriormente, a través de una adenda al cronograma", agrega el documento.

Desde las Cortes se indicó que no habría irregularidad alguna porque la falla que llevó a aplazar esa sesión se presentó en el aplicativo destinado para realizar la prueba, en el sistema, pero no en los computadores. El 28 de agosto, día en que se iba a hacer la prueba, los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado recibieron la siguiente respuesta de lo que había pasado ese día: 

“En el momento de acceso al aplicativo (…) se hace el lanzamiento del examen, el decir, sobre las 8:25 a.m. del 26 de agosto, pero el aplicativo mostró el siguiente mensaje: “NO ES POSIBLE EJECUTAR la consulta”. Según dijeron en ese momento, fue el aplicativo el que presentó problemas por lo cual se ordenó hacer una auditoría. Y la sesión quedó aplazada para el 10 de septiembre porque los candidatos habían alcanzado a conocer algunas de las preguntas del examen.

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Ese día, dice el mismo informe técnico, había dos ingenieros de sistemas para atender los imprevistos que se pudieran llegar a presentarse y la prueba se presentó sin problemas. La tutela está en estudio en el despacho del magistrado Carlos Roberto Solorzano y en la misma, el candidato Lennart Mauricio Castro López dice que los presidentes de las Altas Cortes habrían incurrido en vías de hecho y, señala, entre otros puntos, que hasta la fecha él no conoce el resultado de la auditoría que se ordenó hacer.

Igualmente, Castro dice que no hubo tiempo suficiente para responder todas las preguntas y asegura que habría errores en la valoración que hicieron los presidentes de las Cortes de las respuestas que él hizo, entre otros, y pide que se le sumen más puntos que le permitan volver a esta carrera en donde está próximo a anunciarse los 10 candidatos que serán llamados a entrevista.

Lo que dicen las Cortes

La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ya solicitó a la Corte Suprema de Justicia que no conceda la tutela al estimar que, primero, no cumple los requisitos para hacer un análisis de fondo. Y, segundo, porque las pruebas las hacen los presidentes de las Cortes y la escuela solo puso sus instalaciones y los computadores.

"Es posible concluir que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados por el actor, pues, tal como se ha venido exponiendo a lo largo de este escrito, y como se evidencia en los anexos aportados, la intervención de la entidad en el Concurso de Méritos Especial para la escogencia del Registrador Nacional del Estado Civil fue, en términos simples de logística", indicó.

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Y el pasado 2 de noviembre, también solicitaron formalmente negar la tutela Diana Fajardoc presidenta de la Corte Constitucional; Fernando Castillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Jaime Rodríguez Navas, presidente del Consejo de Estado. En un escrito de 10 páginas, estos indicaron que la tutela no es procedente porque busca reversar actos administrativos que están en firme y que no fueron objetados en su momento por las vías que el mismo proceso planteó.

"El ciudadano Lennart Mauricio Castro López efectúa afirmaciones inadmisibles e infundadas sobre la prueba del 26 de agosto de 2023, entre éstas, que respondió de manera acertada dicho cuestionario, lo cual se aleja de la verdad en la medida que ante la falla en el aplicativo no fue posible que se respondieran todas las preguntas previstas para cada concursante. Al momento de informarse a la opinión pública sobre lo sucedido con la aplicación de la prueba de conocimientos específicos a la que inicialmente se citó para el 26 de agosto de 2023 y la convocatoria a la realización de la misma el 10 de septiembre, el accionante no presentó objeción alguna", indicaron.