El Gobierno de Petro se juega las cartas definitivas ante la ONU para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz

En mayo de este año, el presidente Gustavo Petro hizo una ‘autodenuncia’ en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El mandatario aseguró que el Estado colombiano –del cual es jefe– no quería implementar el Acuerdo de Paz con las extintas Farc. Hoy, cinco meses después, el Gobierno volvió a esa instancia a presentar un plan de choque para acelerar la implementación de lo pactado en 2016 y enviar un mensaje de compromiso ante una comunidad internacional inquieta.

El encargado de diseñar la estrategia de salvación, o redención, es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien lleva tres meses en el cargo. Cristo llegó al gabinete con la convicción y la tarea de rescatar un acuerdo que él mismo se encargó de tramitar en el Congreso durante el gobierno de Juan Manuel Santos. 

“Sobre el acuerdo se ha avanzado mucho en los últimos tres meses y así lo ha reconocido la comunidad internacional”, le dijo Cristo a CAMBIO.

El reto para el ministro y el Gobierno de Petro es remontar en los próximos dos años la lenta ejecución de la primera mitad de esta misma administración y los cuatro años de Iván Duque. Por ello, el punto de partida del plan es un diagnóstico crudo de la implementación del Acuerdo y así para plantear que es urgente agilizar su ejecución.

El primer punto se trata de realizar pactos territoriales para la transformación de las 16 subregiones PDET. El objetivo es coordinar proyectos de alto impacto con inversión del Gobierno nacional, los gobiernos locales, el sector privado y la cooperación internacional. 

“Hay que invertir en los territorios, hay que invertir en la zona de conflicto. No lo hemos hecho, esa es la verdad”, añadió Juan Fernando Cristo.

En el segundo punto está la reforma rural integral, una de las banderas de la administración Petro que ha avanzado a un ritmo más lento de lo esperado. Según el plan de choque, la idea es acelerar la entrega de tierras para llegar a la meta de 3 millones de hectáreas. Lo curioso es que en diciembre del año pasado el mismo presidente Petro reconoció que alcanzar esa cifra era un desafío cada vez más difícil de superar.

“Se nos queda pequeño para poderlo hacer, y tengo temores de que esa cifra de 3 millones que quedó escrita en los Acuerdos de Paz se vuelva ilusoria”, dijo el presidente hace diez meses.

El objetivo de acelerar la reforma fue celebrada por el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien intervino ante el Consejo de Seguridad para presentar su informe trimestral: “Cada vez más se redistribuye la tierra a quien la necesita, pero los resultados siguen siendo modestos (...) Acojo con satisfacción los primeros indicios de focalizar el plan en la reforma rural y el mejoramiento de las condiciones de seguridad”, dijo Ruiz.

El ministro Cristo presentó como otro de los puntos del plan de choque la agenda legislativa pendiente para la implementación del Acuerdo de Paz. En ella, los dos proyectos clave son la reglamentación de la jurisdicción agraria y la reforma política. Ambas iniciativas apenas están dando sus primeros pasos en el Congreso y hasta mitad de 2025 podrían ver la luz, contando con que superen los debates en la Cámara y el Senado. 

Además, el plan del Ministerio del Interior incluye un compromiso de fortalecer las condiciones de seguridad en los territorios. Para ello, será necesario un trabajo coordinado entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. Ruiz Massieu también hizo un llamado a atender este punto: “La compleja situación de seguridad sigue siendo uno de los mayores obstáculos (...) firmantes y líderes sociales son objeto de amenazas y ataques”.

En el informe de la Misión de Verificación se reporta que, desde la firma del Acuerdo hasta el 26 de septiembre de 2024, han asesinado a 432 excombatientes, nueve de esos crímenes ocurrieron en los últimos tres meses.

Representantes del Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Japón y Ecuador también expresaron sus preocupaciones sobre la seguridad y los diálogos y negociaciones sin grandes avances con grupos criminales. 

“Colombia debe saber cómo gestionar las dinámicas de violencia (...) esperamos que se retome el cese al fuego con el ELN y se mantenga con la Segunda Marquetalia”, aseguró Kazuyuki Yamazaki, embajadora de Japón.

Los representantes de los países coincidieron en que la violencia en contra de los firmantes del acuerdo es un hecho que necesita de atención urgente y llamaron la atención por la reubicación de varios espacios territoriales como el de Miravalle en San Vicente del Caguán.

“El Estado debe garantizar la protección de los excombatientes, indígenas y afrodescendientes”, dijo José Javier de la Gasca, embajador ecuatoriano.

Finalmente, los dos últimos puntos del plan de choque que el Gobierno de Petro presentó a las Naciones Unidas refieren al acuerdo nacional que lanzó el ministro Cristo hace unos días y la metodología de seguimiento a la estrategia de aceleración, la cual estará liderada por el Ministerio del Interior en conjunto con Planeación Nacional y la Consejería para la Paz. 

Sin embargo, el plan de choque no hace referencia ni a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni a la sostenibilidad financiera de la implementación del Acuerdo.

Sobre estos dos puntos, el representante Ruiz Massieu sí se pronunció. El diplomático aseguró que la JEP sigue adelante con su “labor pionera” y explicó que la Misión de Verificación está a la espera de que se emitan las primeras sanciones a culpables de hechos graves. Sobre la plata para implementar el Acuerdo, Ruiz dijo que: "me preocupa que los recursos destinados a la paz se vean afectados a las restricciones fiscales”.

En el plan de choque tampoco se habla explícitamente de los enfoques étnicos y de género, algo que resaltó el embajador de Corea del Sur, Hwang Joon-kook. “Estamos preocupados por los lentos avances del capítulo étnico y las disposiciones sobre el género”, dijo el diplomático.

El canciller, Luis Gilberto Murillo, también participó de la jornada diplomática ratificando el compromiso del Estado colombiano con la implementación del Acuerdo de Paz. "Se ha identificado la insuficiencia de recursos asignados y la falta de capacidad institucional", dijo el canciller sobre los desafíos que ha encontrado este Gobierno. "Estamos convencidos que la única salida es cumplir con lo acordado", agregó Murillo.

Con este plan de choque, el Gobierno de Petro espera darle oxígeno al Acuerdo de Paz de La Habana y rescatar una de las principales banderas de la campaña presidencial de 2022. El gran reto es ganarle la carrera al tiempo y a los traspiés de la paz total.