"Golpe parlamentario": ¿qué tan probable es la teoría del presidente Petro?

La noticia de la formulación de cargos en su contra por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) le confirmó al presidente Petro su versión de un golpe de Estado hecho a punta de corbatas y políticos. Desde el anuncio hasta ahora, el mandatario no se ha guardado nada e incluso ya dio un par de nombres de quienes podría estar de la estrategia: Germán Vargas Lleras y Néstor Humberto Martínez.

“Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional [...]la estrategia la planteó explícitamente Néstor Humberto Martínez copartidario del señor Lorduy y de Germán Vargas Lleras”, escribió el presidente en su cuenta de X.

El trino presidencial resuelve -al menos parcialmente- una de las preguntas que surgieron sobre la reacción de Petro a la decisión del CNE; ¿Por qué habla de un golpe si la sanción de ese organismo solo puede ser administrativa? Para el jefe de Estado, la formulación de cargos hecha el pasado 8 de octubre abre el camino a un juicio político por indignidad en el Congreso, una ruta que en teoría sí podría terminar en una destitución, pero en la práctica es imposible.

¿Es posible un golpe parlamentario? Lo que sigue en el proceso 

Más allá del debate jurídico sobre la competencia o no del CNE de formular cargos e investigar al presidente, lo cierto es que su juez natural es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. De hecho, el presidente, los ministros, algunos expertos y hasta los mismos investigadores de esa comisión que llevan los procesos contra Petro han solicitado que se envíe el expediente al Congreso.

En otras palabras, si la investigación en el CNE no se archiva, todos los caminos conducen a la Comisión de Acusaciones, y el presidente lo sabe. Allí hay tres congresistas investigadores –Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico), Alirio Uribe (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U)–, quienes todavía están en las labores investigativas.

Cuando culmine esta etapa, los tres congresistas tendrán que presentar al presidente de la Comisión de Acusaciones el proyecto de acusación o preclusión de la investigación. En esta legislatura la presidencia de esa célula legislativa está en manos de Leonardo Gallego Arroyave, representante por el Valle del Cauca del Partido Liberal, que tiene una posición distante pero no confrontacional con el gobierno Petro.

Cinco días después, los 18 congresistas que hacen parte de esa célula legislativa se reunirán para evaluar el proyecto y votar a favor y en contra. La mayoría para tomar una decisión debe ser absoluta, es decir, 10 de 18 votos.

Aquí las cargas tampoco están definidas por completo. Por un lado, hay congresistas leales al Gobierno: Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta, María Eugenia Lopera, Karyme Cotes, Olga Lucía Velásquez y Alejandro Ocampo. Pero también abiertamente opositores, como Hernán Cadavid, Óscar Villamizar, Jorge Tovar (hijo del exjefe paramilitar Jorge 40) y Katherine Miranda, actual vicepresidenta de la comisión. 

Sin embargo, ningún bloque tiene de entrada los votos suficientes para tomar una decisión a favor o en contra del presidente y allí serán cruciales los dos congresistas del Partido de la U y los dos de las circunscripciones de paz. Además, la Casa de Nariño sí tiene los apoyos suficientes para romper el quórum y retrasar el proceso.

Luego de la votación, y sin importar cuál sea el veredicto, esta debe ser remitida por el presidente de la Comisión al presidente de la Cámara para que lo aprobado se someta a votación de la plenaria. Aquí, el Gobierno ha demostrado mantener una mayoría importante gracias a bancadas como la liberal y así lo ha probado el avance de la reforma laboral en esa instancia.

En esta etapa se abre la posibilidad de que la plenaria confirme la decisión de la Comisión o no. Si se vota a favor de la preclusión, la investigación se archiva. Pero si se vota a favor de la acusación, el caso pasa a la Comisión de Instrucción del Senado. Si esta instancia considera seguir adelante con el proceso, la acusación pasa a la plenaria del Senado.

Allí se tendrá la última palabra: archivar, remitir a la Corte Suprema de Justicia (si se trata de delitos comunes como los electorales) o iniciar audiencia pública para el juicio (si se trata de hechos cometidos en el ejercicio de funciones públicas o en relación con las mismas).

Ningún presidente ha llegado al escenario del Senado, ni siquiera Ernesto Samper durante el proceso 8.000, que se archivó en la plenaria de la Cámara.

Sin embargo, otros aforados como el exmagistrado Gustavo Malo sí completaron el ciclo. Malo fue investigado y acusado por la Cámara. La plenaria del Senado votó a favor de enviar su caso a la Corte Suprema y ese tribunal lo condenó a más de nueve años de prisión.

En conclusión, las investigaciones y acusaciones en contra del presidente y su campaña no solo se resolverán en lo político, sino que implican un largo proceso que incluso podría llegar a su etapa final cuando haya terminado el periodo presidencial de Gustavo Petro. No obstante, las consecuencias políticas se sentirán en tiempo real para el jefe de Estado, su proyecto progresista y la convulsionada realidad nacional.