La aplanadora varada: el Gobierno perdió el año en el Congreso

“No creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primer año. O lo hacemos en este, con el viento a favor, o después la historia nos mandará hacia otros lares”. Estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro en julio de 2022. 

Luego de la luna de miel con el Congreso, durante el primer periodo legislativo de 2022, el primer semestre de este año ha dejado para el Gobierno un saldo de dos partidos de la coalición fugados a la independendencia y uno fracturado internamente, dos remodelaciones ministeriales, el hundimiento de la reforma política y el freno a la congestionada agenda legislativa que el Ejecutivo se propuso aprobar antes del 20 de julio. En las próximas tres semanas, el presidente y su gabinete se juegan el tiempo extra para responderles a las bases por los cambios que prometieron, pero el panorama es cada vez más oscuro.

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La recta final de la legislatura la deberá enfrentar la Casa de Nariño en medio de los coletazos del escándalo por las salidas de Armando Benedetti y Laura Sarabia del alto Gobierno y la teoría del golpe blando con el que el presidente ha tratado de presionar al Congreso desde las calles.

Lo cierto es que, de las 35 iniciativas radicadas, apenas han sido aprobadas dos: la reforma tributaria y el Plan de Desarrollo.  

En vista de la escasez de aprobaciones, el Gobierno plantea una estrategia de liebre para hacerle el quite al plan tortuga que la oposición y los independientes quieren continuar. ¿Cómo le irá?

Las tres reformas sociales 

Las tres iniciativas insignia del Gobierno que se están tramitando en este periodo son la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud. Cada una tiene un avance y diagnóstico distinto.

Por un lado, la que ha logrado avanzar más, aunque de manera accidentada, es la reforma a la salud, que ya llegó al segundo debate en la Cámara de Representantes. El costo, sin embargo, ha sido altísimo: la salida de la ministra de Salud Carolina Corcho, el ministro de Educación Alejandro Gaviria y el ministro del Interior Alfonso Prada; además, el inicio de una guerra fría con los jefes del Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, con quienes Petro estrechó la mano hace un año. 

El proyecto lleva estacionado en la plenaria desde hace más de una semana y hasta ahora se han logrado votar aproximadamente 30 impedimentos de los congresistas, de un total de 60 que fueron radicados. La última sesión del pasado 7 de junio se levantó después de cinco horas por falta de quórum y fue el reflejo del lento avance de las reformas por el ausentismo opositor. 

El próximo intento será el 13 de junio, cuando el Gobierno confía en que los votos le alcancen para hundir la proposición de archivo del proyecto que apoyan los partidos de oposición -Cambio Radical y Centro Democrático-, los independientes -Partido Conservador y Partido de la U- y una parte de la bancada de la Alianza Verde. 

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Los problemas para el presidente Petro son dos: conseguir mayorías en la plenaria y la asistencia suficiente para que haya quórum decisorio. Ya no basta con convencer a un par de congresistas como sucedió en la Comisión Séptima, sino que es necesario el apoyo de bancadas enteras o la mayoría de ellas. La cifra mágica son 95 votos.

Para el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático, “por primera vez hay un ambiente favorable para que la reforma a la salud se puede hundir, sentimos que no estamos solos en ese propósito”. Habla en relación con las posturas de los partidos que no son de oposición pero que están decididos a que la reforma a la salud se frene. “Nos ha tomado por sorpresa las posiciones del Partido Conservador y el Partido Verde”, dijo Cadavid.

Frente a las álgidas sesiones que se avecinan, la oposición intentará como primer recurso romper el quórum decisorio, tal y como ha venido ocurriendo. “Si vemos la oportunidad de romper el quórum lo haremos”, dijo el representante Andrés Forero, y agregó: “es un instrumento legítimo”.

Sin embargo, si el quórum logra conformarse, los opositores llegarán a la sesión para tratar de agrupar los votos necesarios para archivar el proyecto o modificarlo tanto como se pueda a través de proposiciones.

Aún así, las perspectivas más realistas dentro de la Cámara indican que la reforma a la salud lograría, en el mejor de los casos, pasar en un “voto finish” la prueba de la plenaria, pero no tendrá ni el tiempo ni el apoyo para llegar al Senado a surtir los otros dos debates. “El Gobierno sabe que a duras penas le podría alcanzar para pasar la reforma a la salud en la Cámara, pero no van a insistir más con ese proyecto y lo dejarán ahí, las relaciones están tensas con todos los partidos menos el Pacto Histórico”, le dijo a CAMBIO un congresista del Partido Verde.

Además, a la reforma a la salud se le suma otro problema: las demandas en su contra por inconstitucionalidad. CAMBIO consultó a varios magistrados de la Corte Constitucional quienes aseguraron que la reforma, así supere todos los debates en el Congreso, podría ser hundida en la Corte por vicios de trámite.

Por los lados de la reforma pensional la situación es más prometedora y menos arriesgada en la Comisión Séptima del Senado. El Gobierno logró que el pasado 8 de junio la sesión de esa célula legislativa tuviera el quórum suficiente para votar y decidir el proyecto, gracias a la presencia de los congresistas de la coalición y el apoyo sorpresivo de las curules de partidos cristianos. Aún así, el debate estuvo lleno de dilaciones por los cuestionamientos a la forma en la que fue convocada la sesión el día anterior. La senadora y presidenta de esa comisión Norma Hurtado, del Partido de la U, no asistió, al igual que los congresistas liberales y conservadores. 

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A la comisión también llegó una lluvia de recusaciones contra los legisladores que retrasó aún más el debate. "No es ético ni aceptable el dilatar para ganar tiempo, nuestro país clama por decisiones concretas, sea que se apruebe o no la reforma, es momento de comenzar a darle trámite", dijo el senador Alexander López Maya.

Aún así, el informe de ponencia de la reforma pensional fue aprobado, lo que permitirá abrir la discusión del articulado. La cita también será el martes 13 de junio en la mañana. Según conoció CAMBIO, el objetivo del Gobierno es lograr que se aprueben a toda marcha por lo menos 50 artículos que tienen acuerdo y abrir el debate para los otros 43. Eso sí, el Ejecutivo está resignado a que la reforma pensional sobreviva a su primer debate antes del 20 de junio y quede estacionada para seguir su trámite el próximo periodo.

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“Yo siento que hay personas que manejan hoy billones de pesos, que les está doliendo ese bolsillo. Y nos mandan a unas personas, a unas recusaciones completamente ridículas, es que lo de ayer fue ridículo, o sea, recusar a una parlamentaria, porque es madre, porque es mujer; recusar a unos parlamentarios porque tienen treinta y cinco años (...) cuando uno comienza a ver ese tipo de argucias dice: ‘este no es el debate político, esta es la trampita, la quiebrapata, a ver si paro, como sea, un debate”, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Por último, el proyecto que quedará relegado es la reforma laboral. La iniciativa no ha tenido ni siquiera su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara y la distribución de fuerzas le van a impedir a esta reforma avanzar en esa célula legislativa. Sin tiempo y sin el apoyo de aliados claves como el Partido de la U y el Partido Liberal, el Gobierno tiene muy pocos chances de que ese proyecto tenga el mismo destino de la reforma pensional y por lo menos quede aprobado en su primer debate.

Frente a este panorama, las sesiones extraordinarias, que hasta ahora parecían un hecho, no tendrían razón de ser. CAMBIO conoció que en todos los partidos que tienen presencia en el Congreso, salvo los que hacen parte del Pacto Histórico, hay una postura casi unificada de oponerse a las extras, pues no habría nada que debatir si las reformas cumplen su ciclo de vida antes del 20 de junio. "Se podría convocar sesiones extraordinarias máximo por una semana. Incluso, si la reforma a la salud se aprueba antes del 20 de junio en Cámara la convocatoria a extras se reevaluaría", dijo una fuente en el Ministerio del Interior.

Por su parte el ministro Luis Fernando Velasco declaró: “Entendemos que la reforma laboral necesita que la sigamos cocinando, yo esperaría que en los últimos días de la legislatura la Comisión Séptima de la Cámara le dé un buen mensaje al país y nos deje viva esa reforma. Con la pensional hay un acuerdo para debatir, no hacer filibusterismo, un acuerdo para no ponerle trabas”.

Los actos legislativos y otros proyectos

Además de las reformas sociales, al Gobierno también le preocupan los actos legislativos que apoyan principalmente la regulación del uso adulto del cannabis, la jurisdicción agraria y el campesinado como sujeto de derechos. Por su naturaleza, todos estos proyectos deben ser aprobados antes del 20 de junio. 

La prioridad es que no se pierda el avance que han tenido estas iniciativas y que resulten afectadas por el daño colateral del plan tortuga de la oposición, como casi le pasa al proyecto del cannabis. Esta iniciativa de autoría del representante Juan Carlos Losada logró sobrevivir a su séptimo debate en la Comisión Primera del Senado y solo le resta una prueba más en la plenaria de esa corporación.

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A la iniciativa le apareció una nueva amenaza: un foro de Asobancaria en Cartagena a la que asistirían varios senadores. Según el cronograma del evento, el jueves 15 de junio, misma fecha en la que se haría el último debate del cannabis, será el día de intervenciones de los congresistas en el foro. Aparecen confirmados David Luna, Clara López, Alejandro Chacón, Inti Asprilla y Norma Hurtado. Todos han apoyado el proyecto pero no estarían para votar, complicando seriamente el futuro del mismo. El último chance para el Gobierno y los promotores del proyecto es citar para el mismo 20 de junio, último día de sesiones ordinarias arriesgando a que por falta de quórum o dilaciones se termine hundiendo la iniciativa.

Finalmente, otros dos articulados que son claves para el Ejecutivo y que tampoco lograron avanzar en este semestre son la Ley de Sometimiento y el proyecto de humanización carcelaria. Ninguno de los dos ha surtido su primer debate y la congestión de proyectos actual los deja relegados para el próximo periodo.