CAMBIO revela la negociación de Nicolás Petro con la Fiscalía

El caso de Nicolás Petro ha sido el más mediático de la historia reciente. La Fiscalía, bajo la administración de Francisco Barbosa, volvió el proceso una trinchera que acaparó los titulares de prensa con frases rimbombantes y, entonces, se enfrentaron los dos hombres más poderosos de ese momento: el fiscal Barbosa y el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, con la salida de Barbosa y la llegada de Luz Adriana Camargo, el proceso podría dar un giro de 180 grados. 

Hoy, cuando ya ha bajado la marea, las partes se han sentado a negociar para ver si el caso puede terminar con un preacuerdo y no en un juicio. Si la negociación llega a buen puerto, la Fiscalía se ahorraría el desgaste y el riesgo de perder el caso. Por su parte, el hijo del presidente, quien estando capturado confesó ante una cámara sus delitos, la posibilidad de pasar hasta 13 años en la cárcel. 

Se trataría de un pacto en donde ninguna de las partes podría reclamar una victoria absoluta. Aunque la Fiscalía aseguraría una condena, seguramente enfrentaría un tsunami mediático y político de quienes consideren que la justicia le hizo concesiones, simplemente por ser el hijo del presidente, a un hombre que estuvo a punto de ir a la cárcel. Nicolás Petro renunciaría a la posibilidad de ganar en juicio y ser declarado inocente, pero tendría que aceptar varios delitos y pasar un tiempo privado de la libertad. CAMBIO revela cómo van las negociaciones.

El caso le fue asignado en principio al fiscal Mario Burgos. El funcionario dijo en los estrados judiciales que, durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, su hijo Nicolás recibió dineros de personajes cuestionables con la promesa de que iban a ser invertidos en la campaña, pero, en realidad, terminaron en sus bolsillos. Así, incrementó su patrimonio de manera injustificada en 1.053 millones de pesos que, según Burgos, trató de ocultar. Por lo anterior, Nicolás Petro fue acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.

Para los observadores de la política, hace apenas unos meses el destino del hijo del presidente estaba cantado. Sin embargo, Nicolás Petro ha contado con suerte: el fiscal Burgos y su jefe Francisco Barbosa, en medio de su enfrentamiento con el presidente, manejaron el caso con poco tacto y, por eso, Burgos fue apartado del proceso. La Comisión de Disciplina Judicial le formuló cargos por la filtración de los videos de la captura y del interrogatorio. Por eso, la Fiscalía prefirió cambiar a Burgos y puso como nueva líder del proceso a Lucy Marcela Laborde. 

Para el órgano disciplinario, Burgos pudo incurrir en conductas gravísimas por varias razones: un aparente incumplimiento del deber de custodia sobre registros de los videos; un abuso de poder en el procedimiento de captura para presionarlo para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, y, además, pudo haberse extralimitado en el interrogatorio por haberle preguntado por situaciones relacionadas al presidente Gustavo Petro, que goza de fuero, es decir, que sólo puede ser investigado por la casi inexistente Comisión de Acusaciones. Burgos ha sostenido que es inocente y que no tuvo nada que ver con la filtración. 

Con ese nuevo panorama, según fuentes de CAMBIO, la defensa de Nicolás Petro volvió a tocar las puertas de la justicia para intentar renegociar el proceso. Por eso, hace varias semanas se han venido aplazando las audiencias preparatorias del juicio, que es la etapa en la que las partes enuncian sus pruebas y el juez decide cuáles van y cuáles no. 

La fiscal Laborde y la defensa de Nicolás Petro han tenido varias reuniones con miras a un preacuerdo en el que pretenden ganar por partes iguales. 

La propuesta del hijo del presidente

Las fuentes aseguran que la defensa de Nicolás Petro ha presentado cinco propuestas para preacordar y que, para analizarlas, se conformaron mesas técnicas de primer nivel en la Fiscalía. 

Una de esas propuestas es que la fiscal del caso ⁠haga un “ajuste de legalidad” en el proceso. Es decir, que replantee el caso para pedirle al juez que se olvide de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, por los que hoy está acusado Nicolás Petro, y se concentre en procesarlo por el delito de estafa, que sería agravada por la cuantía.

Otra propuesta es que se haga un preacuerdo sólo por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares y se anule el de lavado de activos.

Esos escenarios permitirían que la defensa de Nicolás Petro le solicite al juez del caso que le permita cumplir su pena en la casa y no en la cárcel. 

Según tres jueces consultados por CAMBIO, la pena por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, para una persona sin antecedentes penales, puede ser de entre 11 y 13 años de prisión. Por el de estafa agravada el rango de la condena oscila entre 3,5 y 18 años. La justicia podría moverse en ese amplio rango de acuerdo al análisis del caso. 

Por otro lado, si van a juicio, ninguna de las partes tiene el éxito garantizado. Ni siquiera la Fiscalía, que anunció 60 testigos para probar su hipótesis.  Sobre todo, cuando la defensa del joven político tiene una teoría del caso bastante llamativa que construyó con base en un concepto jurídico elaborado por uno de los penalistas más reputados del país: el exministro Yesid Reyes. Con base en ese concepto, han hecho las distintas propuestas.

Este tema está lleno de tecnicismos y detalles que hacen toda la diferencia en la tipificación de los delitos y, por consiguiente, en la cuantía de la pena. Por ejemplo, es más grave el enriquecimiento ilícito cuando se trata de un servidor público y no de un particular.

En el código penal de 1980 se establecía textualmente que, para que se configure el enriquecimiento ilícito de servidor público, la justicia debe probar que el incremento patrimonial injustificado de un funcionario se dio “por razón del cargo o de sus funciones". Según Reyes, en el código penal del 2000 esa frase dejó de estar en comillas, pero eso no significa que ya no sea un elemento indispensable en la estructura típica de este delito.

“Una correcta imputación del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público requiere incorporar como hechos jurídicamente relevantes aquellos relacionados con la existencia de un nexo causal entre el desempeño de un cargo o función pública y el incremento patrimonial injustificado que se le atribuye a alguien”, dice el concepto conocido por CAMBIO.

Para Reyes, la teoría de la Fiscalía fue “estructurada de manera deficiente”. Esto, pues no establecía claramente una relación directa entre el cargo de diputado que ostentaba Nicolás Petro y el enriquecimiento ilícito del que se le acusa.

Sobre el delito de lavado de activos, el exministro concluye que la Fiscalía tampoco ha sido precisa en la explicación probatoria que lleve a establecer claramente cómo Nicolás Petro habría ocultado los dineros que recibió. 

Para la Fiscalía, Petro lavó activos porque compró una casa en Villas de Palmarito, en Tubará, Atlántico, por 334 millones de pesos, que puso a nombre del tío de Day Vásquez; compró un Mercedes Benz por 200 millones de pesos que tampoco puso a su nombre, y pensó en adquirir una casa en el condominio “La Herradura”, en Barranquilla, pero al final se corrió del negocio.

Añade el escrito de acusación contra Petro, que éste ocultó parte de los dineros recibidos por el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra; Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso 'el Turco' Hilsaca, y el empresario cucuteño, Óscar Camacho, en bolsos, morrales y cajas fuertes que tenía en su vivienda.

Para la defensa de Nicolás el patrimonio injustificado se derivó de una estafa que les hizo a las personas mencionadas y nunca pretendió lavar esos dineros. Esa conclusión de la defensa también la hicieron con base al concepto de Yesid Reyes que propone que los hechos podrían configurar el delito de estafa.

Las fuentes dijeron que la Fiscalía analiza las propuestas en las mesas de trabajo,  pero que no se le ha dado viabilidad a ninguna ni han tomado una decisión sobre un eventual preacuerdo. Incluso, advirtieron, la decisión que tomen deberá ser aprobada directamente por la fiscal general, Luz Adriana Camargo. 

CAMBIO consultó a la defensa de Nicolás Petro y a la Fiscalía para conocer una versión oficial, pero se abstuvieron de dar declaraciones y aceptar las negociaciones. 

Este proceso, como cualquiera de connotación nacional, está lleno de vericuetos jurídicos y de claros oscuros que son aprovechados por las partes. Sin embargo, al tratarse del hijo del presidente, la carga política pesa mucho más que la judicial. Una cosa es el impacto que una decisión judicial pueda tener en Nicolás Petro, en su padre, y en su núcleo familiar. Pero como estamos hablando de una negociación, cualquiera que sea el resultado, seguramente dejará una profunda inconformidad en las distintas orillas políticas. 

Hay una máxima en el derecho penal: el buen abogado no es sólo el que busca la absolución para el inocente sino el que consigue el mal menor para el culpable. La defensa de Nicolás Petro está más en lo segundo que en lo primero. Para un sector de la opinión pública, el hijo del presidente y sus abogados están en todo su derecho de usar los mecanismos que la ley disponga para beneficiar a su cliente. Para otro sector, no tiene presentación que la Fiscalía negocie y haga concesiones en un caso en el que, con chats, confesiones, testigos, audios y documentos, parecen existir elementos de sobra para condenar a Nicolás y ponerlo tras las rejas. La fiscal Luz Adriana Camargo tiene la última palabra.