Firmantes de paz: la preocupación de la Corte por los contratos de escoltas y el presupuesto de la UNP

La Corte Constitucional está preocupada: desde el año 2022 declaró que existe una grave vulneración de los derechos de los firmantes de paz y de sus familias, que enfrentan riesgos de seguridad y para hacer su proceso de reincorporación con tranquilidad. Desde entonces se han dictado varias órdenes estructurales a diversas entidades del Estado para evaluar el riesgo de estas personas, priorizar la atención en municipios con mayor afectación de violencia y poner en marcha el Programa Especializado de Protección para firmantes de paz, entre otros.

La Sala de Seguimiento a esa decisión de 2022 ha hecho múltiples audiencias al respecto y recibe constante información sobre los avances o la falta de avance de las medidas. Ahora solicitó un nuevo informe detallado a las entidades que están obligadas a garantizar la seguridad de estas personas, que se centró en las capacidades financieras de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Por eso, la UNP tiene una semana para explicarle a la Corte cuál fue su presupuesto de 2024, cuál fue el monto ejecutado y con qué presupuesto arrancó el 2025. De ahí se tiene que desglosar el presupuesto asignado a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP para 2024 y 2025 y de cuánto era el monto que inicialmente habían pedido para la entidad.

La Corte ya verificó que la UNP tiene dificultades para cumplir su tarea tanto por falta de personal como por no tener un sistema de gestión de información eficiente. La entidad le presentó a la Corte en 2023 un plan para formalizar a los contratistas que prestaban sus servicios a través de tercerización laboral y en octubre de 2024 se expidió un decreto creando la planta temporal de la entidad para vincular a 1.170 escoltas que debían estar listos para el 31 de diciembre del año pasado. No obstante, el decreto fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025.

En ese escenario, la Sala quiere saber exactamente con cuantos funcionarios y contratistas cerró el 2024 la UNP, precisando cuantos son personal administrativo y cuantos de protección y cuantos hacen parte de la subdirección de seguridad. La Corte también quiere saber cuántas personas han sido vinculadas, en el marco de ese decreto, con corte a marzo de 2025.

“En diferentes audiencias las autoridades directivas de la Unidad Nacional de Protección afirmaron su intención de formalizar más de 8.000 escoltas que prestan sus servicios de protección. A partir de lo anterior, la UNP deberá indicar si cuenta con un plan de acción detallado, con actividades específicas y plazos para la vinculación formal y permanente de los más de 8000 escoltas así como del personal administrativo que necesite para cubrir las demandas actuales de la entidad”, señaló la Corte.

Otra preocupación pasa porque el sistema de gestión de información de la entidad, es muy viejo y se pudo comprobar que personas podían acceder y modificar tanto el nivel de riesgo como las medidas de protección asignadas a beneficiarios, tanto para aumentarlas como para reducirlas, lo cual es un riesgo grave. Por eso, la Sala quiere saber si esto pasó en el caso concreto de los firmantes de paz, qué ha hecho al respecto para frenar esta situación y el nuevo programa llamado 'Ecosistema de Información' ya corrigió las fallas.

En cuanto a temas de presunta corrupción, la Corte ha tomado nota de denuncias públicas hechas sobre las contrataciones de los vehículos de protección, presuntos malos usos, transporte de sustancias ilegales, entre otros. La UNP deberá ahora enviar a la Corte un informe detallando qué ha hecho al respecto y para identificar a los responsables, así como reportar las denuncias que haya hecho ante la Fiscalía, entre otros.

Además, la Sala quiere saber si la entidad ha tenido algún inconveniente en la implementación de medidas debido a la suspensión de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

De otro lado, en mayo de 2023, el subdirector especializado de seguridad y protección encargado de la UNP señaló que para ese momento no contaban con una matriz específica para evaluar y calificar el riesgo que enfrentaban los firmantes del Acuerdo de Paz dentro su programa de protección y en 2024, la entidad dijo que ya estaba diseñando un Índice Sintético para la Medición del Riesgo (ISMR) para la valoración específica de ese nivel de riesgo. Por eso, la Corte quiere precisar si pasado un año, esa matriz ya existe o no.

Teniendo en cuenta que hay información contradictoria sobre temas como los blindajes de las camionetas y su adquisición, la Corte quiere saber cuales han sido los avances para adquirir los carros y si tiene un plan de compra para este año y cuáles serían sus características.

“¿Cuántos de los vehículos adquiridos en el año 2024 están destinados actualmente para el funcionamiento del Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección? ¿Cuál es el estado operativo actual de la flota de vehículos de protección y qué porcentaje sigue presentando fallas mecánicas o problemas de disponibilidad? ¿Se han firmado nuevos contratos con empresas rentadoras para garantizar la disponibilidad inmediata de vehículos en caso de fallas o mantenimiento? ¿Qué medidas ha implementado la UNP para mejorar la gestión del mantenimiento y reparación de los vehículos, evitando que permanezcan fuera de servicio por largos periodos?”, se preguntó la Corte.

De otro lado, lanzó una serie de preguntas sobre el estado actual de implementación de medidas colectivas de protección en cada uno de los AECTR, Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) y Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (AERC) del país y las medidas tomadas para solventar los retrasos, entre otros.

En el mismo requerimiento, la Corte le pidió a la Fiscalía que entregue un informe sobre el estado actual de las investigaciones que ha adelantado sobre hechos de corrupción denunciados la UNP, precisando en qué etapa se encuentran estos procesos y cuáles de estos procesos tienen actuaciones procesales relevantes (imputaciones, acusaciones y sentencias).