Firmantes de paz: la preocupación de la Corte por los contratos de escoltas y el presupuesto de la UNP

La Corte Constitucional está preocupada: desde el año 2022 declaró que existe una grave vulneración de los derechos de los firmantes de paz y de sus familias, que enfrentan riesgos de seguridad y para hacer su proceso de reincorporación con tranquilidad. Desde entonces se han dictado varias órdenes estructurales a diversas entidades del Estado para evaluar el riesgo de estas personas, priorizar la atención en municipios con mayor afectación de violencia y poner en marcha el Programa Especializado de Protección para firmantes de paz, entre otros.

La Sala de Seguimiento a esa decisión de 2022 ha hecho múltiples audiencias al respecto y recibe constante información sobre los avances o la falta de avance de las medidas. Ahora solicitó un nuevo informe detallado a las entidades que están obligadas a garantizar la seguridad de estas personas, que se centró en las capacidades financieras de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Por eso, la UNP tiene una semana para explicarle a la Corte cuál fue su presupuesto de 2024, cuál fue el monto ejecutado y con qué presupuesto arrancó el 2025. De ahí se tiene que desglosar el presupuesto asignado a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP para 2024 y 2025 y de cuánto era el monto que inicialmente habían pedido para la entidad.