Lo que se sabe del proyecto del Gobierno para modificar las funciones de la Procuraduría

El Ministerio de Justicia volverá a insistir con la idea de limitar el poder que tiene la Procuraduría para inhabilitar o sancionar a funcionarios que hayan sido elegidos por voto popular.

La anterior pretensión va de la mano con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del presidente Gustavo Petro. La decisión del mecanismo internacional condenó a la nación por la destitución que dictó en ese momento el procurador Alejandro Ordóñez a Petro era alcalde de Bogotá.

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Este nuevo proyecto, que aún no ha sido presentado a la rama legislativa, buscará a través de nuevo artículos quitarles a la Procuraduría y a la Contraloría competencias que hoy tienen y que, según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estarían atentando contra la participación política y los derechos de la ciudadanía. 

Uno de los argumentos en los que se sustenta el proyecto es que, debido a que las funciones tanto de la Procuraduría como de la Contraloría son administrativas, no debería tener facultades jurisdiccionales, es decir, no podría limitar derechos ni imponer sanciones como la destitución o la inhabilidad. 

Otro punto que transformaría completamente lo que hoy pueden hacer las dos instituciones, es que no podrían intervenir en procesos judiciales, sino solo cuando sea requerido por los organismos y bajo los estatutos que determine la ley de llegarse a aprobar el documento. 

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Otro punto llamativo es que, como en otros proyectos, buscaría aumentar los poderes del Ejecutivo, es decir, que buscará que el presidente de la República pueda tomar la decisión de recortar el presupuesto que reciben la Procuraduría y la Contraloría; y asimismo, podría trasladar funcionarios de estas oficinas a la rama judicial para que cumplan funciones de magistrados, jueces, fiscales, entre otros.

No es la primera vez que se intenta modificar las funciones de los organismos administrativos, incluso, varios políticos han sugerido eliminar estas figuras dentro del sistema político colombiano; sin embargo, hasta el momento, la iniciativa que proponen al Congreso modificar las funciones de la Procuraduría y la Contraloría no han superado los debates para hacerse realidad.