Mientras Petro habla de Constituyente, estas son las batallas judiciales que tiene pendientes

Luego de proponer una Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Gustavo Petro empezó a usar su cuenta en X (Twitter) para referirse a los encuentros regionales que realiza por agenda de Gobierno, como espacios de poder para ese objetivo. “Mompox tierra de patriotas. Arriba el poder constituyente”, escribió el viernes.

En otro mensaje en la red social, el presidente trinó parte de un discurso suyo e insistió: “Así se construye el poder constituyente del pueblo: Asamblea popular, diálogo, propuesta y decisión. En lo local, en lo pequeño y en lo grande”.

El debate sobre la propuesta ha generado un amplío debate nacional y un extraño consenso en la mayoría de los partidos políticos y expertos que aseguran que la propuesta es inviable.

Más aún desde que el presidente señaló que la Constituyente no sería para cambiar la Constitución sino para hacerla cumplir y, especialmente, para que se cumpla el acuerdo de paz, se garanticen condiciones mínimas para la población mayor, para hacer que el ordenamiento territorial sea alrededor del agua, entre otros asuntos que realmente no requieren de una reforma constitucional, sino de ejecución efectiva de las normas que ya existen.

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De hecho, el Gobierno de Gustavo Petro se ha ganado recientes llamados de atención de parte de la Corte Constitucional que adelanta seguimientos a sentencias que son claves como la que declaró que hay una vulneración masiva de derechos de los firmantes de la paz, cuyas vidas siguen expuestas en territorios del país; así como la sentencia que desde 2017 advierte sobre la crisis en La Guajira (que ha seguido en la actualidad), y todo lo relacionado con la crisis del sistema de salud.

Estos llamados de atención no necesariamente abarcan grandes titulares porque van a la minucia de las actuaciones administrativas de diversas entidades, que lo que reflejan es la falta de coordinación a diferentes niveles de las acciones que se necesitan. CAMBIO le explica cuáles son algunas de las batallas judiciales que enfrenta el presidente, que también pasan por el futuro de las normas que sí le ha aprobado el Congreso, especialmente su Plan de Desarrollo que está en riesgo por presuntos errores en el trámite en el Legislativo y la Reforma Tributaria que todavía tiene unos asuntos en revisión.

Paz

Hace apenas unos días, la Corte Constitucional le volvió a llamar la atención a la Unidad Nacional de Protección porque no ha podido cumplir una orden que se le dio en agosto de 2023: revisar la solicitud de protección que ha presentado de manera reiterado la Asociación Nacional de Firmantes del Acuerdo de Paz- ANFAP, para sus diferentes directivos, atenderlas, hacen estudios de riesgo sobre las personas que aún no tiene medidas de seguridad.

Especialmente, la Corte le ordenó a la UNP que ponga en marcha las medidas de protección idóneas “sin más dilaciones”, en 20 días. Pasaron siete meses y la orden no se ha cumplido, por lo que ahora se le dio apenas un plazo de un día para responder a unas preguntas que se enviaron porque la ANFP quiere buscar que se abra un desacato contra la entidad.

Llamados de atención como esos, los hace seguido la Sala de la Corte que le hace seguimiento al fallo sobre la situación de firmantes de paz, que es de mediados de 2022, y que de manera reiterada debe hacer órdenes cada vez más específicas a la UNP para que cumpla su tarea. Así, por ejemplo, en 2023 también había ordenado revisar reclamos hechos por la Cooperativa de firmantes del Acuerdo de Paz (Ecomun), la Fundación Lazos de Dignidad, la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de Mandiva Cauca, entre muchas otras que tienen reclamos similares: falta de oportunidad en la respuesta de la UNP.

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El pasado 8 de marzo, la Corte también tuvo que pedir otro tipo de informaciones al Gobierno como, por ejemplo, que haya un censo digital y actualizado de los firmantes del Acuerdo de Paz, que sirva de base para hacer un mejor trabajo en el seguimiento de su situación.

Frente a atención de víctimas también hay varias exigencias que ha hecho la Corte como, por ejemplo, exigir que se cumpla un fallo de 2021 que dictó una serie de medidas sobre los planes de vivienda para la población desplazada. Aunque algunos puntos ya se cumplieron, hay otras por las cuales el alto tribunal está pidiendo información y que tienen que ver con activar un micrositio que haga de canal de comunicación entre las autoridades administrativas y las judiciales para proteger los derechos de las víctimas en procesos de desalojos.

También se tiene que hacer un informe sobre los programas de vivienda para la población desplazada y hacer una estrategia de información y acompañamiento para las víctimas sobre el acceso a esos planes. Todas acciones que, aunque parecen ser obvias, si no se atienden debidamente podrían implicar cuellos de botella en atención a las víctimas. A esto se sumó que la semana pasada, la Corte escuchó reclamos de fallas administrativas que todavía hay para que las víctimas puedan acceder a la indemnización y sobre los procesos de restitución de tierras.

La Guajira

Para el próximo 15 de abril, la Corte Constitucional citó a una audiencia pública al Gobierno sobre la situación de La Guajira. Como se recordará, desde 2017 se declaró la existencia de una vulneración masiva de derechos de la niñez wayuu y desde entonces se han venido haciendo un seguimiento de cómo se ha avanzado o no en la materia. Fue por esta crisis que Petro declaró el Estado de Emergencia, Social y Económica, que la Corte le tumbó, porque los hechos, aunque muy graves, no son realmente nuevos, sino reiterados y debe haber medidas ordinarias para solucionarlo.

El pasado 19 de febrero, la Corte dijo específicamente que no se ha cumplido con una orden que indica que se debe garantizar la imparcialidad y la transparencia en la selección de los contratistas que tiene velas en el asunto. Dijo que no hay una ruta eficaz para que la información financiera se reporte ni un sistema de información útil para que las autoridades y entidades puedan detectar fácilmente prácticas ilegales.

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Esto es importante porque no hay forma como cruzar la información de los contratistas, tan cuestionados últimamente con el episodio de los carrotanques que están quietos y que supuestamente iban a llevar agua a la zona. También dijo que hay un “déficit en la información sobre cómo se gestiona el sistema general de participaciones, particularmente las asignaciones a resguardos indígenas y encontró que tampoco existe un sistema que monitoree la imparcialidad y transparencia en la asignación de beneficios”.

Todo este lío deberá discutirse en la audiencia con voceros de la Presidencia y otras entidades que, además, deberán crear un “protocolo que asegure que en los procesos contractuales y financieros y en la ejecución presupuestal y financiera se aplicarán buenas prácticas administrativas”.

De otro lado, la Corte mandó a hacerle arreglos al Plan de Acción Integrado y Unificado que, por ejemplo, contaba con recursos que están condicionados a que haya declaratorias de calamidad pública y de desastre, es decir que hoy no están asegurados. Por eso, se le pidió a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que resuelva la situación, entre otros detalles que, si bien son técnicos y administrativos, ponen de presente tanto el trabajo que se necesita como las fallas institucionales existentes.

La crisis de la salud

Lo mismo pasa sobre el seguimiento que hace la Corte Constitucional a la sentencia T-760 de 2008 que tiene que ver con todos los líos del sistema de salud. Solo este año se le ordenó al Gobierno a pagar todo lo adeudado a las EPS por servicios que prestaron a pacientes y no estaban cubiertos con la UPC y que se pagan con una bolsa de recursos públicos que se denomina técnicamente 'Presupuestos Máximos' (PM).

Días después, la Corte le ordenó a Minsalud que les pague a las EPS todos los recursos que se aprobaron en un ‘Acuerdo de Punto Final’, que es una norma aprobada en 2019, que señaló que se pagaría todo lo pendiente por servicios entregados hasta ese año para evitar que creciera una deuda que en ese momento era de 5,2 billones sólo en el régimen contributivo.

Y ahora, la Corte citó a una audiencia pública para el 5 de abril al Gobierno, a los organismos de control, a los voceros del sector salud, entre otros, sobre el tema del valor de la UPC.

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Según la Corte, el Gobierno no demostró que la UPC fuera suficiente en ambos regímenes y encontró que la información recolectada con base en la cual se estableció la prima del régimen subsidiado no era del todo confiable.

“Se puso en conocimiento de la Sala que la suficiencia de la UPC ha venido debilitándose con el paso del tiempo, y que para el 2023, el déficit estaría cercano a los $ 2.7 billones, tomando un gasto de administración del 5 %. Así mismo, que el indicador de siniestralidad del plan de beneficios se encuentra por encima del 100 %, lo cual, sumado a los gastos de administración en los que incurren las EPS, ha contribuido a la desfinanciación del sistema de salud”, dijo la Corte.

La información que recibió el alto tribunal duce que para 2022 y 2023, alrededor de 20 y 22 EPS, respectivamente, no contaron con los recursos suficientes para cubrir su operación y que esto derivó en que la suma de los gastos administrativos y de los costos en salud haya sido superior a los recursos recibidos por UPC más copagos y cuotas moderadoras.

Plan de Desarrollo, en juego

A esta situación de ejecución, se le suma que leyes claves para el presidente Petro están en la mira de la Corte Constitucional. Tal vez la más importante hoy es el Plan de Desarrollo pues ya el año pasado la reforma tributaria se vio duramente impactada por las decisiones del alto tribunal.

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Como ha explicado CAMBIO, hay múltiples demandas, pero hay dos específicas que piden tumbar todo el plan por vicios en el trámite que hizo en el Congreso. De hecho, ya la Procuraduría pidió tumbar más de 40 artículos que tienen que ver con diferentes temas como la creación de Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, la creación de Asociaciones de Iniciativa Público Popular entre entidades públicas y las organizaciones sociales y las comunidades étnicas para proyectos sociales, educativos, agrícolas o de infraestructura.

Entre lo que está en riesgo se encuentra igualmente el Sistema Nacional de Reforma Agraria. Y hay un duro choque entre el Gobierno y la Procuraduría sobre un artículo que flexibilizó los procedimientos que se venían ejecutando desde 2017 para la compra de tierras que hace la Agencia Nacional de Tierras para implementar la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz.

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El Plan de Desarrollo le quitó la fase judicial al proceso, por lo que la ANT puede tomar decisiones sobre un predio y registrarlo en la respectiva Oficina de Instrumentos Públicos, sin tener que acudir a un juez que haga el control judicial de esa decisión. La idea era agilizar la conformación del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral luego de tomar las decisiones sobre desline, recuperación, extinción de dominio, entre otros, bajo el argumento de que la fase judicial no ha funcionado para solucionar conflictos sobre la tierra. Los gremios y la Procuraduría se oponen.