¿Se necesita una constituyente para lo que pide Petro?: Radiografía del trino del presidente
Gustavo Petro.
Crédito: Presidencia de la República
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Aunque el presidente Gustavo Petro propuso una Asamblea Nacional Constituyente, dijo que no era para cambiar la constitución sino para que se aplique en varios puntos como el acuerdo de paz, la ordenanza de la tierra o la inversión. Sin embargo, ninguno de esos puntos requiere una reforma a la constitución. Esto es lo que existe en la materia.
Por: Redacción Cambio
El presidente Gustavo Petro anunció su interés de que en Colombia se haga una Asamblea Nacional Constituyente y luego precisó que sus intenciones no son cambiar el texto de la Constitución ni perpetuarse en el poder. En cambio, dice que el objetivo de la constituyente sería para hacer aplicar la propia Constitución.
La pregunta que surge es para qué promover una Constituyente si no se quiere modificar el texto de 1991. Según dijo el jefe de Estado en su cuenta de X (antes Twitter), el pueblo debe entrar a resolver temas claves como el cumplimiento del acuerdo de paz, garantizar el acceso en el corto plazo de agua, salud y pensión para la población más vieja, priorizar la educación y la reforma agraria, elevar la lucha contra el cambio climático a rango constitucional, garantizar que la política monetaria y reformar la justicia, entre otros.
No obstante, el cumplimiento de estos puntos no requiere una modificación de la Constitución, sino poner en marcha las leyes que ya están vigentes, así como cumplir mandatos judiciales, sentencias de la Corte Constitucional sobre buena parte de estos asuntos, que aún no se han cumplido ni por Gobiernos anteriores ni por el actual.
CAMBIO hace una radiografía de cada uno de los puntos que expuso el presidente Petro en su trino y qué existe en materia legal y qué está en discusión en el Congreso.
El cumplimiento del acuerdo de paz
Según Petro, se necesita una Constituyente para reformar el acuerdo de paz, lo cual incluye una reforma agraria, “la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida y la verdad como eje de justicia”. El presidente dijo que “El Estado incumplió el acuerdo de paz y la sociedad debe hacerlo cumplir”.
¿A quién le toca cumplir el acuerdo de paz? Al mismo Gobierno.
En el pasado, el presidente cuestionó el bajo cumplimiento del acuerdo de paz en el Gobierno de Iván Duque. De hecho, la Corte Constitucional, a finales de ese mandato, en 2022, declaró que existe una vulneración masiva de derechos de la población firmante de paz y en 2023 declaró lo mismo sobre las personas que son defensores de derechos humanos y líderes sociales.
En ambas sentencias, en términos generales, se declaró que hay múltiples fallas en el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la asignación de esquemas de seguridad y se indicó que no hay un plan de defensa ni nacional ni territorial.
Además, se señaló que no hay capacidad de coordinación entre las diferentes entidades públicas para prevenir la violencia contra esta población. El Gobierno Petro ha sido llamado varias veces a rendir informes ante la Corte sobre el cumplimiento de las órdenes dadas y hasta el momento la situación no ha cambiado.
La seguridad hace parte del acuerdo de paz, junto con la reforma rural, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, entre otros. Informes de la Defensoría y otras organizaciones han reclamado que todavía existen múltiples desafíos. En octubre de 2023, las Naciones Unidas indicaron en su último informe de seguimiento que hace falta aumentar la presencia del Estado en todos los territorios e hizo una invitación a todos los actores para implementar la reforma rural integral, diciendo que realmente no era sorpresa la demora en los primeros años de implementación.
De hecho, fue en este gobierno que finalmente se aprobaron reformas a la Constitución que crearon la Jurisdicción Agraria y que reconocieron al campesinado como sujeto de derechos, que eran dos deudas del Estado colombiano.
En ese sentido, la reglamentación que aún está pendiente de ese punto del acuerdo de paz depende de la acción de diferentes agencias del Estado como la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Igualdad, la Unidad de Víctimas, entre otros.
Es decir, las fallas en la ejecución no están relacionadas con la falta de parámetros constitucionales, pues estos ya existen, sino que obedecerían a la incapacidad institucional, que viene de Gobiernos anteriores y sigue en el actual.
Así, ¿qué podría incluirse en una Asamblea Constituyente? La misma pregunta podría hacerse sobre la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y todo lo relacionado con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos. De hecho, este mismo lunes, en una audiencia pública ante la Corte Constitucional, Orlando Burgos, vocero de la Mesa Nacional de Víctimas, aseguró que “no está funcionado el proceso de restitución de tierras”.
“Es uno de los pilares de reparación, pero después de 13 años la Ley no se ha podido cumplir”, dijo la indicar que, de más de 150.000 peticiones presentadas en fase administrativa, solo pasan unas 39.000 y luego estas se reducen en la fase judicial del caso. Burgos dijo que hasta el momento ni siquiera se ha entregado el 10 por ciento de hectáreas.
Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia
En términos generales, el presidente Petro dijo que se necesita una Constituyente para garantizar en el corto plazo el acceso al agua potable, para la atención en salud y la renta de la población más vieja. Como el jefe de Estado no hizo mayores explicaciones, en términos generales se puede indicar que este mismo Gobierno ya puso en marcha un subsidio para la población mayor de 80 años que en junio subirá a 255.000 pesos y que actualmente beneficia a 500.000 personas.
De hecho, la idea de un subsidio para 2,5 millones de personas mayores de 65 años está incluido en la reforma laboral que el Congreso viene adelantando desde el año pasado y que ha enfrentado numerosas dificultades. La aprobación de esta reforma, y no un decreto presidencial, garantizaría que esto fuera una ley. No obstante, varias preguntas pueden hacerse sobre la materia: si la idea del presidente era subir estos pilares a rango constitucional en una eventual constituyente, ¿por qué esta reforma no se planteó como una reforma constitucional sino como una ley ordinaria?
El presidente también ha hecho especial énfasis en la necesidad de reforma el sistema de salud colombiano. La iniciativa, que está virtualmente archivada en el Congreso, es un proyecto de ley ordinaria y no de ley estatutaria como debería ser, según advirtieron numerosos expertos. Tampoco se está tramitando como una reforma constitucional. La situación actual que evidencia falta de consenso para hacer cambios estructurales al actual sistema de EPS, para crear redes de servicios de salud que implican una modificación al sistema de atención, pone de presente si el Gobierno está en la capacidad de lograr consenso para plantear los cambios en una Asamblea Nacional Constituyente.
Ahora, estrictamente hablando, la Seguridad Social como un servicio público de carácter obligatorio ya hace parte de la Constitución, así como la atención de la salud y el saneamiento ambiental. La forma como esto se cumpla depende ya de la ley, así se podría aprobar un cambio de atención como el que propone el Gobierno Petro o cualquier otro, que cumpla el mandato constitucional.
Hay ejemplos de otros países que han convertido temas de servicios de salud a rango constitucional, como pasó con el aborto en Francia, que ahora es un derecho incluido en su carta política.
La pregunta nuevamente sería si para hacer modificaciones de este tipo se necesitaría de una Asamblea Constituyente o bastaría con el consenso necesario en el Congreso para poder aprobar una reforma constitucional. Y, cabe indicar, tal y como sucede ahora, la inclusión de derechos a rango constitucional por esta vía o por la vía estatutaria no garantiza su cumplimiento.
'Recuperar objetivos de la Constitución de 1991'
En su mensaje en Twitter, Petro de nuevo no hizo mayores precisiones. Según el jefe de Estado, se le han hecho reformas a la Constitución que han cambiado de alguna manera los objetivos que inicialmente se plantearon en la Constitución de 1991 y habló de la necesidad de priorizar la educación pública y la reforma agraria.
Al respecto se podría indicar que ya en la Constitución Política se indica que la educación es un derecho y un servicio público y que el año pasado se aprobó una ley que garantiza la gratuidad de la educación superior, cuyo decreto reglamentario ya se firmó. Esa ley incluye flexibilización de requisitos como estrato socioeconómico, edad, nacionalidad, así como priorización de poblaciones indígenas, Rrom, comunidades negras, afros, raizales, palenqueras y víctimas del conflicto.
En cuanto a la reforma agraria, hay varios temas en marcha. Ya se aprobó la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, que hace parte de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz. Y, de otro lado, ya se han identificado problemas históricos frente al manejo de baldíos de la Nación, asunto sobre el cual se ha ordenado en más de una vez por la Corte Constitucional que se haga un inventario completo, que se avance en el catastro multipropósito, así como del fondo de tierras para la reforma, y el plan de formalización masiva de propiedad rural, entre otros.
Sobre este punto, no se puede negar que el asunto de la tierra es uno de los problemas estructurales de Colombia, pero cabe igualmente la pregunta de si una modificación a nivel constitucional realmente ayudaría a solucionar una deuda histórica. La burocracia, la falta de catastro y de presupuesto son las fallas principales que vienen de Gobiernos anteriores y siguen sin atenderse en el Gobierno actual.
'Constitucionalizar la lucha contra el cambio climático'
A diferencia de otros puntos mencionados por el Petro, la lucha contra el cambio climático o considerar el cambio climático como un factor a tener en cuenta sobre cualquier política de desarrollo, no hace parte actualmente de la Constitución Política. Han sido decisiones judiciales las que han dado protección constitucional a ríos o ecosistemas, pero el deber de conservación de estos recursos naturales no depende de ese reconocimiento exclusivamente, sino de que los diferentes actores estatales y territoriales pongan en marcha medidas para hacerlo. En pocas palabras, una cosa es legislar y otra gobernar.
En ese sentido, por ejemplo, la Corte Constitucional está estudiando una demanda que pide que se tenga en cuenta el cambio climático como factor antes de entregar licencias ambientales. Y este tema ha sido señalado expresamente por el presidente como uno de los factores que lo llevaron a declarar el estado de emergencia en La Guajira (decreto que se cayó en la Corte). Además, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) quedaron establecidas estrategias como la política exterior para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad o la promoción de los mercados de carbono.
Según el PDN, entre las tareas del Gobierno para articular el desarrollo de los compromisos climáticos y de biodiversidad establecidos en los convenios internacionales suscritos por el país está el fortalecimiento de los diálogos con la comunidad internacional para orientar la agenda de cooperación hacia las prioridades nacionales y territoriales para la conservación de ecosistemas.
En el Plan de Desarrollo también quedó el compromiso de desarrollar el marco reglamentario para el canje de deuda pública por conservación y su estrategia de implementación. Frente a esto, el presidente ha propuesto ante las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial, entre otros espacios internacionales, su idea de cambiar acciones en pro del cambio climático a cambio de condonación de deuda.
Así, podría plantearse que elevar a rango constitucional este tema, necesitaría una reforma a la Carta Política, sin necesidad de poner en marcha una Asamblea Nacional Constituyente.
'Garantizar que la política monetaria priorice el empleo y la producción'
Uno de los debates que ha tenido durante su administración el presidente Petro con el Banco de la República es el rol de la política monetaria, es decir, las decisiones sobre las tasas de interés en relación no solo con el control de la inflación, sino también frente al empleo y el crecimiento económico.
Según la Constitución, el principal objetivo de la política monetaria es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general, que es la que propende por la estabilidad del empleo y la economía.
Desde su campaña, Petro ha asegurado que el Banco de la República "debería acatar la sentencia 481 de 1999 de la Corte Constitucional”. Dicha sentencia establece que “la finalidad del Banco no es exclusivamente luchar contra la inflación. Esa es la función básica del Banco, pero la Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos económicos pues sus decisiones deben coordinarse con la política económica general y desarrollar el contenido social del Estado colombiano”.
El empleo y la producción, o el crecimiento, sí figuran dentro de los elementos por los que propende el Banco de la República, pero la prioridad, según el mandato constitucional, es controlar la inflación. Actualmente, hay una reforma laboral en trámite en el Congreso.
Reordenamiento territorial
El mismo presidente Petro señala en su mensaje de Twitter que en este punto su idea es que se cumpla la orden que ya establece la Constitución de hacer un reordenamiento territorial.
“El ordenamiento territorial es imperativo hacerlo alrededor del agua como criterio estructurante, proponemos garantizar la región autonómica, pero con un fuerte proceso de inclusión con los territorios olvidados que compense la actual y aberrante desigualdad territorial”, indicó.
El reordenamiento territorial es hoy competencia de los concejos municipales y de las asambleas departamentales que son autónomos al respecto. La propuesta de que los planes de ordenamiento giren en torno al agua no necesariamente necesita una modificación constitucional.
Separar la política de la financiación privada
Este punto estaba incluido en la reforma política que se hundió en 2022. Ese proyecto proponía que la financiación de las campañas fuera 100 por ciento estatal.
Desde que se cayó la propuesta, el tema no se ha vuelto a presentar y el debate en el Congreso requeriría de mayorías políticas y consensos, no necesariamente de un cambio constitucional.
El punto clave de esta propuesta es la crítica que ha hecho el presidente a los congresistas que se han opuesto a sus reformas. Para Petro y los integrantes del Pacto Histórico, las posturas de los parlamentarios opositores responden a las empresas que financiaron sus campañas en 2022.
Pero también, la financiación estatal de las campañas políticas podría blindarlas de escándalos como los que han golpeado incluso al mismo Gustavo Petro. En las últimas tres elecciones presidenciales, todas las campañas han sido investigadas por la presunta entrada de dineros irregulares.
Justicia para reparar a las víctimas
Finalmente, la propuesta del presidente Petro en relación con la justicia indica que esta se ha reformado para construir un “sistema basado en la venganza”, por lo que busca un “sistema judicial hacia obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia”.
Sobre este punto se puede indicar que la Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el acuerdo de paz, está en marcha y que precisamente contiene sanciones que son principalmente restaurativas, que más que castigar con muchos años de prisión, buscan reparar el daño sufrido.
En el país también avanza el sistema de Justicia y Paz, que es un modelo de justicia transicional que ha permitido esclarecer parcialmente las relaciones del paramilitarismo con empresarios y la clase política. También se han puesto en marchas modelos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, que busca descongestionar la justicia evitando que un caso se resuelva antes de ser judicializado.
