Resumen de la audiencia contra Olmedo López y Sneyder Pinilla: así funcionó la empresa criminal en la UNGRD
25 Julio 2024 05:07 pm

Resumen de la audiencia contra Olmedo López y Sneyder Pinilla: así funcionó la empresa criminal en la UNGRD

Captura de pantalla de la audiencia de imputación de cargos.

Crédito: Foto: Colprensa

La Fiscalía dijo que Olmedo López y Sneyder Pinilla se concertaron para repartir contratos a contratistas amigos a cambio de coimas. Algunas coimas, dice la investigación, fueron ordenadas por Carlos Ramón González. Junto al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, López coordinó cómo y a quién direccionar los contratos. Los imputados se declararon inocentes de los tres hechos. Esto fue lo que pasó.

Por: Sylvia Charry

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La exposición de la fiscal del caso, Andrea Muñoz, fue magistral. Quedó claro que el ente acusador les imputó cargos a Olmedo López y Sneyder Pinilla por tres hechos distintos. El primero, por seis contratos que direccionaron para las empresas de Luis Eduardo López, El pastuso (imputado por ese hecho), por 108.200 millones de pesos. El segundo, por el pacto de ocho contratos para amigos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, por 24.238 millones de pesos, y el tercero, por el direccionamiento de siete contratos para amigos de César Manrique, director de Función Pública, por 96.000 millones de pesos. Los imputados, Olmedo López, Sneyder Pinilla y el Pastuso, se declararon inocentes porque están negociando con la Fiscalía un principio de oportunidad.

¿Quiénes dieron la orden de la repartija?

La fiscal Muñoz dijo que la empresa criminal funcionó entre mayo de 2023 y marzo de 2024 y que los integrantes de la misma no solo son Olmedo López y Sneyder Pinilla. También hicieron parte de la organización, según el ente acusador, Pedro Rodríguez Melo, el exasesor de López y quien fue el jefe de la oficina Jurídica de Camilo Romero en la Gobernación de Nariño; Luis Carlos Barreto, quien hasta el 15 de mayo fue subdirector de Conocimiento de la UNGRD; César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y otros funcionarios y particulares, como el Pastuso, quien controlaba más de 30 empresas.

En medio de ese entramado criminal, la Fiscalía identificó tres hechos, o líneas de investigación, que les imputó. La primera es la más grande, o la más desarrollada hasta el momento.

Los contratos para el Pastuso

La Fiscalía reveló que fueron seis órdenes de proveeduría por 108.000 millones las que se direccionaron a las empresas de El Pastuso y que están relacionadas con la compra de carrotanques, de carros de bomberos y de suministro de materiales. Los contratos eran para La Guajira, Chocó y Cauca. Aquí puede ver el detalle de cada uno de los contratos.

De esas seis órdenes de proveeduría, dice la Fiscalía, se pagó la de la adquisición de los 40 carrotanques para La Guajira, por 46.800 millones de pesos, que se adjudicó a Impoamericana Roger SAS. De allí, salieron los sobornos a políticos.


La coima del contrato de carrotanques

La coima que se pagó por el contrato de los carrotanques, según la Fiscalía, fue de 6.300 millones de pesos y se distribuyó así: 1.000 millones para Pedro Rodríguez, exasesor de Olmedo López y 5.342 para Sneyder Pinilla, quien repartió los dineros en varias manos y en distintos momentos.

Explicó la funcionaria judicial que, en enero de 2024, Pinilla tuvo que pagar 4.276 millones de pesos a una persona que permanece en el anonimato y que fue el que prestó en octubre los dineros en efectivo que se pagaron en coimas y que, por ello, cobró el 2,6 por ciento de intereses. 

Las coimas que Pinilla pagó en octubre fueron: 3.000 para el expresidente del Senado, Iván Name, a través de la consejera presidencial, Sandra Ortiz; 1.000 para el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle; 724 millones de pesos para Olmedo López, y 342 millones de pesos para él mismo. Según la delegada del ente acusador, esas coimas se pagaron por instrucción del entonces director del Dapre y hoy director Nacional de Inteligencia.

“Se pagaron conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González, quien era el director del Dapre”, señaló la fiscal.

Después del pago de los carrotanques y del pago de las coimas, el contratista Luis Eduardo López se benefició de 7.821 millones de pesos producto del contrato ilícito. En total, los sobrecostos del contrato de los carrotanques superan los 14.000 millones de pesos.

Los contratos que le interesaban al ministro de Hacienda

La Fiscalía dio un dato clave: Olmedo López coordinó con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su asesora, María Alejandra Benavides, el direccionamiento de contratos para Cotorra, Córdoba; Salado, Bolívar, y Saravena, Arauca. Aquí está la nota completa sobre los señalamientos a Bonilla.

“Olmedo López coordinó con Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para Cotorra, Bolívar y Saravena, en los cuales estaban interesados los congresistas de la Comisión de Crédito Público del Congreso”, dijo la fiscal.

Sobre el tema, Sneyder Pinilla ha dicho en la Fiscalía que la orden que le dieron fue gestionar unos contratos para las regiones con urgencia porque de eso dependía que la Comisión de Crédito Público del Congreso aprobara los créditos que el gobierno iba a pedir antes de que terminara el periodo legislativo.

En este punto, los parlamentarios involucrados son Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde), Wadith Alberto Manzur (Partido Conservador) y Karen Astrith Manrique Olarte (curul de paz), integraron esta célula. 

Los contratos para los amigos de Olmedo y Sneyder

El hecho número dos que les imputó la Fiscalía a los dos exdirectivos de la UNGRD tiene que ver con el direccionamiento de ocho órdenes de proveeduría para sus amigos.

Dice el ente acusador que en febrero de este año expidieron órdenes de proveeduría relacionadas con la adquisición de carrotanques para Córdoba, Sucre y Bolívar, con sus respectivos contratos de interventoría, las cuales fueron adjudicadas a Maquisabana Rental, representada por Marilyn Dayana Mena Prada y a Proyecta ING, representada por Nelson Raúl Triana Cárdenas.

Las ocho órdenes de proveeduría suman 24.238 millones de pesos. 

“Ese interés indebido fue porque Olmedo acordó con Sneyder que, a cambio de entrega de dineros, se direccionara a empresas manejadas por sus amigos, Nelson Raúl Triana Triana y Marilyn Dayana Mena Prada”, dijo la fiscal Muñoz.

Sobre esos contratos, dice la investigación, Sneyder Pinilla estableció con Olmedo López una coima futura a esas dos empresas que eran de sus amigos para que, a cambio de contratos, les dieran una tajada, aprovechando la cercanía.

Los contratos que involucran al director de Función Pública

El tercer hecho que les imputó la Fiscalía a López y Pinilla tiene que ver con el direccionamiento de siete contratos a amigos de Luis Carlos Barreto, exsubdirector de Conocimiento de la UNGRD y de César Augusto Manrique, director de Función Pública y quien, según el ente acusador, sería el jefe político de Barreto. Este último habría pactado entregarle a López el 7 por ciento del valor de cada uno de los contratos como una coima.

Fuentes consultadas por CAMBIO advirtieron que Barreto llegó al cargo por recomendación de César Augusto Manrique, actual director de Función Pública, exmiembro del M-19 y viejo conocido del presidente Gustavo Petro en Zipaquirá. Nació en Fusagasugá y ahí dio sus primeros pasos en la política. Allí conoció a Luis Carlos Barreto, quien fue contratista y funcionario de la alcaldía.

La fiscal Muñoz dijo que los hechos ocurrieron en Bogotá, entre septiembre 2013 y  febrero 2024, en la UNGRD. Allí, López y Pinilla, Luis Carlos Barreto y funcionarios de otras entidades, como César Augusto Manrique, director de Función Pública, se interesaron de forma indebida en siete contratos que suman más de 96.000 millones de pesos a contratistas amigos de Barreto y Manrique.

Uno de esos contratos fue revelado por CAMBIO hace uno días y tiene que ver con 40 carrotanques que adquirió la UNGRD, por 29.000 millones de pesos, con la empresa Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Integral-Yapurutu, representada legalmente por el expolítico conservador Édgar Echeverri Toro. La situación de todos los carrotanques es la misma: se contrataron con sobrecostos, están parqueados sin funcionar y no tienen pólizas. Aquí puede ver la historia completa.

Los otros seis contratos están relacionados con plantas desalinizadoras, pozos subterráneos para La Guajira y los distintos contratos de interventoría. En esta nota puede ver el detalle de cada uno de los contratos.

En esa línea de investigación, explicó la fiscal Muñoz, Olmedo López gestionó con Luis Carlos Barreto y César Augusto Manrique, el traslado de 100.000 millones de pesos que hacían parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la UNGRD, a través de un convenio, que permitiría la suscripción de los contratos ilícitos. Por la suscripción de cada uno de los contratos se pagaría una coima del 7 por ciento a Olmedo López y a Sneyder Pinilla. Mientras que Barreto y Manrique manejarían los contratos y contratistas.

“Usted, señor Olmedo, acordó con Manrique, jefe político de Barreto, el traslado de los 100.000 millones de pesos para la UNGRD. Acordó (Olmedo) con Manrique el pago de una coima del 7 por ciento de cada uno de los contratos que iría para usted, Sneyder y las personas que intervinieran en los contratos”, dijo la fiscal.

La fiscal fue enfática en decir que Olmedo López acordó con Manrique y Barreto, que ellos determinarían contratistas y precios de contratos. 

Por esos hechos, la Fiscalía les imputó cargos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y a Luis Eduardo López Rosero, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado. Todos se declararon inocentes porque, advirtieron, están negociando con la Fiscalía. La audiencia siguiente es la de medida de aseguramiento, que se realizará el próximo 7 de agosto.

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