De acuerdo con el artículo 187 de la Constitución, el salario de los congresistas se debe ajustar cada año en proporción a los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores públicos.
Crédito: Fotoilustración: Yamit Mariño.
Los caminos para bajar el salario de los congresistas: la prima de servicios y los gastos de representación
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El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, presentará un proyecto de acto legislativo con el que le apostará a reducir el salario de los congresistas. Sin embargo, la iniciativa se ha caído más de diez veces en el pasado, siempre con argumentos relacionados con “los derechos adquiridos”. ¿Por qué es tan difícil que el Congreso apruebe un proyecto que busca bajar el sueldo de senadores y representantes?
Por: Claudia M. Quintero
La idea de reducir el salario de los congresistas, que está por encima de los 40 millones de pesos y equivale a 33 salarios mínimos en el país (1.423.500 pesos), ha estado en el debate público en los últimos años. Pero varios parlamentarios han llevado esa iniciativa al Congreso en más de 10 ocasiones y siempre se ha hundido. ¿La razón? Se argumenta una posible inconstitucionalidad por los efectos que podría tener sobre los derechos adquiridos de los trabajadores.
Sin embargo, en los primeros días de este 2025, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, anunció que presentará un proyecto de acto legislativo que le apueste a reducir ese salario que reciben los congresistas y que es completamente distante de lo que ganan los trabajadores promedio en el país.
¿Cómo se divide el salario de los congresistas?
Los salarios de los congresistas se ajustan cada año y, para 2024, hubo un incremento de 10,88 por ciento. Con eso, la cifra quedó en 48.142.473 pesos. Ese ingreso está divido en tres rubros, que para 2024 quedaron de la siguiente manera:
- Asignación básica: 11.640.415 pesos
- Gastos de representación: 20.694.077 pesos
- Prima de servicios: 15.807.993 pesos
Como se puede ver, el mayor ingreso ni siquiera es el salario base, sino que corresponde a los gastos de representación, que son recursos que reciben para el ejercicio de sus funciones. Es decir, con eso se busca cubrir lo que los congresistas gastan al prestar sus servicios. Pero esos recursos no están sujetos a un informe en el que los parlamentarios argumenten en qué emplearon ese dinero o si, en efecto, lo utilizaron para el ejercicio de sus funciones.
Además, el segundo rubro más alto corresponde a la prima especial de servicios. Según el decreto 2170 de 2023, equivale a “las primas de salud y de localización y vivienda” que están establecidas en la Ley 4 de 1992, que es la que fija el régimen salarial de los congresistas, los funcionarios públicos, la fuerza pública y los trabajadores oficiales.
Los caminos para bajar el salario: los gastos de representación y la prima de servicios
La misma Ley 4 de 1992 establece que en ningún caso se podrán desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los congresistas, pero no se habla de los gastos de representación y de las primas adicionales. Y son justo esos caminos los que se han intentado modificar.
De acuerdo con el senador Iván Cepeda, la idea de este nuevo intento es presentar un acto legislativo que modifique el artículo 187 de la Constitución y establezca que la definición del salario de los congresistas tenga una lógica completamente distinta a la de los demás funcionarios de las ramas del poder. Eso, para que al modificar los rubros que reciben los legisladores no se afecten los de los otros funcionarios.
Además, para el senador, la reducción debe estar en alguna de las primas que tienen. Y, aunque no hay un texto definitivo, los abogados constitucionalistas mencionan que esas primas adicionales y los gastos de representación sí se pueden reducir.
“Los congresistas tienen una prima adicional al salario y esa sí se puede suprimir hacia el futuro. Cuando la Corte Constitucional estudió el tema, manifestó que el Gobierno no estaba obligado a conceder la prima cada año. (…) Por ley también se puede modificar el rubro de los gastos de representación. Sin embargo, sí hay que respetar lo previsto en el artículo 187 de la Constitución”, enfatizó José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional.
De hecho, algunos de los proyectos que se han presentado en el pasado le han apostado a reducir esos gastos de representación. Por ejemplo, en agosto de 2022 se presentó un articulado que pretendía sujetar dichos gastos a la presentación de un informe mensual en el que los congresistas acreditaran la asistencia presencial a las sesiones.
“Para el reconocimiento individual de los gastos de representación se deberá acreditar la asistencia presencial a las sesiones y en ningún caso podrán superar el 60 por ciento del sueldo básico vigente al momento de la promulgación de la presente ley”, se lee en el articulado que se hundió en el pasado.
Es decir, como esos gastos de representación corresponden a un giro para el cumplimiento de las funciones en las sesiones en el Capitolio, pues la idea es que los congresistas acrediten su asistencia.
Además, el proyecto buscaba que ese rubro no superase el 60 por ciento del salario base de los congresistas. Es decir, si el salario base para 2024 es de 11.640.415 pesos, los gastos de representación no podrían ser superiores a 6.984.249 pesos. Algo completamente diferente a lo que ocurre ahora, porque los gastos de representación son casi el doble: 20.694.077 pesos.
¿Por qué es tan difícil que se apruebe un proyecto para bajar el sueldo de los congresistas?
Algunos sectores en el Congreso argumentan distintas razones. Por un lado, la discusión sobre los efectos que una iniciativa de este tipo pudiese tener sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. Pero, además, está la discusión de que no se puede legislar en causa propia.
Adicionalmente, está una posible relación entre el salario de los congresistas y otros funcionarios de las ramas del poder público, porque, como lo establece el artículo 187, ese salario se reajusta en proporción a los cambios en la remuneración de los servidores de la administración central.
Frente a esas críticas, el senador Iván Cepeda aseguró que no se pueble hablar de una inconstitucionalidad.
De acuerdo con él, “porque lo que se quiere con el proyecto es reformar la Constitución. Es un acto legislativo que tendría por propósito fijar el salario del congresista de una manera distinta a como está actualmente previsto en el artículo 187. Se trata de que la escala salarial del poder legislativo tiene una lógica propia y se desliga de la escala de los altos funcionarios de las otras ramas”.
Hasta ahora no se ha presentado el articulado, pero, según Cepeda, ya tiene el apoyo de más de 27 congresistas del Pacto Histórico, el Partido Alianza Verde, el Partido de La U y Comunes, entre otros.
Lo cierto es que muchos de esos argumentos seguramente se van a seguir manteniendo en el Congreso y habrá que ver si este intento —después de más de 10 veces— es el vencido.
