
La deforestación reciente en Colombia ha estado marcada por una serie de alianzas de distintos sectores, políticos, económicos, armados y sociales, que ven en los bosques un enorme pastel, barato y disponible para el más fuerte. Las tierras públicas, tan débilmente protegidas o “manejadas” por el Estado, son una oportunidad enorme para el acaparamiento, el lavado de activos, la ampliación de la frontera agropecuaria, las economías ilícitas, la movilización de población vulnerable, la politiquería, la instalación de ejércitos irregulares, entre otros fenómenos. Es decir, deforestar, colonizar e invertir allí, es un enorme negocio.
Cuando pienso en la Amazonia y me pregunto cuál fue el preludio de este gran teatro, me acuerdo lo que sucedió años atrás, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Por arte de magia, los técnicos del DNP nos enseñaban que ahora la Orinoquia llegaba hasta el Vaupés, y misteriosamente la Amazonia se reducía a los tres departamentos del suroeste. Las expectativas de las llamadas “locomotoras del desarrollo”, como la minería e hidrocarburos, así como la ampliación de la frontera agropecuaria, y con ella la infraestructura vial, habían llegado a su clímax. En un complejo rompecabezas, desde las Sabanas de la Fuga, hasta el occidente de La Macarena, y de allí bajando al Yari, todo ese complejo de sabanas y terrazas del río Guayabero estaban siendo evaluadas para la constitución de las llamadas Zidres (Zonas). La carreta Marginal de la Selva, planteada bajo el paraguas de “Vías para la Paz”, le daba trazos claros al proyecto de integración a la frontera agropecuaria de todo este gran territorio.

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