Bastante preocupación hay por estos días al interior de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) por la decisiones que estaría tomando su nuevo director, el señor Giovani Yule.
Esta entidad, creada en 2011 en el marco de la aprobación y posterior aplicación de la Ley de Víctimas, tiene una misión muy importante para el país y es saldar la deuda histórica del Estado para restituir y formalizar la tierra a las víctimas del despojo y abandono forzoso, con ocasión del conflicto armado en Colombia.
Sin embargo, a lo largo de estos once años es muy poco lo que se ha hecho. Aunque hasta los entes de control han advertido por la ineficiencia de la URT en los procesos para reparar a las víctimas, los avances son menores y no ha habido quien se eche al hombro con seriedad y prontitud esta tarea que debe resolver urgente el Estado.
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