Crimen sin castigo, JEP y Palacio de Justicia

En lo que tiene que ver con el caso del Palacio de Justicia, la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) refleja, una vez más, tal como lo he planteado ya en otros artículos, simplemente el continuum de impunidad; un eslabón más de la cadena de estrategias para fortalecer, no la paz ni la justicia sino, por el contrario, la violencia en el país.

Y esto no lo digo desde una postura emocional y subjetiva sino con base en hechos reales y claros. Es por ello que siento la necesidad y la responsabilidad de escribir recurrentemente sobre lo que hace —o mejor, deja de hacer— la JEP, en lo concerniente a garantizar el derecho de las víctimas de aquella masacre, a justicia y verdad.

Me refiero aquí, una vez más, al caso del general (r) Arias Cabrales, comandante de la operación de “retoma” del Palacio de Justicia en 1985. Aquella supuesta retoma cuyo plan central consistió en atacar al enemigo, pero también, con sevicia inenarrable, a los civiles que debía rescatar. En realidad, la retoma buscaba —tal como se constata en las comunicaciones entre militares, grabadas durante la operación— arrasar con todo: los archivos, los espacios, las pruebas y, por supuesto, los testigos; porque lo que muchos no saben es que dentro de ese edificio había centenares de actas que comprometían a los militares con su proceder criminal (torturas, desapariciones, ejecuciones y otras violaciones a los derechos humanos).