Expulsiones caprichosas

“Un peligro para la seguridad nacional”. Esa es la razón que utilizó el expresidente Iván Duque en diciembre de 2018 para expulsar del país al venezolano Carlos Manuel Pinto, esposo de la hoy senadora por el Pacto Histórico Gloria Flórez. Cuatro años antes, el gobierno de Juan Manuel Santos usó el mismo argumento para sacar de Colombia al también venezolano Loren Saleh. El primero de izquierda, el segundo de derecha. Pero los dos expulsados injustamente por motivos ideológicos, por dos gobiernos opuestos, que similarmente instrumentalizaron la supuesta discrecionalidad de la autoridad migratoria para cumplir un capricho.

El modus operandi fue el mismo: los dos fueron arrestados por la Policía Nacional, sin avisarles el motivo de la privación de su libertad, ni a dónde iban a ser trasladados. Lo peor de todo: no existía una orden de captura de un juez. Fueron enviados por vía aérea desde Bogotá hasta Cúcuta, de manera sospechosamente apresurada, en donde fueron entregados a las autoridades venezolanas en el puente fronterizo Simón Bolívar.

El desenlace también fue parecido. El nuevo gobierno de Gustavo Petro revocó el acto administrativo de la administración de Duque, que expulsó a Pino del país, permitiéndole regresar a donde su familia colombiana. Así como también el gobierno de Iván Duque recibió al joven Lorent Saleh, expulsado por diez años por el gobierno de Santos, en el palacio de San Carlos en febrero de 2019. Aunque es importante aclarar que después de la expulsión, este último duró preso en Venezuela por más de tres años sin un juicio y fue sometido a tratos crueles e inhumanos causando afectaciones graves a su salud física y mental.