
Hace tan solo unas pocas semanas el presidente Iván Duque inauguró el segundo parque eólico que se erige en el país, sin embargo, siguiendo un extendido síndrome adánico, este fue presentado ante el público como el primero que se instala en Colombia en los últimos 17 años. Este parque, situado cerca al Cabo de la Vela, aún no podrá transportar energía al resto del país porque faltan obras indispensables para ello como su propia subestación eléctrica, y hay retrasos considerables en el licenciamiento de las líneas de transmisión.
En la alocución presidencial se destacó con muchos aspavientos el apoyo brindado al proyecto por las comunidades indígenas de la zona. No obstante, tan solo unas horas antes se desmontaron, mediante promesas de inclusión, los bloqueos en las vías de acceso al flamante parque realizados por varias comunidades que se quejaron de haber sido excluidas de los procesos de consulta y de habérseles negado el reconocimiento a sus derechos territoriales.
Si bien el desarrollo de la energía eólica trae muchos beneficios ambientales y permitirá al país tener una matriz energética más limpia, también plantea varios desafíos, en particular para la biodiversidad y las comunidades locales que en este caso corresponden a asentamientos indígenas wayuu. Las áreas en donde se levantarán 16 parques más en los próximos tres años, como lo anunció el presidente, no son baldíos nacionales sino resguardos indígenas protegidos constitucionalmente. El desarrollo de la energía eólica implica una variedad de cuestiones socioeconómicas y culturales que deben abordarse con cuidado. No se trata, como se evidencia en la actitud de los distintos funcionarios, de medir el impacto de los indígenas sobre los proyectos eólicos sino el de estos sobre las comunidades indígenas y sus territorios.
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