El saldo en rojo que deja la SAE en el fondo de los bienes quitados a la mafia

El informe oficial de empalme, elaborado por la propia SAE y publicado en el repositorio del DNP para la entrega del Gobierno 2022-2026, revela que el Frisco acumuló pérdidas netas por 1,88 billones de pesos en cuatro años y cerró 2025 con un patrimonio negativo de 936.650 millones. Sin embargo, el documento no explica cómo el fondo que administra los bienes quitados al crimen organizado terminó con más pasivos que activos.

La Sociedad de Activos Especiales administra uno de los patrimonios más grandes, diversos y difíciles de vigilar del Estado colombiano. Casas, apartamentos, fincas, extensiones de tierra, locales comerciales, vehículos, aeronaves, embarcaciones, joyas, ganado, sociedades, acciones y dinero incautados al narcotráfico, al crimen organizado y a responsables de corrupción conforman un fondo que al cierre de 2025 reportaba activos por 5,23 billones de pesos. Su historia a través del tiempo ha estado marcada por la opacidad y los cuestionamientos. La SAE recibió los bienes de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes, cerrada después del escándalo por el manejo irregular y la desaparición de activos decomisados, y posteriormente ha enfrentado denuncias e investigaciones por inventarios incompletos, bienes sin ubicación conocida, sistemas de información vulnerables, concentración de los activos más rentables en manos de particulares y fallas en la vigilancia de sus administradores. En 2022, la Procuraduría llegó a advertir que ni siquiera existía certeza sobre el número y el estado de todos los bienes administrados por la entidad

En pocos días el Gobierno entrante conocerá la situación en la que quedan las entidades públicas después de cuatro años de la administración Petro. En varias existen denuncias, investigaciones y alertas sobre contratos, deudas y recursos públicos. Una de las más sensibles es la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La entidad administra el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), una cuenta especial en la que se gestionan bienes con medidas cautelares o declarados en extinción de dominio. Se trata de inmuebles, sociedades, dinero, vehículos y otros activos que pertenecieron a narcotraficantes, estructuras criminales y personas investigadas por graves delitos.

Esa procedencia ha contribuido a que estos bienes parezcan no tener dolientes. Sus antiguos propietarios perdieron legitimidad para reclamarlos. Sus verdaderos beneficiarios están dispersos entre víctimas, comunidades, entidades públicas y programas sociales. Además, persiste la sospecha de que algunos de esos antiguos propietarios continúan administrando, mediante depositarios de dudosa idoneidad, los bienes que les fueron decomisados.

Esta columna consultó el informe de empalme de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) correspondiente al periodo 2022-2026, con corte al 30 de junio de 2026. El documento, elaborado por la propia entidad, tiene como propósito presentar el estado de su gestión y transferir a la administración entrante información y asuntos prioritarios. Las cifras y advertencias analizadas fueron consignadas por la administración saliente en su informe oficial de empalme; las inconsistencias señaladas surgen de la comparación interna de esos datos.

En los últimos meses se ha publicado sobre la diferencia entre los bienes reportados por las antiguas FARC y los que recibió la SAE, el riesgo que enfrentan miles de inmuebles por la posible cancelación de medidas cautelares y la compra de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras sin que se hubiera perfeccionado su escrituración.

Sin embargo, el informe contiene un capítulo que no ha tenido la misma exposición pública y que resulta preocupante, con letras mayúsculas: la situación financiera del Frisco.

Según el documento, el fondo perdió 282.497 millones en 2022, 204.092 millones en 2023, 281.704 millones en 2024 y 1,11 billones en 2025. Las pérdidas netas acumuladas durante esos cuatro años alcanzaron los 1,88 billones de pesos.

El deterioro se aceleró durante 2025. El Frisco recibió ingresos operacionales por 1,32 billones, mientras sus gastos operacionales llegaron a 2,4 billones y sus costos de venta y operación fueron de 270.456 millones. El resultado operacional fue una pérdida de 1,35 billones. Después de incorporar 236.500 millones en ingresos extraordinarios, el resultado neto quedó en una pérdida de 1,11 billones.

Al cierre de ese año, el FRISCO reportó activos por 5,23 billones y pasivos por 6,17 billones. Su patrimonio terminó en -936.650 millones.

La situación continuaba en mayo de 2026. Los pasivos superaban los 6 billones de pesos y el patrimonio permanecía negativo en 819.095 millones. Durante los primeros cinco meses del año, la operación produjo otra pérdida de 553.346 millones. Un ingreso extraordinario de 674.726 millones permitió presentar un resultado neto positivo de $21.380 millones.

El alcance fiscal de estas cifras deberá establecerlo una auditoría. La obligación de explicarlas existe desde ahora. El informe de empalme presenta los resultados, pero no desarrolla las causas del crecimiento de los gastos, la composición de los pasivos ni los hechos que llevaron al Frisco a perder más de un billón de pesos durante una sola vigencia.

La situación adquiere mayor relevancia al revisar la auditoría financiera de la Contraloría correspondiente a 2025. El organismo de control emitió una opinión contable negativa sobre los estados financieros del Frisco.

El informe de empalme también contiene una inconsistencia de 431.653 millones. Para 2024 registra activos por 4,05 billones y pasivos por 3,87 billones. La diferencia arroja un patrimonio de 183.273 millones, pero la tabla consigna 614.926 millones, exactamente la misma cifra reportada para 2022. Puede tratarse de un error de transcripción. Su magnitud exige una corrección y una explicación en el documento destinado a entregar las cuentas de un fondo que administra recursos billonarios.

Las alertas continúan en los asuntos que la SAE deja pendientes. El Contrato 063 de 2025, suscrito con Activos por Colombia S.A.S. para administrar, promocionar y aprovechar inmuebles, no alcanzó las proyecciones previstas. La Vicepresidencia Operativa exigió reiteradamente planes de mejora para aumentar los contratos de arrendamiento. Sin embargo, el informe no revela las metas, el nivel de cumplimiento, los ingresos que dejaron de recibirse ni las medidas adoptadas frente al contratista. La admisión resulta relevante porque el contrato ya había sido cuestionado públicamente.

La SAE también reconoce dificultades para entregar bienes al Fondo para la Reparación de las Víctimas. Aunque reporta transferencias por 13.620 millones de pesos, advierte que el fondo se ha abstenido de recibir activos improductivos porque no tiene presupuesto para asumir sus pasivos. Esta situación ha impedido cumplir de manera plena y oportuna algunas órdenes judiciales de Justicia y Paz. El informe no precisa cuántos bienes están represados, cuánto valen, qué deudas tienen ni desde cuándo esperan ser entregados.

El documento también menciona préstamos a una entidad educativa administrada por la SAE que, después de varios intentos de reactivación, fue declarada inviable y entró en liquidación. No identifica la institución ni informa cuánto dinero recibió, quién autorizó los desembolsos, qué garantías se exigieron o cuánto podría recuperarse.

Tampoco se conoce la exposición económica de los 3.546 procesos judiciales que enfrenta la entidad: 1.677 acciones constitucionales, 1.134 procesos civiles, 452 contencioso-administrativos y 283 laborales. El informe no incluye el valor de las pretensiones, las provisiones contables ni los casos de mayor riesgo.

La administración entrante deberá exigir los anexos financieros, contractuales, judiciales y de inventarios que se mencionan. También tendrá que explicar las pérdidas del Frisco, corregir la inconsistencia patrimonial de 2024, identificar los préstamos otorgados a la entidad educativa y establecer qué ocurre con los bienes que aún no han llegado a las víctimas.

El país también deberá conocer el papel de una cuestionada abogada que, al parecer, ejercía el verdadero poder dentro de la entidad. Se tendrá que esclarecer cómo varios amigos de su hijo, vinculados laboralmente a una sociedad con la que ella ha mantenido una estrecha relación, terminaron ocupando cargos clave en la SAE. Se trata de una entidad cuyos recursos deberían beneficiar a todos los colombianos y no, como a veces ocurre, a unos cuantos enchufados.
Los bienes que el Estado les quita a las mafias tienen dolientes. Cada peso perdido afecta a las víctimas, la justicia, los programas sociales y todos los colombianos. El país merece saber cómo el fondo terminó con las cifras en rojo que hoy se publican.