El caso de las niñas nukak makú

Los abusos contra niñas del pueblo nukak makú se han perpetrado durante varios años en el marco de una continua y estimulante impunidad. Basta con recordar un solo caso ocurrido en 2019 en una vereda cercana a San José del Guaviare. Una menor indígena fue secuestrada por dos soldados durante seis días y ocultada en el Batallón de Infantería No. 19 situado en la propia capital de ese departamento. Allí fue sometida a continuos vejámenes y violaciones hasta que milagrosamente pudo escapar. Ni las autoridades civiles competentes ni las militares castigaron el hecho a pesar de su público conocimiento. Dicha impunidad es en la práctica una invitación a repetir estos actos aberrantes.

En días pasados el periodista Gerardo Reyes reveló que tales abusos sexuales continúan abiertamente en un sector de venta de bebidas alcohólicas de San José del Guaviare. En esta área urbana las menores son prostituidas a cambio de drogas o de alimentos. Los casos denunciados alcanzan la alarmante frecuencia de cuatro por semana. Militares colombianos y al menos un militar norteamericano estarían involucrados en estos sistemáticos abusos sexuales contra las menores indígenas.

La explicación de los funcionarios civiles y policiales actúa como la tinta que expele un calamar para oscurecer el agua y huir de sus depredadores. Que la situación desborda la capacidad de los gobernantes, dice alguien. Que el bóxer utilizado como droga es un pegante cuya venta no se puede limitar, afirma otro. Al final, un misionero cristiano revela dramáticamente el lacerante origen de la horrenda situación. La culpa es de los propios indígenas y sus incivilizadas prácticas culturales. La Policía asiente complacida con la elemental explicación. La culpa es de las víctimas concluyen todos y hasta algunos periodistas nacionales aumentan el coro que emite este juicio.