En defensa de la Corte

Es grave y preocupante la reacción que han tenido ciertos funcionarios del gobierno en relación con algunas de las recientes decisiones de la Corte Constitucional. Después de conocer el sentido de los fallos que declararon inexequibles los decretos de la emergencia económica y social en la Guajira y la prohibición de deducir las regalías del impuesto de renta por parte de las empresas petroleras y mineras, algunos de estos funcionarios, junto con distintos seguidores del gobierno, han acusado a la Corte de estar cooptada por ciertos intereses económicos y por las elites corruptas. Algunos, como el presidente de la Sociedad de Activos Especiales –SAE, han ido aún más lejos al señalar que estas decisiones se pasaron por la faja la democracia y, por tanto, la voluntad del pueblo. Pareciera, por este tipo de mensajes, que entienden que una democracia es solo el gobierno de las mayorías. Un gobierno que no tiene límites distintos a la voluntad popular. Un gobierno que puede hacer lo que quiera, si así el pueblo lo determina. Un gobierno que puede ir en contra de las minorías, si las mayorías lo consideran pertinente. Un gobierno que, con tal de lograr llevar a cabo su proyecto político, tiene la legitimidad de saltarse la Constitución y la ley.

No es nada claro que el proyecto político de este gobierno esté en efecto apoyado por una abrumadora mayoría popular. De hecho, las encuestas sobre la popularidad del presidente y los resultados de las elecciones regionales muestran todo lo contrario: desgaste y desaprobación. Pero asumamos que la realidad paralela en la que viven esos críticos es cierta, y que el gobierno tiene altos índices de aprobación y un apoyo popular abrumador. Aún en ese caso, hay que recordarles a los contradictores de la Corte que esa noción de democracia, en la cual la voluntad de las mayorías no está sujeta a ningún tipo de límites, no solo fracasó sino que puede autodestruirse. Varios regímenes democráticos, como ocurrió por ejemplo en Venezuela, pasaron a ser autoritarios por la incapacidad de las instituciones de poner límites a esa excesiva popularidad. Ese no es el único riesgo. Una tiranía mayoritaria puede pisotear a las minorías y violar masivamente sus derechos. La historia nos ha enseñado que, por más impopular que sea, limitar a las mayorías es un requisito fundamental para tener una democracia sólida y sana.

Justamente para evitar los errores del pasado, es que las democracias constitucionales contemporáneas han diseñado cortes que restrinjan de manera real el poder de las otras ramas y protejan los derechos de las minorías. Colombia no fue la excepción, la Constitución de 1991 creó un tribunal para esos propósitos: la Corte Constitucional.