
Como el arzobispo en la novela de Rojas Herazo, dos novedades impositivas llegan este noviembre. La primera se refiere a la entrada en vigor del impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, tributo que fue aprobado en la última reforma y cuya constitucionalidad ha sido refrendada por la Corte. La segunda novedad está relacionada con la decisión que debe tomar el Gobierno sobre si continua o no con el alza de los precios a los combustibles.
Ambas tienen una enorme incidencia sobre las finanzas públicas. Según información divulgada, los impuestos saludables generarán $2,6 billones de nuevos recaudos en 2024; $3,8 billones en 2025; y llegarían a $4,1 billones en 2026. Es decir, estamos frente a un impuesto que no sólo debe ser útil para la salud de los colombianos sino que tendrá un efecto recaudatorio no menospreciable.
Las voces de alerta de las asociaciones de tenderos no son carentes de razón pero estamos frente a un hecho cumplido, pues fue el mismo Gobierno el que introdujo este impuesto en la última reforma tributaria. Según la cámara de alimentos de la Andi el nuevo tributo a los alimentos ultraprocesados afecta a cerca de 44.925 industrias que producen este tipo de alimentos.
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