
Democratizar la construcción de vías terciarias en Colombia e impulsar la economía popular es una excelente noticia, sino fuera porque somos un país con una larga historia en corrupción y porque muchas de las cosas y proyectos comunales los hemos hecho mal.
Muchas preocupaciones han surgido a raíz del anuncio del Gobierno de abrir unas convocatorias a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), con el fin de invertir cerca de 8 billones de pesos en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de 33.000 kilómetros de vías terciarias, contratándolas directamente con las Juntas de Acción Comunal (JAC). Y es que estarían en riesgo los recursos y también habría una clara violación de la ley.
Lo primero y más grave, como lo han advertido varios expertos del sector de infraestructura en el país, es que se estaría dejando en manos de personal no idóneo la ejecución de las obras, que por mandato legal deben ser realizadas por ingenieros y personas especializadas en este tipo de proyectos.
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