
El presidente Petro durante la campaña se comprometió bajo juramento que se abstendría de aplicar la expropiación en cualquiera de sus formas o modalidades. Ese compromiso, sin duda, tuvo el efecto de que muchos ciudadanos que sentían la necesidad del cambio, pero que temían que el entonces candidato, al llegar a la Casa de Nariño afectara el derecho a la propiedad privada y a la actividad empresarial, decidieran finalmente depositar su voto por el Pacto Histórico. En la Notaría 17 del Círculo de Bogotá reposa un documento juramentado que entre otras cosas dice:
“Dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de todos los colombianos no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. NO expropiaré. NO voy a expropiar nada ni a nadie. Invito al resto de los candidatos presidenciales que juren que NO expropiarán. Y que no expropiarán con acciones ni con omisiones”.
Ese compromiso empieza a resquebrajarse en muchos frentes de la actividad privada, sin duda por acción -como es el caso de la ministra de Agricultura que acudirá a ese instrumento- pero ante todo por omisión. El Gobierno se ha dedicado a una estrategia de no cumplir con sus obligaciones financieras y contractuales con muchas empresas, llevándolas al borde de la quiebra. De seguir así, caerán en manos del Gobierno por colapso de sus ingresos y su imposibilidad de cumplir con sus obligaciones. Se trata de una ingeniosa modalidad, expropiación por inanición.
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