La inseguridad democrática

La política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha ido demostrando ser una farsa. Una macabra puesta en escena para engañar a la opinión pública y ocultar el hecho de que los generales del Ejército estaban traicionando sus deberes constitucionales, mientras mataban civiles para presentarlos como guerrilleros.

Esto se puede asegurar con el conocimiento que da la distancia y el paso del tiempo. Pero, en especial, gracias a la investigación y a las pruebas aportadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en su macrocaso 03. La JEP ha investigado los asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente por parte de agentes del Estado entre 2002 y 2003 en el oriente antioqueño. Ese lugar donde Uribe más ha sacado pecho de los resultados de su política de seguridad.

Por eso vamos a lo que pasó en la mañana del pasado miércoles 30 de agosto, cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, imputó al general en retiro Mario Montoya Uribe a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad, por al menos 130 asesinatos extrajudiciales o falsos positivos. Todo ello cuando se desempeñó como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín.